La PAH y la agenda política

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está obteniendo una atención en el debate público que hasta hace poco hubiera sido atípica para un movimiento de la sociedad civil. Hasta el comienzo del 15M era muy infrecuente que un movimiento ciudadano o asociación obtuviese atención mediática y política de manera sostenida. Baste con señalar que de las 66 Iniciativas Legislativas Populares (ILP) presentadas al Congreso bajo la Constitución del 78 sólo una se convirtió en ley. La falta de transparencia sobre los lobbies, la debilidad de la sociedad civil organizada, la conexión entre sectores regulados y élites políticas y la fuerte centralización de los partidos políticos dificultan que las iniciativas surgidas de la sociedad puedan influenciar la agenda.

El estudio de la agenda, es decir de qué problemas reciben atención y solución por parte de los sistemas políticos y cuáles no, es uno de los temas centrales del análisis de las políticas públicas. El consenso actual es que la agenda política no responde a un modelo lineal. Podría pensarse que la atención que recibe la PAH es el resultado lógico de un colectivo que propone soluciones a un nuevo problema, el aumento del número de familias que no pueden pagar la hipoteca debido al aumento del desempleo. Para hacer frente a esta situación surge una organización que propone una solución que se discute en las administraciones e instituciones representativas que deciden darle actuar al respecto. En realidad sabemos que esto no es así. La agenda política suele ser el resultado del encuentro de propuestas que buscan problemas que solucionar y de problemas que necesitan solución. La atención de las instituciones a los problemas y las soluciones que les dan no depende sólo de su importancia, de su urgencia o del número de personas afectadas. Estos factores vienen condicionados por la identidad y la influencia de los promotores: por importante e incluso urgente que sea un problema su acceso a la agenda política depende los intereses en juego. El debate actual sobre la dación en pago quizá no fuese posible sin la pérdida de credibilidad que ha sufrido el sector financiero. Conseguir atención política para un problema requiere tiempo – con frecuencia más de una década – y la organización de una coalición promotora amplia y diversa.

En este sentido la PAH no es una reacción a una escalada de desahucios. Tampoco es una campaña contra el nuevo Gobierno tal y como sugirió el presidente Rajoy. La PAH se organiza en 2009 y a diferencia de movimientos anteriores no se centra tanto en el derecho de acceso a la vivienda como en la desigualdad entre deudor y acreedor en la Ley Hipotecaria, en la mala praxis de los bancos y la falta de supervisión adecuada por parte de la Administración. Las demandas de la PAH se ajustan por lo tanto a la realidad actual, pero el subtítulo de su página web – de la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda – señala claramente su conexión con los movimientos que critican la especulación inmobiliaria reivindicaciones desde el principio de la década del 2000. Por lo tanto la PAH es fruto de movilizaciones sobre el derecho a la vivienda desde hace una década. Otro factor de la influencia de la PAH es la inconsistencia de la agenda política en este terreno. Las autoridades admiten el problema de la vivienda sin saber solucionarlo, tal como ha reconocido recientemente el Ministro de Economía. En los últimos años los gobiernos del PSOE y el PP han tanteado los minipisos, la promoción del alquiler, el cambio del tipo de IVA de la vivienda y la eliminación, reinstauración y nueva eliminación de la desgravación por compra de vivienda en el IRPF. Estas idas y venidas indican que los partidos y gobiernos sucesivos no tienen una solución clara y por lo tanto el terreno es propicio para las propuestas.

También es importante señalar que la PAH no es un llanero solitario. La ILP que está tramitando el Congreso contó entre otros con el apoyo de los dos principales sindicatos (CCOO y UGT), la mesa de entidades del tercer sector y la confederación de asociaciones de vecinos de Cataluña además de la PAH. Sin embargo la PAH obtiene una atención que difícilmente abrían alcanzado, con las mismas propuestas, organizaciones de consumidores como FACUA o ADICAE. Su éxito hay que enmarcarlo en el contexto contestatario que se ha abierto a raíz del 15M. Los activistas del 15M coinciden con algunos de los diagnósticos de la PAH sobre la mala praxis hipotecaria y las participaciones preferentes como ejemplo de la responsabilidad sistémica del sector financiero en la crisis. Dichos activistas han contribuido a la visibilidad de la PAH apoyando acciones novedosas y espectaculares como la paralización de desahucios y los “escraches”. Estas acciones contestarías no han sido obstáculo sin embargo para la capacidad de la PAH de utilizar métodos más convencionales de acción como la recogida de firmas o el litigio en los tribunales. La PAH también dispone de un liderazgo creíble en la persona de su portavoz Ada Colau, capaz de transmitir emociones de solidaridad, indignación o esperanza y de presentar un enfoque alternativo al institucional en su comparecencia en el Congreso. La diferencia en la forma de presentar los problemas incluye un desacuerdo en la estimación del número de ejecuciones hipotecarias – 400.000 según la PAH, frente a sólo 20.000 primeras viviendas según el CGPJ– o sobre la incidencia de la crisis económica en el número de suicidios respecto a las cifras del INE.

La polarización del debate es sorprendente. Es discutible si la dación en pago es una medida adecuada o no, pero desde luego no parece la demanda radical de una organización anticapitalista. No deja de ser una reivindicación para proteger a los propietarios de viviendas, es decir una amplia mayoría de la clase media y no un colectivo marginal. Dicha polarización viene motivada en cierta medida por la intensidad del activismo de la PAH que ha sido capaz de aumentar la movilización en lugar de decaer después de los primeros éxitos. La polarización y la subida de tono por parte de cargos públicos y diputados que identifican al movimiento con ETA o el nazismo indican sobre todo, además de la presión personal que sufren, el desasosiego por la pérdida del control de la agenda.