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La Junta de Castilla y León achaca a un defecto de forma el rechazo de la Justicia al reglamento de la carrera docente

La consejera de Educación, Rocío Lucas

EFE

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La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha atribuido a un defecto formal la anulación, el pasado mayo por parte del TSJ de Castilla y León, del decreto del reglamento de la carrera profesional docente no universitaria en la comunidad autónoma, ha explicado este viernes en el parlamento autonómico.

El reglamento obliga a elegir al profesorado entre el complemento de formación permanente (sexenios) y la carrera funcionarial, una circunstancia criticada por los sindicatos educativos y grupos parlamentarios de oposición, pero que no ha pesado en la decisión del TSJ.

Impacto de género

La anulación, a instancias del sindicato UGT, obedece a un “defecto de forma” que la consejera ha centrado en la ausencia del preceptivo “informe de impacto de género”, es decir “única y exclusivamente por un trámite formal en el procedimiento que se está subsanando”, ha añadido Lucas durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Educación a propuesta del Grupo Socialista.

La consejera ha precisado que ese informe se hizo de una forma superficial convencidos de que el impacto nada tenía que ver con una disposición que atañe a todos los docentes “sin afectar a estereotipos de género”, por lo que el TSJ “no ha entrado en el fondo (del decreto) ni lo ha desautorizado como se ha querido ver”.

La obligación de elegir entre sexenios y carrera se explica en que este último modelo ya incluye el pago de formación (por sexenios) y que, por lo tanto, “no se puede retribuir dos veces por la misma cuestión”.

La decisión judicial, acatada y en fase de subsanación dentro del periodo de dos meses establecido para ello, “no impacta en el modelo de carrera”, ha resumido Lucas antes de recomendar a los grupos de oposición la lectura de la sentencia para evitar “tergiversaciones interesadas” por razones políticas y “alarmismos innecesarios”.

Ciberataque

Aunque no estaba incluido en el orden del día, el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Pablos, ha dedicado buena parte de su intervención a pedir cuentas sobre el ciberataque sufrido el pasado 31 de mayo por el sistema de información de la Consejería de Educación, con datos sensibles de personal, alumnado y familias.

Pablos ha acusado a la Junta de poner “en riesgo la ”seguridad digital“ de Castilla y León debido a la falta de ”decisiones políticas“ al no aplicar el plan nacional de seguridad para estos casos, ha añadido con las conclusiones emitidas el pasado junio por el Colegio de Ingenieros en Informática de Castilla y León.

“Es algo muy grave y se debe informar”, ha insistido en la misma línea que lo ha hecho la portavoz de VOX, María Luisa Calvo, quien ha reprochado a Rocío Lucas que en un principio hubiera “negado en sede parlamentaria” un ataque con “más de un millón de afectados”. “Solo semanas después reconoció los hechos”, sin informar durante días de lo ocurrido con el riesgo de robos de datos y sin que los usuarios pudieran adoptar medidas de prevención, ha lamentado.

La consejera no ha querido entrar a valorar, responder o analizar nada relacionado con el ciberataque debido a que no figuraba en el orden del día de esta comisión extraordinaria de Educación, que ha aprovechado para criticar el “relativo interés” de la oposición por las cuestiones que sí constaban entre los asuntos por tratar.

Críticas de Soria ¡YA!

Las críticas más duras han partido del portavoz de Soria ¡YA!, Juan Antonio Palomar, quien se ha referido a los docentes de Castilla y León como “uno de los mejores cuerpos pero peor retribuidos”, y criticado la obligación de elegir entre sexenios y carrera profesional, algo que no ocurre en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, ha puesto como ejemplos.

“No es aceptable que la Junta siga a la defensiva y trate a los docentes como un coste económico y no como piezas clave” del sistema educativo , del progreso y futuro de la comunidad autónoma.

Palomar ha rechazado que la anulación del decreto por parte del TSJ se deba a una cuestión de forma, como ha dicho la consejera, y que obedece a lo que considera una “profunda desatención de los derechos de los profesores y a su falta de voluntad para la aplicación de un modelo justo y homologable”.

Por todo ello, Soria ¡YA! ha instado a la consejera a la apertura inmediata de un proceso de negociación para el cumplimiento de la sentencia, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la dignidad profesional.

Alarma “injustificada”

El único apoyo a la consejera ha llegado desde el Grupo Popular y de su portavoz, Carmen Sánchez, quien ha criticado la “alarma injustificada” generada por la oposición “desde la ignorancia o la mala fe”.

“Han preferido desinformar pese a conocer el contenido de una sentencia que sólsoloige subsanar un trámite (informe de impacto de género) que ya se está haciendo”, ha explicado.

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