La Justicia no ve salida al retraso de más de dos años de la sentencia por la muerte de seis mineros en León

Más de dos años después de terminar el juicio por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio del Valle de la Hullera Vasco-Leonesa en el año 2013 en el que fue el penúltimo accidente grave de la minería del carbón, antes del de Cerredo en Asturias de este pasado 3 de abril, sigue sin haber sentencia y la propia nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la leonesa Ana del Ser, ha tenido que reconocer ante sus familiares que la Justicia no encuentran salida a esta anómala situación.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, trasladó hoy a las familias de los seis mineros de la Hullera Vasco Leonesa muertos en un accidente en 2021 su “tristeza por no tener en las manos una solución”, ante la baja prolongada de la jueza del caso que lleva ya más de dos años en espera de resolución judicial, según un teletipo de la Agencia ICAL.

“La verdad es que hay situaciones muy complicadas”, lamentó la nueva presidenta del TSJCyL desde febrero de este año (que fue nombrada justo dos años después de que comenzara el juicio de La Vasco), que echó balones fuera asegurando que “el legislador debería ser quien solventara el tema”, ya que “existe derecho al juez predeterminado por la ley y es importante que el juez no se cambie, pero en ocasiones se producen situaciones extrañas donde la solución es realmente muy complicada, porque se podría vulnerar ese juez preestablecido con una decisión de cambio”.

Consciente de que “con el juicio celebrado y según dispone la ley” es “muy difícil” encontrar una solución, Del Ser insistió en que “a lo mejor el legislador podría prever que en estas situaciones de baja prolongada del juez se pudiera tomar algún otro tipo de medida”.

Casi 12 años después del accidente mortal

El 28 de octubre de 2013, una fuga de grisú en el tajo acabó con la vida de seis mineros: Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, todos ellos con edades comprendidas entre los 35 y los 45 años. El trágico suceso dejó además a otros ocho trabajadores heridos de diversa gravedad. Más de una década después, la Justicia aún no ha determinado si este accidente pudo haberse evitado.

En abril de 2021, se programó el inicio de un juicio extremadamente complejo, con 16 acusados y 80 testigos. Sin embargo, la vista apenas duró una mañana, ya que las defensas descubrieron que sus clientes contaban con seguros de responsabilidad civil que podrían hacerse cargo de indemnizaciones en caso de condena, lo que motivó que el caso regresara a la fase de instrucción.

Dos años más tarde, ya con un retraso fuera de lo común, el lunes 6 de febrero de 2023, el Juzgado de lo Penal número 2 de León acogió la primera sesión de un juicio que se extendió durante dos meses, con jornadas maratonianas de declaraciones que llegaron a durar hasta doce horas. El 28 de octubre de 2023 se cumplió una década desde el accidente, y aunque el juicio finalizó a principios de febrero de 2024, aún no se conoce el veredicto de la magistrada.

“Hemos oído que (la jueza) está de baja y sigue de baja”, contaba en febrero de 2024 tras el primer año de espera por la sentencia Manuel Moure, padre de una de las víctimas con el que compartía sangre minera, nombre y apellido. “No sabemos si el plazo máximo para la sentencia es un año desde que empezó el juicio o desde que terminó, pero a nosotros no nos han notificado por el momento nada”, subrayaba entoncees.

Entre resignación y una honda amargura traslada a ILEÓN que “así es la Justicia en este país para los pobres. No tenemos más alternativa que esperar”, con el temor de que esté siendo tan larga porque la jueza tenga “miedo”. “Ya se sabe que los Del Valle son gente poderosa, con un pasado franquista”, recuerda para que a nadie se le olvide.

El último accidente mortal en la minería española se produjo a primeros de abril en Asturias en la mina de Zarréu. Una explosión de grisú en el caso de la explotación de Cerredo en Degaña –que no tenía los permisos de extracción de carbón sino de de investigación y retirada de material en el tercer piso, en el que se produjo el accidente mortal– se cobró también la vida de cinco mineros de Laciana y El Bierzo. Una terrible situación que ya vivieron hace casi una docena de años los familiares de los seis del Pozo Emilio de la Hullera Vasco-Leonesa entre Llombera y Santa Lucía de Gordón (municipio de La Pola de Gordín), que continúa sin resolución judicial y sin visos de que pueda redactarse antes de pasar tres años. Ya en esta situación de retraso los acusados podrían arguir “indefensión”, con lo que se les podría rebajar las penas a la mitad y así evitar el que pudieran entrar en la cárcel.