La familia del asesinado en la discoteca Mitika de Vitoria pide al Ayuntamiento que sancione a las empresas encargadas

La familia del joven de 31 años que falleció el pasado febrero tras ser golpeado fuertemente en la entrada de la discoteca Mitika de Vitoria por un controlador de accesos con antecedentes penales ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria en un escrito dirigido a la alcaldesa Maider Etxebarria que se sancione a la empresa propietaria del local y a la encargada de llevar a cabo la contratación del personal. “Tras el asesinato perpetrado por uno de los trabajadores del servicio de admisión presumiblemente con distintos grados de complicidad del resto, se hace imperiosa la necesidad de aplicar las sanciones previstas en la ley para la comisión de infracciones muy graves. Desde la familia consideramos que las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos y tener en cuenta tanto la reiteración de las infracciones como la complicidad del establecimiento recreativo Mitika y de la empresa de servicios Le Basque Services, por haber tolerado y amparado conductas de extrema gravedad”, recoge el escrito enviado por la familia al Ayuntamiento, que también ha sido enviado al Parlamento Vasco para que esté al tanto de la petición.
El escrito de la familia recoge que según el artículo 55 de sanciones por comisión de infracciones muy graves de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, las infracciones muy graves pueden ser sancionadas con una multa de 30.001 a 150.000 euros, con la suspensión o prohibición de la actividad desde uno hasta tres años, con la cláusula y precinto del local desde uno hasta tres años, con la revocación de la autorización o licencia, con la inhabilitación desde seis meses hasta un año y seis meses o con el decomiso de los bienes relacionados con la actividad por un periodo de entre seis meses y un día y doce meses.
“Ambas empresas eran conocedoras del comportamiento de estos empleados y del uso de un espacio sin cobertura de cámaras de seguridad para llevar a cabo las agresiones sin que adoptaran medida correctora alguna al respecto. La gravedad de lo ocurrido deriva de la ausencia de un control efectivo sobre los empleados encargados de la seguridad, incurriendo así en una actitud de tolerancia, o incluso de amparo explícito, frente a acusaciones que vulneran gravemente la normativa vigente”, denuncia la familia.
El acusado de la muerte del joven, que cuenta con antecedentes penales, fue ingresado en prisión y a día de hoy sigue en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio. Tras el suceso la discoteca Mitika cerró sus puertas en señal del “absoluto respeto y mientras avanza la investigación”, aunque se espera que “reabra en septiembre”, según adelanta la Cadena Ser y durante este tiempo la sala ha sido alquilada para eventos privados. “Desde Sala Mítika queremos expresar nuestro más profundo dolor y consternación por el trágico suceso ocurrido. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido y brindando toda la ayuda posible en este difícil momento. En señal de absoluto respeto y mientras se avanza en la investigación, hemos decidido que nuestra sala permanezca cerrada. Agradecemos sinceramente la comprensión”, explicó la discoteca en un comunicado hecho público tres días después del suceso.
El pasado mayo EH Bildu cerró con PNV, PSE-EE y Sumar un acuerdo en el Parlamento Vasco que demanda medidas para “reforzar” la prevención de comportamientos “violentos o discriminatorios” por parte del personal de seguridad de los locales de ocio nocturno. Se trata de una iniciativa registrada tras el fallecimiento del joven y después de que sus padres escribieran una carta a la Cámara considerado que ese “asesinato” respondía a una “negligencia” de las instituciones.
En la carta, remitida a los grupos políticos del Parlamento la familia confiesa sentirse “profundamente” afectada por lo sucedido. “Nuestro hijo fue asesinado por un controlador de acceso en un establecimiento cuya seguridad recaía bajo responsabilidad municipal. Queremos expresar nuestro firme deseo de que tragedias como la que ha marcado nuestras vidas no se repitan y de que se adopten medidas institucionales para identificar y corregir los errores que hemos detectado”, detalla el escrito.
Según defiende la familia, la muerte del joven “no fue un accidente” porque “entre quienes tenían contacto directo con la vida nocturna de Gasteiz era bien sabido que en la discoteca Mitika los problemas no los generaban los clientes, sino sus controladores de acceso, quienes mostraban un patrón de violencia gratuita e indiscriminada, dentro de una dinámica instalada y tolerada”. Agregan que es algo que “se repite en más locales” de la capital vasca, algo que no es “razonable aceptar”.
Explican que al menos la Policía de Vitoria era “consciente del riesgo” y desde 2024 porque “una instructora advirtió por escrito a sus superiores -hasta tres escalas jerárquicas por encima- del peligro que suponía el agresor” y de la “ilegalidad” del lugar donde hacía los controles, un punto ciego para las cámaras y con “iluminación deficiente”. “Esa ubicación era escogida deliberadamente para ejercer violencia con mayor impunidad”, abundan. Esa agente “solicitó ayuda” pero “sus advertencias no fueron atendidas”. Señalan que el Ayuntamiento les ha ofrecido explicaciones “contradictorias” y que, en cualquier caso, no hizo lo que debía, lo que les lleva a concluir que “este asesinato fue facilitado por una cadena de negligencias institucionales”.
“El Ayuntamiento [una coalición de PSE-EE y PNV] no puede escudarse en tecnicismos para eludir su responsabilidad” porque “la normativa estatal, autonómica y local otorga a los municipios competencias claras en materia de inspección y prevención. Nuestro hijo merece justicia y la ciudadanía garantías firmes de no repetición”, sostienen. En el caso del Gobierno vasco, desean que el Parlamento legisle e impulse “las reformas necesarias” para lograr “herramientas eficaces” para combatir estos “riesgos conocidos” en el ocio nocturno. “Si la interpretación de las leyes genera dudas, creemos que ha llegado el momento de clarificarlas y reforzarlas”, solicitan en el escrito enviado al Parlamento Vasco.
La resolución del acuerdo al que se llegó en el Parlamento Vasco el pasado mayo, y en cuya votación PP y Vox se abstuvieron, insta al Gobierno vasco a continuar con la elaboración e implementación de un plan de acción “con el fin de garantizar el cumplimiento normativo por parte de los servicios de admisión y seguridad privada en los locales de ocio nocturno”. Además, se pide a Ertzaintza y cuerpos locales que se coordinen para “reforzar la prevención de actos delictivos en el ocio nocturno”.
0