El portavoz de la Junta de Castilla y León, sobre la propuesta de deportación de Vox: “Tenemos el mismo derecho que si te apellidas Smith, De Meer o Frings”

La Junta de Castilla y León ha negado que en la comunidad se pueda dar un suceso como lo vivido en Torre Pacheco. Para el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), en toda la autonomía existe un “buen clima” de convivencia entre toda la población.
En Castilla y León, según el portavoz, no miran el apellido de “nadie” y “cualquier persona es bienvenida”. “Yo me apellido Fernández, tenemos el mismo derecho que si te apellidas Smith —por Javier Ortega Smith— , De Meer —por Rocío de Meer— o Frings —segundo apellido del exvicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo—. No quiero quitar derecho a nadie en función de cómo se apellide porque todos los españoles somos iguales ante la ley”, ha señalado Carriedo.
El portavoz de la Junta respondía así a la propuesta de Vox por la deportación de migrantes “ilegales” o legales, pero que “hayan convertido el delito en su forma de vida o hayan manifestado incapacidad manifiesta para integrarse”, como aseguró la portavoz en el Congreso, Pepa Millán. Esta propuesta de deportación, Vox también la hizo extensible a los hijos de migrantes, ya nacidos en España, como indicó la diputada de Vox, Rocío de Meer.
La Junta de Castilla y León hace estas declaraciones un día después de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, también recurriese al discurso de Vox que intenta juntar en el mismo concepto a migrantes legales, irregulares y ya nacidos en España. “Tenemos más de seis millones de migrantes censados, más los irregulares más los hijos de migrantes”, afirmó durante un curso de verano organizado por la universidad CEU San Pablo en El Escorial, en Madrid.
Carriedo: “Hay dirigentes con apellidos extranjeros y no por eso se les pone ningún límite”
Para Carriedo, la postura en inmigración está lejos de los “extremos”. “Hay que huir de los extremos, de quienes, por un lado, quieren deportar y de quienes por otro no piensan en una inmigración ordenada y regulada”, ha apostillado para defender que “hay dirigentes con apellidos extranjeros y no por eso se les pone ningún límite” —en referencia a líderes de Vox—.
Eso sí, como ya defendiera el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), tras el acuerdo con Vox en 2022, el modelo de Castilla y León pasa por “una inmigración ordenada, regulada, que venga a integrarse y a trabajar”.
Carriedo ha defendido la importación de las personas migrantes en el tejido productivo de la comunidad y ha reflexionado sobre que si estas personas dejan de trabajar harían colapsar el funcionamiento de sectores como la construcción, el turismo, la hostelería, el campo o el transporte.
El también consejero de Economía y Hacienda ha afirmado que los cerca de 98.500 afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León aportan con sus impuestos a que la comunidad sea “competitiva esforzándose a diario”.
Ausencia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud
Sobre la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, que finalmente no se ha realizado por la ausencia de las comunidades del PP, Carriedo ha culpado al Gobierno central por no haber dado “participación” a las autonomías en el cupo de reparto de menores.
Carriedo ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de tratarles “por tontos” y no escuchar a las comunidades para “pactar con los separatistas”. Asimismo, ha indicado que en la sectorial no se alcanzó “siquiera” un acuerdo sobre la orden del día.
“Pedimos votar y que se escuchara la voz de las comunidades y se denegó esa posibilidad. Pedimos información sobre por qué La Rioja, por ejemplo, se plantea que reciba a 205 menores y País Vasco, que está al lado, no recibirá ninguno. No se quería dar ninguna información ni documentación sobre los criterios seguidos en el reparto, solo se buscaba imponer los acuerdos con los separatistas”, ha afirmado.
El portavoz ha explicado que se está aplicando un criterio de “desigualdad” y lo que busca el Ejecutivo central es una imposición del reparto sin hacer clarificado los criterios. “Queremos participar, pero en esta ocasión el Gobierno ha decidido no dar participación, quizá porque tengan un acuerdo que no pueden explicar y no quiere trasladar al resto de autonomías”, ha resumido.
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