22 municipios de Bizkaia arrancan el verano con una huelga que puede complicar el correcto abastecimiento de agua

Un total de 22 municipios de Bizkaia que suman unos 150.000 habitantes inician la temporada de verano, justo en un momento en el que muchos de esos lugares duplican la población, con una huelga indefinida de los trabajadores que se ocupan de solucionar las posibles incidencias en el abastecimiento de aguas. La plantilla de FCC Aqualia Loiu está subcontratada por el Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia para realizar estás labores de solucionar las incidencias en el abastecimiento de aguas para los municipios de Uribe Kosta, Txorierri y Mungialdea.
En concreto, dan servicio a las poblaciones de Bakio, Barrika, Berango, Derio, Erandio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Gorliz, Larrabetzu, Laukiz, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Maruri-Jatabe, Morga, Mungia, Plentzia, Sondika, Sopela, y Urduliz. Son municipios en los que, mientras no se solucione el conflicto, se atenderán sólo cuestiones urgentes y con servicios mínimos, que se traducirán en dos trabajadores para atender las posibles incidencias. Los trabajadores exigen la equiparación de sus condiciones laborales con el resto de las subcontratas que dan servicio en Bizkaia y que se rigen por el convenio de la Construcción de este territorio, mientras que ellos lo hacen por el convenio estatal del ciclo del agua, con importantes diferencias salariales. “Mismo trabajo, mismas condiciones”, reclaman.
Los trabajadores, representados por el sindicato LAB, llevan muchas jornadas manifestándose ante la sede del Consorcio de Aguas en Bilbao, en un intento de que les reciba y medie en el conflicto en el que llevan meses enfrentados con la dirección de su empresa, FCC Aqualia Loiu. La huelga indefinida que iniciaron este 1 de julio ha estado precedida de un mes de huelga durante junio sin que hayan conseguido avances.
El contrato para estos trabajos se dividió en tres lotes con los que se cubre el servicio para todo Bizkaia. Los trabajadores de los otros dos lotes se rigen por el convenio de la Construcción de de este territorio, mientras que los 17 integrantes de la plantilla de FCC Aqualia Loiu rigen sus condiciones laborales por el convenio estatal, lo que les supone una brecha en el salario que puede suponer “en el salario base de hasta 10.000 euros anuales pero, también, más diferencias en otras condiciones, como pluses”.

Por eso, exigen a su empresa, que haya una equiparación salarial, y al Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, que antes de que entre en vigor el nuevo contrato, en agosto de 2026, se exija que las condiciones laborales se rijan por el por Convenio de la Construcción para todos los lotes y que se pague lo mismo por el mimo trabajo. “Aqualia decía al principio que si el consorcio no ponía dinero no había posibilidades, pero sabemos que el dinero no es el problema. El dinero está, otra cosa es que las empresas tiren los precios para llevarse el contrato y que quienes acaben pagándolo sean los trabajadores”, denuncian.
La huelga supondrá se atenderán urgencias con unos servicios equiparables a un fin de semana, es decir, dos personas para 22 municipios. “Sólo se saldrá si la gente no tiene agua. Por agua turbia o bajada de presión, por ejemplo, no se acudirá”, dicen. No obstante, los trabajadores han presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque “el trabajo que se ha obligado a hacer al personal que cubre los servicios mínimos hasta ahora durante la huelga hasta ahora es el del día a día”. “Entendemos que se está vulnerando el derecho a la huelga”, señalan.
Los trabajadores han presentado mociones en algunos ayuntamientos afectados para solicitar el apoyo desde la política municipal. Por su parte, fuentes del Consorcio de Bilbao-Bizkaia consultadas por elDiario.es/Euskadi han mostrado su “inquietud en relación con el conflicto,” y han esperado que “se llegue a una pronta solución”. Sin embargo, han recordado que el Consorcio de Aguas “en su condición de poder adjudicador es ajeno respecto de la relación laboral que vincula al contratista con sus trabajadores, y en cuyo seno se ha originado el conflicto laboral, manteniendo únicamente una relación jurídica con la empresa contratista a los efectos de la prestación objeto del contrato”. En este sentido, han señalado que “de acuerdo con la legislación en materia de contratación pública los poderes adjudicadores tienen vedada la posibilidad de intervenir en las relaciones laborales entre las empresas contratistas y su personal”.
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