La Justicia rechaza la recusación de la jueza que aborda el desahucio de las exmonjas de Belorado

La vista oral en el procedimiento civil iniciado por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como Comisionado Pontificio, para el desahucio de las exreligiosas clarisas del monasterio de Belorado, tras su renuncia a la Iglesia Católica y su excomunión, se volverá a señalar, una vez rechazada la petición de recusación de la jueza del Juzgado de Briviesca.

El abogado de las religiosas, Florentino Alaez, ha insistido este viernes, tras la sesión a puerta cerrada para resolver esta petición, en que le hubiera parecido “conveniente” que prosperara la recusación, porque la jueza ha intervenido en otros procedimientos relacionados con este asunto, por lo que tiene el mismo conocimiento que si hubiera instruido unas diligencias previas, lo que la invalidaría para el juicio oral.

Sin embargo, el portavoz del Comisionado Pontificio, Natxo de Gamón, ha explicado que el magistrado de la Audiencia provincial de Burgos que ha tomado la decisión, Mauricio Muñoz, ha estimado que el juzgado de Briviesca es mixto y por eso tiene que conocer de causas civiles y penales.

Las partes tendrán que esperar ahora a un nuevo señalamiento, que podría no demorarse demasiado, dado que la vista oral ya estaba fijada para el pasado 13 de junio, aunque se suspendió por la petición de recusación de la jueza.

Alaez ha recordado que la misma jueza tiene que intervenir en otra demanda civil y dos procedimientos penales, para los que también ha pedido su recusación.

Los procedimientos penales son consecuencia de una denuncia contra la ex abadesa del monasterio por la supuesta venta de oro sin autorización para ello y la imputación del arzobispo y comisionado pontificio por coacciones, administración desleal y revelación de secretos.

El abogado de las exreligiosas ha asegurado que en este asunto están dispuestos a recurrir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no consiguen antes una sentencia favorable.

Considera que están en juego derechos fundamentales como la libertad religiosa, de asociación, la igualdad ante la ley y la intimidad personal. “No darnos la razón entraría en contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha asegurado.