“Es muy sencillo: la justicia es un contrapoder del ejecutivo y el legislativo”

¿Cómo están afectando los recortes al sistema judicial? ¿Qué papel debe tener la administración de justicia en la crisis política que atraviesa el país? ¿Hasta qué punto la politización de la justicia afecta su funcionamiento y eficacia?

Dos profesionales con una trayectoria contrastada en el mundo del derecho como Montserrat Comas d'Argemir, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y exvocal del CGPJ, y Olga Tubau, abogada penalista, contestaron estas y otras preguntas que planteó nuestro editor, Juan Rodríguez, en esta conversación para Agenda Pública.

Juan Rodríguez (JR): La idea es que aprovechando que tenemos dos profesionales con una larga trayectoria en el mundo del derecho, y que tienen una idea del ámbito jurídico como un servicio público y no sólo como un poder político, podríamos hacer un análisis de la justicia y de las posibles vías de reforma. Todo ello en el marco de la crisis política en la que estamos, que ya ha entrado en la agenda pública, dónde parece que las instituciones políticas relevantes pierden legitimidad. En este sentido, creo que la pregunta es muy clara, ¿se verá afectada la justicia por toda esta ola de reformas que se anuncia? ¿O es más bien un instrumento que ayude a impulsar estas reformas?

Montserrat Comas d’Argemir (MC): La justicia no está exenta del espacio económico de crisis que afecta a todos los sectores públicos, esto es evidente. Por otro lado, es cierto que la administración de justicia es el servicio público que menos atención ha obtenido de los distintos gobiernos y partidos políticos en los últimos 35 años. Eso significa menos oportunidades para modernizarse y para tener todos los medios precisos para mejorar la efectividad de la justicia ante los ciudadanos. Ahora con la crisis se le añade el problema de que estamos sufriendo los mismos recortes que las demás administraciones públicas.

Esto se suma a las propuestas que ha hecho el gobierno del PP para reformar la justicia y que van a suponer un retroceso muy claro en los derechos de los ciudadanos. Lo resumiría en tres puntos. Primero, la supresión de 1.300 jueces y magistrados suplentes que venían ejerciendo su labor jurisdiccional. El 15 de marzo se va a hacer un ERE de la justicia interina que hoy por hoy cubre el 30% del trabajo jurisdiccional en España. Esto significa que se van a suspender juicios, se ralentizará más la labor que hacemos, etc. Segundo, el tema de las tasas judiciales. Afectan directamente a las clases más necesitadas de la población, que pueden tener dificultades de acceso a la justicia. Son tasas disuasorias. Tercero, la modificación del CGPJ que nosotros, jueces y magistrados, creemos que puede afectar seriamente a la independencia de los jueces. Más adelante lo hablamos.

Olga Tubau (OT): Coincido bastante con Montserrat. En cuánto a la administración de justicia, en esta situación de crisis económica e institucional, dónde parece que nos lo estamos replanteando todo, creo que el ámbito jurídico se encuentra en una doble situación. En cuánto al ciudadano de a pie, todas las medidas del ministro de justicia desde luego van a ir en detrimento de que el derecho a la tutela judicial efectiva se cumpla. Vamos a peor. Al ciudadano le va a costar más y además tardará mucho más en obtener una respuesta judicial a su problema.

En cuánto al papel de la administración en la crisis institucional que vivimos, creo que puede tener un rol importante en los procedimientos penales dónde se investigue casos de corrupción de funcionarios públicos, responsables políticos, etc. Aquí podría pasar que la ciudadanía de alguna manera se pueda reconciliar con la justicia. Aunque sea desesperante ver la cantidad de casos de este tipo que no paran de aparecer, creo que los ciudadanos en parte también están pensado que “por fin alguien está haciendo algo”. Y ése alguien es la administración de justicia.

Por otro lado, cuando Montserrat dice que la justicia ha sido la gran olvidada de la Transición y de los 35 años de democracia pues tiene razón. Entender esto es muy sencillo. La justicia es un contrapoder del ejecutivo y el legislativo, y por tanto ningún poder ejecutivo tiene interés en que éste funcione bien.

MC: Lo que está claro es que no se ha puesto el mismo interés en que este servicio público funcione igual de bien que otros, como por ejemplo el de la hacienda pública. Está muy bien que la eficacia a la hora de recaudar impuestos sea cada vez mejor. Eso ha sido gracias a una administración que se modernizó y ahora es puntera. La pregunta es porqué nosotros tenemos que ser la hermana pobre de las administraciones. El expediente judicial digital, la modernización de la oficina judicial, la coordinación informática de los Tribunales, por ejemplo, están previstos en la ley pero es papel mojado.

JR: Para cerrar el tema de las reformas de Gallardón. ¿Hay que entender la reforma en términos económicos y de eficiencia? ¿O hay algo ideológico?

MC: Es economicista. No substitución de bajas, tasas, ERE con los jueces y magistrados suplentes -que por cierto el gobierno vende como la profesionalización de la justicia-, etc. Todo esto nos hace ir a peor. Pensad que estamos 10 puntos por debajo de la media europea en la ratio entre número de jueces y número de casos que van entrando. Pero tambien es ideológica. Lo veremos cuando hablemos de la reforma del Consejo.

OT: Por supuesto que faltan jueces, en esto estamos de acuerdo. Pero creo que hay que entender que hay jueces que funcionan mejor y otros que funcionan peor. Esto es muy importante. ¿Es razonable que para dictar una sentencia en un juicio de faltas se tarde 6 meses? No lo es. El CGPJ no hace bien su labor de control sobre la eficiencia de los juzgados.

JR: ¿Esto quiere decir que no hay procesos de evaluación del trabajo de los jueces?

MC: Es cierto que debemos ser autocríticos y ver en qué cosas podemos mejorar el funcionamiento de la justicia con los recursos que tenemos. La asociación “Jueces por la democracia” fue la primera en defender que los jueces deberíamos tener una medición de la carga de trabajo y que esto debería hacerlo el CGPJ. De hecho, cuando yo formaba parte del Consejo dijimos que había que medirlo porque era la única manera de calcular la planta judicial de forma razonable y porque es una garantía para el propio ciudadano. Esto en contra de las demás asociaciones y de la opinión mayoritaria de los jueces en aquel momento, que creían que no se podía medir. Finalmente el Consejo hizo la medición, aún con muchas presiones en contra, que se tradujo en los módulos de trabajo. Lo que pasó es que estos fueron recurridos por una asociación judicial y el TS les dio la razón, de forma que se anularon. Es un tema que está pendiente en efecto.

JR: Pienso que a parte que hayan fallado los métodos internos de evaluación, quizás lo que dificulta la reforma de la administración de justicia es que el ciudadano percibe que tiene poco conocimiento de su funcionamiento y que no puede incidir en él. No hay una presión de la ciudadanía para reformar este ámbito, igual esto también explica la falta de reformas.

OT: Esto es así. Al final la idea del ciudadano es que los que mandan intentan tener a gente de su cuerda en los órganos de control del poder judicial. Los Magistrados del Tribunal Supremo los designa el CGPJ, que al final es una representación de la realidad parlamentaria, lo que conlleva que los aforados se puedan segurar que los juzgara un juez de su tendencia e ideología. Esto es lo que percibe el ciudadano. Es en los grandes procedimientos, cuando aparece el banquero o el político de turno, dónde se distorsiona todo.

A parte, es evidente que la reforma del sistema judicial no da votos como si lo hace la mejora de la Sanidad o la Educación. Por lo tanto el político piensa que, mientras tenga asegurado que el que lo vaya a juzgar el día de mañana sea de los suyos, ya es suficiente. Es muy lamentable pero al final de estos 35 años de recorrido, mi opinión es esta. Yo voy más tranquila a un procedimiento con un señor X, que si algún día he tenido un tema de alguien relevante en contra, delante o al lado, porque piensas “qué pasará”.

MC: Si repasamos la historia de las últimas elecciones generales, autonómicas, etc., decidme en qué programa de debate televisivo ha habido una reflexión sobre la justicia en España. No la encontraremos. No es una preocupación de los partidos políticos. De justicia sólo se habla cuando alguien sale en campaña a decir que van a endurecer las penas.

JC: ¿Cómo lo podríamos hacer para que la ciudadanía le diera más importancia al ámbito jurídico?

MC: Lo primero sería que estos partidos asumieran que la justicia es un servicio público, y que por tanto le dieran la importancia que merece.

OT: Yo lo incluiría en el plan de estudios. El Colegio de abogados hace jornadas de puertas abiertas con los institutos. Les explican qué consiste ser abogado y hablan del funcionamiento de la justicia. Porque además es que se trata de un tema muy atractivo y en este país se tiene una idea muy distorsionada de lo que es la justicia. Hay que explicar mejor su funcionamiento, los principios y fundamentos de la Justicia, es una labor que hay que hacer. Si tuviéramos más educación sobre la justicia el ministro de turno no se atrevería sistemáticamente con introducior el endurecimiento de penas.

MC: Efectivamente, lo primero que hacen los ministros es la reforma del código penal. Siempre se van a la vía más populista porque es por dónde se pueden ganar votos. Pensar que cuantas más personas vayan a la cárcel más resolveremos determinados problemas de la sociedad, es profundamente equivocado.

Aún así, la peor reforma es la que se avecina. Lo de la prisión permanente revisable es absolutamente innecesario y no tiene justificación. Ningún Ministro anterior se atrevió a plantearlo ni siquiera cuando el terrorismo etarra mataba en España. El concepto de “peligrosidad criminal” para introducir la figura de la custodia de seguridad a los que salen de prisión después de cumplir la pena es muy preocupante. La reforma penal que se pretende no se ha consensuado con ningún grupo parlamentario, pero tienen mayoría absoluta para imponerla.

JR: Antes decíais que un poco de politización sí que sería deseable, en el sentido de entrar en el debate público. Aunque eso podría significar una pérdida de independencia.

MC: A ver, no todo es negativo en la administración de la justicia en este país. La independencia de los jueces a la hora de juzgar y resolver un caso concreto es evidente. Hay todos los mecanismos previstos legalmente para que el juez pueda decidir sin injerencias del resto de poderes públicos, ni de las presiones sociales. Este es un valor a destacar. Los jueces somos independientes y lo estamos demostrando. De no ser así, sería imposible que en España se hubieran juzgado y condenado casos de personas de relieve en el ámbito económico como Mario Conde o De la Rosa en Cataluña, o del ámbito político como el caso Roldán o el caso GAL. No todos los países pueden demostrar esto objetivamente.

Seguramente de forma tardía pero la justicia acaba llegando. Y esto ha creado la convicción en la ciudadanía de que no todo es posible. Ni siquiera para los círculos cercanos al poder. Espero que esto se pueda demostrar con los casos que ahora vamos conociendo, que afectan a políticos y personas relevantes.

OT: Añadiría que en la administración de justicia no hay corrupción. Ni grande, ni pequeña. Esto no existe en España y es un valor extraordinario. Pensad que estamos hablando de un material muy sensible y que los jueces no es que estén excesivamente bien pagados, con lo cuál podrían existir tentaciones y no las hay.

Luego el tema de la politización. El Tribunal Constitucional, yo comprendo que pueda estar politizado, es normal que en determinados órganos los políticos quieran que haya gente que comparta tus principios. Pero si esto va unido a que la persona tenga una indiscutible cualidad jurídica, lo de la ideología va a quedar de lado. El problema es que las personas que ahora forman este tribunal no tienen esa cualidad. Ése es el problema.

JR: ¿Qué explicación le das a esto?

OT: El nivel de los políticos tampoco es el mismo que hace 35 años. La idea de función pública ya no es la misma. Es una especie de mediocridad ambiental generalizada.

MC: Hablando de la politización de la justicia no comparto este diagnóstico. Una cosa es hablar de la politización del órgano de gobierno de los jueces, que es el CGPJ, esto sí que es objetivable y puede tener remedio, y otra la función jurisdiccional que hacemos jueces y magistrados en el día a día. Lo digo porque esta función la realizamos con independencia, y, tal y como he dicho antes, es un valor a preservar.

Sí que es cierto que en el órgano de gobierno de los jueces hay una parte que es imposible de sustraer a la politización. Es un órgano que hace política judicial, tiene que decidir. Esto no es negativo, lo que sí lo es, es la politización partidista de este órgano, es decir el hecho de pensar que cómo te han votado en el Parlamento tienes que obedecer a determinadas consignas o decisiones que se adoptan en un ámbito distinto al del propio Consejo.

Aquí yo asumo mi pecado, porque yo también he formado parte del anterior Consejo a éste y puedo hablar de ejemplos reales. El primer día que nos reunimos, la primera decisión a la que nos enfrentamos fue la de escoger el presidente del CGPJ, decisión que nos vino dada desde fuera. No es que lo hubieran pactado los dos grandes partidos, ni siquiera sus cúpulas. El pacto de que fuera Francisco Hernando lo hizo el jefe del ejecutivo y el de la oposición, y las pocas personas que los asesoran en este tema. Así de simple. En el actual Consejo pasó lo mismo con Carlos Divar, que por cierto resultó funesto. Es un caso de corrupción que depuró el propio sistema obligándolo a dimitir.

El pecado original de los vocales es aceptar que esta decisión venga de fuera. No nos planteamos hacer un debate libre sobre cuál es el mejor jurista para gobernar este órgano. Esto debe cambiar. No es admisible.

JR: Decíamos que el poder judicial se ha vuelto más eficaz que otros poderes a la hora de solucionar sus propios casos de corrupción. ¿Esto no podría alimentar el fenómeno contrario, es decir, la judilización de la política? Pensar que los problemas políticos que tenemos se pueden solucionar en el ámbito judicial. O incluso podemos ir más allá y pensar en la posibilidad de que un miembro del sistema judicial entre en política avalado por la ejemplaridad de la toga, como por ejemplo sucedió en Italia.

OT: Creo que la situación es un poco diferente al caso italiano que se dió con la irrupción en la arena política del fiscal Di Pietro. A parte de los casos de corrupción y las conexiones con la mafia, el gobierno italiano echó un pulso a la judicatura y se abrió una batalla entre legislativo, ejecutivo y judicial. De momento aquí no estamos en esta situación. Otra cosa es que a determinados políticos no les guste lo que está pasando.

MC: Estoy de acuerdo que no podemos hacer paralelismos con el proceso de manos limpias. Hay que pensar que los casos de corrupción afectaron a miles de personas y a docenas de parlamentarios en centenares de procesos distintos. Aquello provocó el hundimiento de los partidos tradicionales italianos y ayudó al surgimiento y victoria del partido de Berlusconi. Luego es verdad que en el pulso entre Berlusconi y Di Pietro, este último decide dejar la fiscalía y asumir su vida política desde un partido nuevo. Sí que es verdad que en aquel momento en Italia se entendió que la política se podía regenerar si jueces y fiscales entraban en ella.

No veo eso en España, la verdad. Es cierto que hay varios casos de corrupción, algunos de ellos muy relevantes, pero no podemos hablar de un sistema corrupto en su conjunto. Además, los casos de un juez metido en política han salido mal. El juez Garzón fue el gran fichaje de Felipe González en el peor momento del PSOE, cuando el caso GAL, y fue una experiencia política que salió fatal porque finalmente no lo nombraron ministro, sino que salió Belloch, el cuál a su vez no contó con Garzón. Esto le sentó tan mal que volvió a la judicatura. Tampoco veo movimientos en el mundo judicial en ése sentido. Nadie se ve, por suerte, como salvador de la patria.

Lo que sí hay dentro de la judicatura es una preocupación que ha llevado a la realización de una huelga. El ministro hace el discurso público para desprestigiarnos de que reivindicamos mejoras económicas, pero lo que nos preocupa es la situación de crisis en la que está la justicia y la reforma actual que aún la degradará más. A parte de la reforma del CGPJ, dónde Gallardón propone reducir el trabajo de los 20 vocales –número que no puede reducir porque está en la Constitución- y que únicamente los 5 que pertenecen a la comisión permanente tengan dedicación exclusiva, a parte de vaciarlo de competencias que pasarían a ser del ejecutivo. Con esto también estamos preocupados, porque puede haber una injerencia del poder ejecutivo en cuestiones que hasta ahora eran del poder judicial.

JR: ¿Como por ejemplo?

MC: Por ejemplo, la carga de trabajo que puede soportar un juez en España, así como la potestad reglamentaria de aspectos del Estatuto de los Jueces, que pasan a ser competencia del Ministerio en detrimento del CGPJ, que es el único órgano que puede garantizar la independencia judicial, que es al final para lo que se creó. Además en la reforma no se guarda proporcionalidad con la Judicatura. El peso de los Magistrados del Tribunal Supremo –3 de los 12 Jueces- no se justifica. Tampoco el porque otros 3 de los 12, han de ser Magistrados de más de 25 años de antigüedad. Las dos medidas, además de aumentar el peso conservador de este órgano, mermará la presencia de mujeres, porque solo un 12% de mujeres forman parte del TS –actualmente hay 10 de 81 miembros- y solo un 25% tienen la antigüedad referida.

JR: La justificación de esta reforma es reducir la politización partidista del CGPJ.

MC: Esto sería la excusa. Nuestra preocupación es que esto pueda mermar la independencia de los jueces en España, por la ingerencia del Poder Ejecutivo en temas que afectan al estatuto de los jueces.

JR: ¿Esto tiene que ver con otras propuestas como por ejemplo la reducción de parlamentarios, concejales, etc.? También con el razonamiento de reducir costes.

MC: Sí. Hasta ahora el Consejo tenia independencia para aprobar su presupuesto. Esto también se modifica reduciendo su competencia a una mera propuesta, y además sin intervención ninguna en la confección del presupuesto que afecta a la Administración de Justicia.

JR: Entonces, ¿están pasando medidas economicistas por medidas de contrapoder, no?

OT: Está claro que 20 consejeros para gobernar todo el poder judicial es un número más que razonable. Aún son pocos. Es evidente que el problema económico no está aquí. Otra cosa es que, por ejemplo, bajen el presupuesto en un 20%. Esto es aceptable. Pero los 20 miembros deben estar.

JR: Pero hablando ahora en el conjunto de la justicia, ¿tener más dinero mejoraría su funcionamiento?

MC: Sí, porque necesitamos inversiones para modernizar la justicia y para incrementar la planta judicial y adecuarla a nuestra actividad. Aún así, aunque sería condición necesaria, no es suficiente para llegar a dónde queremos. Se precisa una reforma integral, y a parte hay que hacer autocrítica.