La Junta de Castilla y León asegura que cumple con la “ley de PSOE y Vox” al crear una segunda televisión autonómica

La Junta de Castilla y León está a la espera de que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la nueva de Ley de Publicidad Institucional que las Cortes autonómicas aprobaron la semana pasada para comenzar su aplicación. Según ha afirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, el Ejecutivo autonómico cumplirá con la normativa “acordada por PSOE y Vox” mediante la creación de una segunda cadena de televisión autonómica.

De esta forma, como ha defendido el consejero, cumple con el apartado de un nuevo concurso para una nueva concesión de televisión autonómica. Esta sería la fórmula del Ejecutivo autonómico para que la nueva normativa afecte a RTVCyL con una posible disolución. De momento, no han trasladado al Ministerio de Transformación Digital la petición de crear un nuevo espacio radioeléctrico para la Comunidad a expensas de que se publique en el BOCyL la ley, algo que se hará en pocos días, según ha apostillado el portavoz.

Según Carriedo, la ley pide que la Junta saque una nueva licencia de televisión y “nosotros aplicamos la ley”. “PSOE y Vox han acordado sacar esta nueva licencia de televisión y que se disponga de este nuevo servicio y, por tanto, el porqué ahora hay que preguntárselo a los que aprueban la Ley”, ha apuntado parar pedir a la oposición que estén “tranquilos” por el cumplimiento de la misma

El portavoz de la Junta respondía así a las críticas de la oposición por la decisión de renovar la licencia de RTVCyL de forma automática. PSOE, Vox, Podemos y el procurador Francisco Igea han tildado de “maniobra” y “treta” la medida. La ley aprobada por estas formaciones y contra el criterio del PP instaba a la Junta a convocar un nuevo concurso público para la licencia de televisión en un plazo de tres meses. La Junta ha respondido con un concurso se haga para la licencia que en supuestamente está libre en la Comunidad y no para la que posee RTVCyL, que ha sido renovada de forma automática.

El tercer canal, o lo que es lo mismo, una segunda televisión autonómica, tiene que ser validada por el Ministerio de Función Pública y Transformación Digital, quien tendrá que decidir si en el ámbito autonómico está libre ese espacio radioeléctrico de emisión. Además, se consultará al Consejo Consultivo para “garantizar condiciones de igualdad y transparencia”, como apuntó la semana pasada Carriedo.

Para justificar la renovación de otros 15 años de la licencia a RTVCyL, que fue publicada el viernes de la semana pasada, Carriedo ha defendido que se basan en la normativa estatal, superior de rango a la autonómica. Según ha desglosado el portavoz, esta norma “habla de una renovación automática”.

Además, según el texto, ha apostillado Carriedo, “la empresa que tiene la licencia en vigor podrá en el plazo de seis meses antes de la caducidad solicitar esa renovación automática”, de ahí que haya trasladado la renovación antes del mes de septiembre, en el que concluye, y tan solo dos días después de que las Cortes aprobasen la nueva ley, aun sin publicar.

Planteada una necesidad de una segunda televisión y un gasto similar a los cerca de 24 millones al año de RTVCyL, Carriedo ha defendido el servicio de cohesión territorial que dan las dos cadenas autonómicas, La 7 y La 8, propiedad de las empresas Edigrup y Promecal. El portavoz ha alegado que, pesar de unos datos de baja audiencia, “el servicio que hacen con un coste reducido y dando una televisión que es de mucha calidad y que hay muchos ciudadanos que deciden verla”.

El portavoz ha defendido que es una “televisión de calidad y también cercana al territorio”, además de dar “una información local que sería difícilmente accesible por otros medios”. La Junta de Castilla y León aprobó hace dos semanas la concesión directa de una subvención de 24,5 millones para 2025 y 23,5 para 2026, según se votó en la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre. Esta subvención todavía no ha sido publicada en el BOCyL.

La Junta descarta un Proyecto de Ley para reemplazar la norma

Por el momento, la Junta de Castilla y León no se plantea presentar su propio proyecto de Ley para cambiar la norma autonómica de Publicidad Institucional. Los motivos: la falta de apoyo parlamentario al estar el PP gobernando con minoría parlamentaria frente “a la alianza de PSOE y Vox para controlar a los medios” y la dilatación de los plazos que llegarían a “diciembre del año que viene”.

“Se puede intentar, pero los plazos son los que son y la realidad numérica de las Cortes es la que es. Va a perjudicar a los medios, pero tenemos que aplicarla. Entiendo perfectamente a los periodistas y medios que se ven perjudicados pero la responsabilidad es de quienes las han aprobado”, ha agregado.

El también consejero de Economía y Hacienda ha negado la posibilidad de crear un ente pública, ya que sería más cara que el modelo actual. Carriedo ha indicado que su “misión” no es “controlar a los medios”, una “visión distinta a la de PSOE, Vox y Podemos”.

Carriedo ha recordado que han pedido un informe al Consejo Consultivo para que aclare posibles contradicciones en el texto y que aspectos como el límite del 33% de la facturación de los medios podría dar lugar a colisiones con otras normas.