Cultura o religión no pueden justificar la ablación

Quién iba a decirme que unos años más tarde empezaría a trabajar en el departamento de refugiados de la Cruz Roja y posteriormente en ACNUR, ayudando, entre otras, a mujeres que habían pedido asilo por temor a ser mutiladas; que habían conseguido escapar de sus familias, de sus comunidades y lo que es más difícil, de sus países; que habían llegado a España donde la legislación las protege y pueden llegar a ser reconocidas como refugiadas si tienen fundados temores de ser perseguidas por motivos de género. Y, bajo estos motivos, además de la ablación, se podrían incluir los crímenes de honor, los relacionados con la dote, los matrimonios forzosos, algunos casos de trata y muchas otras violaciones de derechos humanos que afectan especialmente a las mujeres.

Pero en realidad son muy pocas las mujeres que logran llegar a países seguros y escapar del férreo cerco y del control social que ejercen sus propias familias y sus comunidades. Las mismas que las repudian y marginan cuando son violadas; que las estigmatizan cuando transgreden las normas sociales o se oponen a someterse a prácticas tradicionales vejatorias, que atentan contra su integridad física y psicológica, como lo es la ablación, que no es ni más ni menos que la extirpación total o parcial de los genitales externos.

Estando en los campos de Dadaab, al noroeste de Kenia, que actualmente acogen a más de 500.000 refugiados somalíes, pude hablar con mujeres que habían padecido los terribles “efectos secundarios” de la mutilación a lo largo de sus vidas, tanto físicos como psicológicos: muertes de hijas desangradas, infecciones graves del aparato genital, relaciones sexuales dolorosísimas, desgarros en los partos con riesgo para sus vidas, problemas de fístula y pérdidas de orina que habían provocado el rechazo y abandono por parte de sus maridos.

Tras las experiencias vividas en carne propia, estas mujeres refugiadas habían tomado la decisión de no someter a esta tortura a sus hijas y, con el apoyo de los trabajadores humanitarios, habían conseguido formar un grupo de autoayuda donde hacían terapia, realizaban actividades de generación de ingresos y protegían a sus hijas, muchas de las cuales habían dejado de ir a la escuela porque sus propias compañeras las insultaban y las tiraban piedras por no haber sido mutiladas. Todos en su entorno saben quién “ha pasado por la cuchilla” y quién no, y las primeras interesadas en que se sepa son las comadronas tradicionales que realizan las mutilaciones y viven de ello.

ACNUR y sus socios operativos en los campos de refugiados llevan muchos años tratando de combatir esta tradición que viola múltiples derechos, comenzando con el derecho a la integridad física, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la salud o el derecho a la vida. Aunque se van dando pasos, la tarea no es tan sencilla en sociedades patriarcales donde este ritual ancestral está fuertemente arraigado y afecta a mujeres y niñas de todo tipo de clase social y condición. Y el cambio pasa no sólo porque sean las propias mujeres afectadas las que tomen conciencia y comiencen a reivindicar sus derechos, sino por trabajar con los hombres, los líderes religiosos y muy especialmente los más jóvenes, más permeables al cambio, que son los que tienen que aceptar, entre otras cosas, contraer matrimonio con mujeres “sin marca de su identidad cultural”. Tampoco podemos perder de vista a las comadronas a las que hay que proponer alternativas profesionales con las que ganarse la vida si queremos que se deshagan de la cuchilla.

Afortunadamente, en España la ley penaliza esta práctica, se han dictado sentencias condenatorias y se han desarrollado protocolos pioneros en Cataluña para proteger a las hijas de los inmigrantes con intención de someterlas a la ablación aprovechando generalmente períodos de vacaciones en los que regresan temporalmente a sus países. Pero, especialmente hoy, que se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Ablación, no nos podemos olvidar de que cada año más de 3 millones de mujeres y niñas entre los 4 y los 15 años son mutiladas en países de África, Asia, Oriente Medio y la Península Arábiga, y que cerca de 140 millones sufren actualmente sus consecuencias, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

María Jesús Vega

Portavoz de ACNUR en España