El Gobierno vasco informa de cinco adjudicaciones por valor de 189 millones en las que ha participado Acciona

El Gobierno vasco ha informado al Parlamento de adjudicaciones por valor de 189,34 millones de euros con diferentes UTE en las que ha formado parte Acciona, la mayor contratista de entre las investigadas en la presunta red de corrupción en torno a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Son cinco contratos desde 2021 y en cuatro Acciona comparece con las locales Iza y Altuna y en el quinto expediente aparecen Sacyr, Bycam y de nuevo Altuna. Todos ellos corresponden a la sociedad pública Euskal Trenbide Sarea (ETS), el administrador de infraestructuras ferroviarias de Euskadi.

Estos datos son los primeros que ofrece el Ejecutivo de Imanol Pradales sobre las contrataciones con empresas relacionadas con la causa especial abierta en el Tribunal Supremo. El PP ha registrado en la Cámara varias iniciativas pidiendo detalles sobre las entidades mencionadas en los informes de la UCO de la Guardia Civil, que actúa como Policía judicial. El propio Pradales, además, comprometió una auditoría “exhaustiva” de adjudicaciones entre 2015 y 2025 con empresas relacionadas con esta trama.

Sin embargo, este martes la consejera-portavoz, María Ubarretxena, insistió ante los medios de comunicación en que los primeros peinados no habían detectado ninguna relación con las empresas del caso. A la luz de este informe enviado por la parte del PSE-EE del Gobierno, en concreto por la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, fuentes de la parte del PNV del Ejecutivo explican que con ese comentario Ubarretxena se refería exclusivamente a empresas como Servinabar 2000 y otras relacionadas con Antxon Alonso, no a una gran contratista como Acciona.

La información facilitada por García Chueca matiza que Acciona ha participado en cinco adjudicaciones en seis años “de un total de casi 300 contratos de obra civil desde 2019”. Agrega también que son expedientes “verificados” y que “se han ajustado escrupulosamente y con el debido rigor a los principios generales que rigen el marco legal bajo el que se configura la contratación pública, garantizando la libertad de acceso a las licitaciones, la publicidad y transparencia de los procedimientos, la no discriminación e igualdad de trato entre licitadores y el aseguramiento de la eficiente utilización de los fondos públicos destinados a la realización de las obras objeto de contratación”.

La consejera socialista afirma también que ha tenido acceso al informe de la UCO y remarca que allí “no consta ni se relaciona contrato o adjudicación pública alguna referente a la Administración pública vasca”. Ni la Guardia Civil, ni la Fiscalía ni ningún juzgado ha realizado requerimiento de documentación alguno al Gobierno vasco, reseña el informe enviado al Parlamento. Eso sí, durante esta causa y por mandato judicial la Policía actuante ha realizado registros y arrestos en la comunidad autónoma.

Según estos datos, los contratos con Acciona son el tramo Miraconcha-Easo II del metro de Donostialdea (79,07 millones) en 2021, una ampliación de esa adjudicación en 2023 (11,53 millones), el ascensor de San Roke en 2023 (2,61 millones), el tramo Aperribai-Galdakao de la línea 5 del metro de Bilbao en 2023 (95,16 millones) y una obra de prolongación de impulsiones en Easo-Urbieta (0,95 millones). El Gobierno recalca que los expedientes completos son públicos y ofrece enlaces de consulta.