Las empresas de incendios rompen con la Junta y anuncian que dejarán de acudir a los fuegos en Castilla y León

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León han anunciado que dejarán de intervenir en la extinción de fuegos a partir de este jueves. La decisión, adoptada por unanimidad en la asamblea de la patronal ASEMFO celebrada el pasado 22 de mayo, afecta a cerca de 950 bomberos forestales y se justifica por lo que la patronal considera una situación de “absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa”. Las compañías toman esta decisión a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, e inmerso el operativo en el proceso de reversión al sector público de forma parcial.

En el comunicado, han señalado que “la negligencia” de las administraciones públicas “pone en peligro vidas humanas y obliga a las empresas a dejar los incendios a su suerte”.

La decisión, que la organización califica de “límite e insostenible”, deriva de más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica y la campaña de acoso y derribo emprendida por la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la Junta exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la Inspección de Trabajo sanciona.

Según ha apuntado, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales.

ASEMFO ha asegurado asegura que las empresas han quedado “atrapadas entre dos criterios incompatibles” que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales.

Inseguridad jurídica

Esta contradicción, como han señalado las empresas, ha derivado en una inseguridad jurídica “absoluta”, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

La patronal ha afirmado que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta ha sido “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Para ASEMFO la falta de medidas ha desembocado en un escenario “límite e insostenible” que impide seguir prestando el servicio con garantías legales.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

ASEMFO insiste en que la decisión de retirarse del operativo no pretende ejercer presión sobre la Administración. “La retirada de la extinción de incendios forestales no responde a una estrategia de presión, sino a la imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica”, señala la organización, que reclama una respuesta “urgente, concreta y verificable” por parte de las administraciones implicadas.

La sustitución por Tragsa no mejora el Operativo

Asimismo, ASEMFO ha afirmado que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según han explicado, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

La patronal también critica el proceso de sustitución de empresas privadas por Tragsa en algunas bases del operativo. Según ASEMFO, el cambio está generando perjuicios laborales para parte de los trabajadores al no reconocerse, a su juicio, derechos previstos en la legislación estatal de bomberos forestales, como la subrogación o el mantenimiento de determinadas condiciones laborales.

Pese a ello, la organización ha asegurado que no cuestiona que la gestión pueda ser pública o privada y defiende que la prioridad debe ser garantizar un servicio eficaz de prevención y extinción de incendios. Lo que ha reclamado, añade, es un marco legal y operativo que permita desarrollar el trabajo sin la incertidumbre actual.

Para la patronal, la prioridad debe ser “un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada”.

“Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento. La asociación exige una respuesta urgente, concreta y verificable”, han concluido.

La Junta atribuye el problema con las empresas de incendios a un Decreto del Gobierno central

La Junta de Castilla y León ha asegurado que trabajará para encontrar una solución que permita mantener el servicio. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, que endurece las exigencias en materia de seguridad y salud laboral para las empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, ha afirmado Carriedo tras el Consejo de Gobierno. El portavoz ha defendido que la nueva normativa incorpora “nuevos requisitos y nuevos costes” que preocupan a las adjudicatarias del operativo y ha asegurado que la Junta está dispuesta a colaborar para facilitar su adaptación. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

Lo que no ha concretado el portavoz en funciones es qué va a pasar si hay un incendio que necesite de los 950 empleados de las empresadas privada. La Junta ha recordado en que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo ha eludido pronunciarse sobre posibles expedientes o sanciones y ha agregado que el objetivo del Gobierno autonómico es “buscar una solución” y mantener la colaboración con las empresas mientras duren las adjudicaciones.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia un operativo íntegramente público conforme vayan venciendo los contratos actuales. “La idea es que en tres años el operativo sea completamente público”, ha apostillado.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.