El Gobierno pide 'permiso' a la Fiscalía para dar datos de delitos ambientales a la oposición en el Parlamento Vasco

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha renunciado a responder en el Parlamento Vasco a una solicitud de documentación realizada por el representante del PP Álvaro Gotxi sobre delitos medioambientales que se están investigando en Euskadi y, a la vez, ha abierto un frente con la Fiscalía. Y es que el Gobierno ha adjuntado a la Cámara para solventar ese trámite una carta enviada a la fiscal superior vasca, Carmen Adán, en la que, de alguna forma, se le pide 'permiso' para informar. El expediente se ha dado por cerrado de esta manera, algo inédito en la legislatura y muy inhabitual en el parlamentarismo vasco, aunque este periódico conoce que ha existido una respuesta de la Fiscalía al Gobierno negándose a participar en este formato.

Gotxi, que lleva desde el inicio de la legislatura haciendo un duro marcaje a Jauregi, había reclamado ya antes de las vacaciones información sobre delitos ambientales. E insistió en septiembre. En concreto, se aludía a un listado detallado de actuaciones desde 2015 hasta 2025. Demandaba fechas, números de expediente, empresas investigadas y “acciones llevadas a cabo” por la Administración autonómica.

Sin embargo, el Ejecutivo ha respondido adjuntando como toda documentación la carta enviada por el viceconsejero Josu Bilbao dos días antes del final del plazo para contestar a la oposición -y 28 después de conocer la iniciativa- y en la que se reclama a una institución que no depende del Ejecutivo vasco que “a la mayor brevedad posible” se “pronuncie” sobre si puede enviarse a la Cámara documentación que tampoco depende de la Fiscalía, como son los expedientes abiertos en los juzgados o los informes de la Guardia Civil y de la Ertzaintza. El movimiento ha generado malestar en el ministerio público, que ha respondido que no es un órgano asesor del Ejecutivo.

Las tensiones entre el Gobierno y la Fiscalía por los delitos ambientales son recurrentes. Cada año, en cada memoria, el ministerio público pone negro sobre blanco sus quejas. Hace años llegó a afirmar que confiaba más en la Guardia Civil que en la Ertzaintza como Policía judicial, hasta el punto de que el PNV incluyó en su acuerdo de investidura con Pedro Sánchez blindar a los agentes autonómicos en este ámbito. Y este mismo año, en septiembre, Adán escribió que “no se mantiene en las fiscalías provinciales relación directa con las administraciones vascas, lo que supone un inconveniente para obtener información sobre hechos que pudieran constituir delitos derivados de infracciones cuya competencia ostentan dichas administraciones”. “Esto es, no se conocen hechos relativos a caza, pesca, biodiversidad, bienestar animal, ordenación del territorio, patrimonio histórico, y demás materias salvo aquellas que acaben en la Administración de justicia ante denuncias de particulares o confección de atestados”, se avisaba.