Crisis política, sociedad civil y movimientos sociales: mitos y expectativas
Los escándalos de corrupción, la depresión económica y la erosión de PP y PSOE permiten imaginar un escenario de cambio constitucional en los próximos años que a diferencia de la transición de los 70, proceso supuestamente controlado por las elites políticas, vendría impulsada por la sociedad civil. Este es, junto a la transparencia, uno de los elementos comunes en los discursos sobre la renovación política de la derecha y la izquierda social o cultural.
La sociedad civil es la esfera en la que los ciudadanos se organizan de manera autónoma y diferenciada tanto del mercado y del Estado. Este espacio intermedio se compone de asociaciones voluntarias –patronal y sindicatos, ONGs, organizaciones caritativas– movimientos sociales y la esfera pública. Con alguna excepción se señala con frecuencia que una de las principales diferencias entre España y otras democracias occidentales es la debilidad de su sector asociativo, incluso en comparación con un país de la Europa meridional como Italia. Esto sería el resultado del poder histórico de la Iglesia, de la predominancia de estructuras clientelares opacas en la política y de una burguesía poco dada a la innovación social.
Sin embargo es paradójico hablar de debilidad de la sociedad civil en un país que cuenta con estructuras de un enorme impacto social tales como la ONCE o Caritas, o en el que la negociación de los convenios entre organizaciones patronales y sindicatos tiene un efecto significativo en salarios y estructura productiva.La sociedad civil española no es débil pero está muy subordinada al Estado y tiene dificultad para actuar como contrapoder. ONCE y Caritas son organizaciones que de hecho desarrollan funciones públicas con el apoyo del Estado mediante la cesión de ingresosde lotería, subvenciones o deducciones fiscales para los donativos. La patronal y los sindicatos, reconocidos en el artículo 7 de la Constitución, se han visto afectados por un descrédito muy similar al de la propia elite política debido a escándalos de corrupción y su incapacidad de alcanzar acuerdos. Resulta por lo tanto poco creíble que la renovación política pueda venir de organizaciones asociadas con la “clase política” bien sea por relaciones de dependencia o por su similitud con la misma.
Quizá debido a la dependencia de la sociedad civil más organizada de los poderes públicos, la participación política de la sociedad civil española se suele canalizar a través de movimientos sociales. Los movimientos sociales, lejos de ser un fenómeno espontáneo de hastío son un desafío organizado a la autoridad del Estado que resulta de la acción colectiva de una constelación de organizaciones. La fuerte contestación desencadenada desde el 15M se enmarca dentro de una forma de movilización bastante habitual de la sociedad civil española: no en vano los españoles son los europeos que más se manifiestan. El gráfico muestra la normalización de la protesta política en España en los últimos tiempos, al tiempo que señala su especial intensidad en el último año.
También indica que desde el 15M se ha abierto un nuevo ciclo de movilización, al contribuir a la activación de movimientos como l aPlataforma de Afectadospor la Hipoteca (PAH) y las mareas ciudadanas en sanidad y educación. El 15M ha contribuido a activar y a facilitar la convergencia de actores tales como sindicatos de la función pública y asociaciones de usuarios que probablemente no se hubieran coordinado de otra manera. Un ejemplo es que los indignados se han sumado a numerosas protestas convocadas por los sindicatos a pesar de su discurso crítico con dichas organizaciones.
La principal crítica hacia el 15M ha sido su incapacidad de articular propuestas políticas concretas. Sin embargo, hay que observar que los movimientos actuales son capaces de combinar la acción contestataria y la institucional. La PAH es capaz a la vez de paralizar desahucios y de reunir más de un millón de firmas en una iniciativa legislativa popular (ILP). Los médicos de la marea blanca han mantenido una huelga de casi un mes en Madrid al tiempo que plantean accionesen los tribunales y tratan de negociar las medidas con la Consejería. La combinación de estos registros de acción colectiva suponen un desafío a las autoridadesen la medida que promueven acciones de deslegitimación de las autoridades al tiempo que reivindican derechos reconocidos por la Constitución que han sido inaplicados de hecho como el derecho a la vivienda o la participación mediante ILP.
¿Quiere esto decir que los movimientos en curso son el embrión de un nuevo proceso constituyente? La respuesta tiene que ser matizada, puesto que los movimientos sociales españoles se suelen identificar con un lado del espectro ideológico –la izquierda en el caso del 15M– y por lo tanto no pueden de manera autónoma formular un consenso alternativo al marco constitucional actual. El gráfico confirma que los movimientos sociales españoles se relacionan con el ciclo político: al cambiar el gobierno se abre un ciclo de movilización distinto. La expulsión de dos notorios militantes socialistas de la reciente manifestación de la PAH confirma la dificultad de que un movimiento social consiga reunir a colectivos alejados políticamente. Más que propuestas concretas de cambio constitucional –al fin y al cabo la principal referencia histórica de los movimientos sociales en España es el anarquismo– cabe esperar que los movimientos sociales sigan cuestionando la situación política actual como forma de obtener un cambio que tiene que venir de las instituciones de la democracia representativa.
