Los investigados por destruir un castro romano en Palencia durante una roturación del terreno dicen que desconocían su existencia

Los investigados por la destrucción del yacimiento arqueológico protegido en el término municipal de Santibáñez de la Peña (Palencia) durante unos trabajos de roturación del terreno para una repoblación forestal han declarado en el Juzgado que no sabían que en la zona había un campamento romano protegido. Los hechos ocurrieron en febrero en una zona arqueológica protegida, cuando se realizaban trabajos de roturación para preparar el terreno con la finalidad de realizar una repoblación forestal, una actuación que dañó el enclave conocido como “Castellum A”, un campamento romano reconocido como Bien Integrante del Patrimonio Cultural.

El gerente de la empresa promotora de la plantación, que contrató una máquina bulldozer para ejecutar los surcos y zanjas, y el presidente de la Junta Vecinal de Las Heras de la Peña, que acordó los trabajos con la empresa, y que están siendo investigados por estos hechos, han declarado este martes, después de varias suspensiones, en el Juzgado de Instrucción de Cervera de Pisuerga.

Los dos han asegurado que desconocían que en el lugar objeto de los trabajos hubiera un castro romano, según han informado a EFE fuentes del caso. El presidente de la Junta Vecinal, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha afirmado que no sabía que había restos arqueológicos porque el terreno es rústico, siempre ha sido agrícola y siempre se ha labrado, por lo que pensaba que se podía roturar sin necesidad de pedir ningún permiso.

El gerente de la empresa ha incidido en que el terreno es de la Junta Vecinal de Heras de la Peña, que él solo había cumplido con el trabajo que le habían encargado, que era llevar a cabo la plantación por lo que había ordenado que se roturara la tierra y que tampoco conocía que hubiera restos arqueológicos. En la causa se ha personado como acusación particular Ecologistas en Acción Palencia, que recuerda que la zona destruida está catalogada como Bien Inventariado dentro de las Normas Urbanísticas de Santibáñez de la Peña y cuenta con un nivel de protección grado 1 por su valor histórico y arqueológico.

Según la acusación, las labores se realizaron sin contar con permisos ni autorizaciones, lo que podría constituir un delito contra el patrimonio histórico tipificado en el artículo 323 del Código Penal. Ecologistas en Acción y el Ministerio Fiscal han formulado preguntas al gerente de la empresa -—l presidente de la Junta Vecinal solo ha contestado a su abogado— para esclarecer su grado de responsabilidad, verificar la ausencia de permisos y comprobar la legalidad de los contratos suscritos entre la empresa promotora y la Junta Vecinal.

El procedimiento se apoya en el atestado elaborado por el Seprona de la Guardia Civil, que trasladó los hechos a la Fiscalía y al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León. La fase de instrucción está pendiente de que la Junta de Castilla y León, que se ha presentado como acusación el pasado julio, presente información sobre la catalogación del yacimiento, un informe pericial de los daños ocasionados y la existencia o no de permisos.