Propuestas de reforma fiscal, un debate necesario
Artículo en colaboración con Economistas Frente a la Crisis y Líneas RojasEconomistas Frente a la CrisisLíneas Rojas
Estos días atrás se han desvelado las proyecciones económicas del FMI y la CE para España. Habrá un año más de recesión y mínimo crecimiento en el 2014. Con estas cifras, la reducción del déficit público se antoja una gesta altamente complicada, incluso si Bruselas concede uno o dos años más para alcanzar las metas establecidas.
Las opciones políticas para sanear nuestras cuentas públicas reavivan el debate sobre la fiscalidad, totalmente relevante pues, pese a lo que creen muchos ciudadanos, España no tiene un problema fundamentalmente de excesivo gasto público – se encuentra 5 puntos por debajo de la media europea – sino de insuficientes ingresos. La llegada de la crisis y el desplome espectacular de la recaudación fiscal vinculada a la construcción nos obliga arevisar en profundidad nuestro sistema tributario, adaptando su estructura al nuevo escenariopara cubrir esos 2-3 puntos de PIB que se han volatilizado.
En este contexto, el pasado 13 de abril el PSOE desveló las bases de su propuesta de reforma fiscal. Se trataría de una reforma de calado, nítidamente socialdemócrata y valiente, pues representa un giro a la izquierda significativo respecto de las políticas tributarias de Zapatero. Con ella se espera recaudar 40.000 millones de euros adicionales, acercando así el nivel de recaudación pública a la media europea.
La propuesta socialista persigue corregir las cuatro grandes carencias de las que adolece el sistema tributario español: su falta de equidad que hace recaer el 90% de la recaudación sobre las rentas del trabajo medias y bajas, mientras los contribuyentes más pudientes, las rentas del capital y las empresas solo aportan en conjunto el 10% restante; inestabilidad de la recaudación en el tiempo; insuficiencia de ingresos y; poca eficiencia para combatir el fraude.
Para lograr estos objetivos, la propuesta socialista coloca la lucha contra el fraude como un prioridad política y no evita mentar la bicha; habrá subidas de impuestos, pero enfocadas en los grandes patrimonios y fortunas que en España apenas contribuyen, así como las grandes empresas y la banca. Para ello se plantea la integración del IRPF y el impuesto de patrimonio en una figura tributaria única, siguiendo el modelo holandés, que permita capturar y gravar la capacidad global de cada contribuyente. Además, se equipararía la tributación de rentas del capital con las del trabajo, la revisión de las SICAV, reintroducción del impuesto de sucesiones y donaciones, o la eliminación de las deducciones regresivas del IRPF, entre otras medidas.
Por el lado de las empresas, el PSOE quiere acercar la tributación real a la tributación nominal, con la introducción un tipo efectivo mínimo compensable del 15% sobre el beneficio contable y eliminando de forma permanente el grueso de deducciones y exenciones que benefician sobre todo a las grandes empresas. También se introducirán dos impuestos a la banca -para que contribuya a sufragar los costes de una crisis provocada en gran parte por su comportamiento irresponsable- inspirados en las recomendaciones del FMI poco sospechoso de izquierdoso radical, ¿o es que ahora sí lo es?.
Aumentar la tributación a la riqueza no solo es una cuestión de recaudación, sino también de equidad y justicia social, puesto que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta; el 10% de los individuos más ricos acumula un patrimonio 135 veces mayor que el 20% más pobre, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1.
Los socialistas también han puesto encima de la mesa el debate sobre la eficiencia del gasto público. Y lo hacen desde la perspectiva de la capacidad redistributiva y de reducción de desigualdades del presupuesto, que es muy mejorable comparado con otros países europeos, como revela el 1er Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas. Por ejemplo, el gasto público en España reduce el riesgo de pobreza del 30 al 22%, es decir en un 28%, comparado con un 50% en Suecia (28 al 14), o un 35% de media UE (datos 2011).
Ya era hora de que la izquierda abordara el asunto de la eficiencia y la calidad del gasto, pues la defensa firme del Estado del Bienestar y de los servicios públicos gana mucha legitimidad, cuando va acompañada de denuncias igual de enérgicas contra los abusos, el despilfarro o el fraude.
La propuesta del PSOE ha generado dudas entre algunos sectores, ¿por qué no lo hicieron antes mientras gobernaban? Sin duda, a la luz del pasado reciente, el escepticismo de muchos ciudadanos está justificado, pero hay razones para pensar que el PSOE va en serio en su giro hacia una fiscalidad más progresiva: primero, la severa derrota electoral que sufrió el Partido Socialista le obliga a reaccionar, y es precisamente en la fiscalidad donde muchos simpatizantes de izquierdas percibieron la política de Zapatero como claramente alejada de los principios socialdemócratas. Además, la imperiosa necesidad de reducir los desequilibrios de las cuentas públicas españolas en el medio plazo, sin provocar un deterioro mayor de los servicios públicos a base de recortes o sin golpear a las clases medias, como hace el PP, obliga a pensar en aumentar los ingresos de los mejor situados, que hasta ahora han salido casi indemnes de la crisis.
En definitiva, se trata de un debate muy saludable para la política española. Si la fiscalidad es un reflejo del modelo de sociedad a la que se aspira, los ciudadanos deben saber que pese a todo existen diferencias importantes entre las propuestas fiscales y tributarias del PP y del PSOE. Rajoy prometió que no habría subidas de impuestos, pero al llegar al poder, alegando desconocimiento de las cuentas, aumentó el IRPF e IVA y golpeando a las clases medias. Además, ha llevado a cabo una amnistía fiscal a los grandes defraudadores, no solo profundamente injusta, sino que apenas ha recaudado una fracción de lo esperado. En contraposición, el PSOE plantea una reforma fiscal profunda, haciendo de la lucha contra el fraude la prioridad más absoluta y que no suponga mayores esfuerzos para las clases medias, sino basada en subidas de impuestos para el 10% más pudiente. Son dos formas diferentes de aumentar la recaudación y reducir el déficit. Los ciudadanos deben tomar nota y cuando llegue el momento decidir por cuál prefieren.
