Castilla y León rechaza el plan de vivienda pese a recibir 378 millones: “Obliga a aplicar políticas que han fracasado”

La Junta de Castilla y León se ha sumado a otros Ejecutivos autonómicos del Partido Popular para marcar distancias con el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado por el Gobierno central este martes pese a que prevé destinar 378 millones de euros a la comunidad —277 millones más que en el anterior programa—. El portavoz en funciones del Gobierno autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado que el modelo “obliga a aplicar políticas que han fracasado” y ha reclamado “diálogo y flexibilidad” frente a lo que considera una estrategia basada en la imposición.

La Junta ha rechazado el planteamiento global: “No puedo decir que el plan en su integridad sea negativo, pero se plantea como un todo o nada”, ha señalado Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En su opinión, el principal problema es que el Ejecutivo central no permite adaptar las medidas a la realidad de cada territorio y exige asumir el paquete completo de condiciones para acceder a los fondos.

El nuevo plan estatal, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, triplica la inversión del periodo anterior y fija varias exigencias a las comunidades autónomas: blindar de forma permanente la vivienda de protección oficial (VPO), cofinanciar el 40% de las actuaciones y remitir datos en tiempo real sobre el mercado del alquiler. Además, establece criterios más estrictos en la adjudicación de vivienda pública y medidas para movilizar vivienda vacía.

Para la Junta, el problema no está tanto en las medidas concretas como en la falta de margen para aplicarlas de forma selectiva. “Seguramente cada comunidad puede ver bien algunas medidas y tener más dificultades con otras, pero el diseño no permite elegir”, ha explicado el portavoz, que ha insistido en que la política de vivienda debe tener en cuenta diferencias territoriales como las existentes entre el medio rural y las grandes ciudades.

“Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”

Carriedo ha reprochado la falta de participación de las comunidades en la elaboración del plan. “Ha faltado diálogo y ha sobrado imposición”, ha comentado, al tiempo que ha recordado que los gobiernos autonómicos son los encargados de gestionar buena parte de las políticas de vivienda y, por tanto, “los principales interesados en aportar soluciones”.

El portavoz ha culpado del alza del precio de la vivienda con las decisiones del Ejecutivo central en los últimos años. “La vivienda es hoy el primer problema de los españoles y nos ha llevado a ello una política equivocada”, ha indicado. Para Carriedo, seguir con el mismo enfoque “no es la vía adecuada”.

La “ventaja comparativa” de Castilla y León

Con el ejemplo del mercado del alquiler en Soria, donde la oferta disponible se reduce a menos de 40 anuncios en un portal de alquiler y los precios alcanzan en muchos casos entre 750 y 1.200 euros mensuales, y solos dos opciones por debajo de los 600 euros, Carriedo ha afirmado que aunque los precios han aumentado en los últimos años, Castilla y León tiene mejor posición que el resto del país. “No significa que la vivienda sea más barata que antes, es más cara, pero somos la segunda comunidad donde menos ha subido el precio en los últimos cinco años y la tercera con el precio más bajo”, argumentó.

A su juicio, esta situación constituye una “ventaja comparativa” frente a otros territorios, lo que, según afirmó, explica que haya ciudadanos que opten por residir en la comunidad incluso trabajando en otras autonomías.

La alternativa de la Junta: Más oferta y seguridad

Frente al modelo estatal, Carriedo ha defendido que la Junta por una estrategia centrada en el aumento de la oferta y en generar confianza en el mercado del alquiler. “Hay una oferta muy débil frente a una demanda muy alta, y eso tiene un impacto muy importante en los precios”, ha indicado el portavoz en funciones

La receta, en su opinión, pasa por facilitar la construcción de vivienda, incentivar que los propietarios saquen sus inmuebles al mercado y garantizar seguridad jurídica suficiente. “Es muy importante dar la seguridad necesaria para que quien quiera alquilar su vivienda lo haga”, ha apostillado.

Carriedo ha destacado que Castilla y León garantiza ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen los requisitos, lo que beneficia a más de 20.000 familias cada año. Además, la Comunidad ha desarrollado líneas de avales públicos para complementar la financiación hipotecaria y mantiene incentivos fiscales para la compra de vivienda, especialmente dirigidos a jóvenes y al medio rural.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa el portavoz es el tipo superreducido del impuesto de transmisiones patrimoniales en el ámbito rural, que permite a un joven pagar apenas 15 euros por la compra de una vivienda de 150.000 euros, frente a los miles de euros que se abonan en otras comunidades.

Las comunidades del PP, contrarias el plan del gobierno

El posicionamiento de Castilla y León se suma al de otras comunidades, como Madrid, que ya han mostrado su rechazo al plan estatal por considerar que invade competencias autonómicas. El debate continuará en las próximas semanas en el marco de la conferencia sectorial de vivienda, donde Gobierno y autonomías deberán negociar los términos de aplicación del programa.