El PSOE pide dimisión del director de Función Pública de Castilla y León por sospechas de amaño de oposiciones

El grupo parlamentario Socialista ha pedido el cese del Director General de Función Pública de la Junta de Castilla y León, Francisco Raedo Aparicio, por su responsabilidad, por acción u omisión, en un presunto amaño de las oposiciones para auxiliares administrativos, que ha sido objeto de denuncias ante la Fiscalía. La Fiscalía de Burgos ha abierto diligencias de investigación preprocesales por un posible amaño en el examen de la oposición al cuerpo auxiliar administrativo de la Junta de Castilla y León.
El procurador del PSOE por Burgos Luis Briones ha denunciado este martes en rueda de prensa la falta de respuesta del gobierno autonómico ante posibles irregularidades en las pruebas celebradas el pasado 7 de junio en varias provincias de la comunidad y ha reclamado la comparecencia del consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, en las Cortes para aclarar lo que “puede ser un grave escándalo”.
Incluso ha adelantado la intención del PSOE de personarse como acusación ante los tribunales de Justicia, de confirmarse las denuncias de falsedad documental, trato de favor y tráfico de influencias.
El caso fue denunciado primero en Burgos, donde hubo una denuncia de un opositor y la Fiscalía fue muy rápida en actuar por tres posibles delitos: falsedad documental, trato de favor y tráfico de influencias.
A Luis Briones le parece sospechoso que, en lugar de los funcionarios habituales encargados de vigilar los exámenes, se designase a personas concretas para esa tarea, lo que a su juicio “arroja dudas sobre las garantías de limpieza del proceso de selección”.
El procurador socialista ha sostenido que hay que investigar si se ha vulnerado la cadena de custodia y exige saber si se corresponde el examen filtrado con alguno o varios de los opositores.
Ha insistido en que la Junta de Castilla y León sabía lo que pasó desde el día 7, pero no dijo nada hasta que se conoció a través de la Fiscalía. Briones ha advertido de que se puede estar perjudicando a miles de opositores que se presentaban a las 380 plazas en concurso, y ha sostenido la Junta debe acreditar la limpieza de las pruebas, que podrían ser impugnadas.
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