Un amigo de Villanueva asegura que el consejero le dijo que la política era “dar preferencia a empresarios locales”

“Villanueva —el consejero de Economía de la Junta de Castilla y León durante los años que se juzga la trama eólica— me dijo que la política era dar preferencia a empresarios locales”. Así lo ha asegurado uno de los testigos que ha declarado este martes, que se definió como “amigo de bastantes años” de Tomás Villanueva.

Según ha explicado el catedrático emérito de la Universidad de Valladolid, José Luis Martínez López-Muñiz, el consejero de Economía, que falleció en 2017, estaba detrás de la política de “dar preferencia” a empresarios locales en el reparto del negocio eólico, un criterio que, según la investigación, derivó en una trama de mordidas superior a los 80 millones de euros.

El testigo ha indicado que, a petición de varios conocidos con proyectos bloqueados, pidió una entrevista a Villanueva y al entonces viceconsejero y principal acusado, Rafael Delgado, para interesarse por la situación de algunos parques que “no avanzaban”. Entre ellos figuraba el promovido por el fundador de la empresa IDER, Miguel Francisco Álvarez de Toledo, que años después denunciaría presiones de la Junta para vender la sociedad a un grupo portugués.

“Villanueva me dijo que la política era dar preferencia a empresarios locales”, ha señalado el testigo, quien no interpretó entonces que aquello fuera irregular. “Un trato de favor puede ser encajable si el ordenamiento lo prevé”, ha matizado. Días después, alguien le llamó para comunicarle que “el asunto estaba resuelto”, sin saber que la “solución” había sido la venta de IDER a la portuguesa EDP por 28,5 millones —una décima parte de lo que pedía su propietario—, quien denunció haber firmado la operación bajo chantaje.

Delgado invirtió un millón de euros para entrar en Four Innovation

El exempleado de Four Innovation, Carlos Blanco Bermejo, ha asegurado que Delgado invirtió cerca de un millón de euros para incorporarse como socio en la empresa tras dejar la Junta. Blanco ha relatado que cuando abandonó la compañía en 2014 reclamó varias nóminas impagadas y que fue el propio Delgado quien, a través de una sociedad interpuesta y con la mediación de su presunto testaferro, el abogado Jesús Rodríguez Recio, facilitó el pago.

Este testimonio respalda la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que Delgado se enriqueció durante su etapa en la Consejería de Economía y utilizó su influencia para crear una red de altos cargos y empresarios que se repartían beneficios a cambio de facilitar la tramitación de parques. Según la acusación, los promotores se veían obligados a incorporar a industriales locales en sus sociedades como condición para obtener el visto bueno administrativo, algo que han ido defendiendo diferentes testigos pertenecientes a empresas del sector eólico.

Los responsables de ACS niegan presiones

En las declaraciones de dos de los responsables de la división de renovables del grupo ACS, Leopoldo Iglesias Lachica e Ignacio Ernesto Aguiriano, han negado cualquier tipo de presión por parte de la Junta para asociarse con empresas de Castilla y León. Ambos sostuvieron que la elección de Collosa como socio en varios proyectos fue una decisión empresarial y que la colaboración con empresas locales era práctica habitual en todas las comunidades.

“Nosotros mismos buscamos a Collosa. Era útil y ventajoso porque aportaba conocimiento del terreno, maquinaria y financiación”, ha afirmado Iglesias Lachica. “Eran todo ventajas”, ha apostillado. Aguiriano ha coincidido con su colega en que trabajar con socios locales era una fórmula rentable y recordó que también hubo proyectos rechazados, como uno en Palencia en el que participaba Collosa, “por no superar la declaración de impacto ambiental”.

Ambos han recordado que Eyra, filial de ACS, construyó una docena de parques eólicos en Castilla y León y medio centenar en toda España “sin ningún problema con la Administración autonómica”. Sin embargo, ninguno pudo aclarar por qué la Junta designó a Eyra como interlocutora única para el nudo eólico de Medinaceli (Soria), pese a no tener entonces proyectos activos en esa zona.

Sin cambios en la tramitación tras la nueva norma

El actual director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, José Manuel Jiménez Blázquez, que fue secretario general de Medio Ambiente entre 2003 y 2007, ha declarado que la entrada en vigor de la norma de 2004, que otorgaba al viceconsejero Delgado la última palabra sobre los parques eólicos, “no cambió nada” en los procedimientos. “El sistema era el mismo; lo único que variaba era la instancia final”, ha apuntado.

Las declaraciones de este martes se suman a un goteo de testimonios que, sesión tras sesión, han ido dibujando un patrón de presiones y decisiones selectivas en la concesión de parques eólicos. En la sesión de este lunes, una administrativa que trabajó con Delgado relató que el exviceconsejero le pedía “apartar” o “guardar” determinados expedientes, lo que se interpretó como una forma de frenar proyectos que no se ajustaban a los intereses del grupo de poder.

Otros trabajadores de la Junta describieron un “sistema de semáforos” que clasificaba los expedientes en verde, amarillo o rojo según su viabilidad política, una herramienta interna que habría permitido discriminar qué parques avanzaban y cuáles quedaban paralizados.

También ha declarado un empresario del sector que aseguró que Delgado vetó proyectos por tener socios alemanes, llegando a advertirle de que si los autorizaba “le cortaban la cabeza”. Ese testimonio reforzó la tesis de que la Junta presionaba a los promotores para incorporar socios locales, bajo la amenaza de perder las autorizaciones.

En esa misma línea, el exdirector del Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) confirmó que Delgado dio la orden de no autorizar proyectos que no contasen con participación de empresas locales, un mandato que reflejaría de forma explícita la política que el propio Villanueva defendió, según el testimonio del catedrático Martínez López-Muñiz.

El juicio por la trama eólica, que se reanudará el próximo 3 de noviembre. Por el caso de la trama eólica, el mayor proceso por corrupción en la historia de Castilla y León, se juzga a trece personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta y empresarios del sector energético y de la construcción, acusados de repartirse más de 75 millones de euros en comisiones a cambio de autorizar parques eólicos. La Fiscalía Anticorrupción pide 123 años y medio de prisión y más de 850 millones de euros en multas, de los cuales 42 años de cárcel y 239 millones corresponden a Rafael Delgado, al que sitúa como cabecilla de la trama por delitos supuestos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal. El Ministerio Público sostiene que el exviceconsejero “delinquió de forma continuada” entre 2004 y los últimos actos de blanqueo detectados años después.