¿Es más eficiente la educación concertada?
En España, es ya tradicional el debate entre los defensores de la educación pública y los de la educación privada concertada. La cuestión de fondo radica en qué papel debe jugar el Estado: si debe existir una amplia red de centros públicos o si, por el contrario, estos centros deben ser subsidiarios de la educación concertada y privada. Entre las novedades que introduce la LOMCE y que han pasado más desapercibidas en los medios de comunicación están las referidas a los centros concertados. La más significativa es que, a partir de ahora, las administraciones educativas no garantizarán plazas suficientes en centros públicos, como han hecho desde 1985, sino que “garantizarán la existencia de plazas suficientes” a secas, es decir, en centros públicos o concertados. Se abre así la puerta a una mayor expansión de la educación concertada, retocando sustantivamente un statu quo que ha durado casi treinta años. Por tanto, cabe plantearse cuáles son las motivaciones de una apuesta tan deliberada por la red de centros concertados, así como cuáles serán sus implicaciones en términos educativos.
Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de extender la educación concertada es que es más eficiente. Por eficiencia entendemos la relación entre los recursos dedicados y los resultados obtenidos. No hay dudas de que la educación concertada supone menos costes directos para el erario público. El mayor gasto en los centros públicos puede explicarse, en parte, porque, en términos generales, la concertada paga menos a los profesores, tiene una ratio profesor/alumno más elevada y evita ubicarse en zonas no rentables, como áreas urbanas empobrecidas y rurales aisladas en las que el coste por alumno es mucho mayor. Por su parte, los centros concertados son más caros para las familias, lo que suele soslayarse cuando se habla del coste de unos y otros centros.
La tabla 1 compara el gasto público y de las familias en cada tipo de centro. En 2007, el gasto total por estudiante en un centro concertado era un 67% respecto al gasto en un centro público (3.885€), es decir, un tercio menor. Cinco años después ese porcentaje había aumentado hasta el 79%. Este pronunciado acercamiento se debe a que la financiación pública descendió significativamente para los centros públicos (648€ menos) y aumentó para los concertados (105€ más). Por su parte, el gasto de las familias subió en ambas redes debido a los recortes en las ayudas públicas para material escolar, comedor y transporte, entre otras partidas.
Para completar el análisis de la eficiencia no basta con conocer cuántos recursos consumen unos y otros centros, sino que hay que saber hasta qué punto cumplen los objetivos educativos fijados en las leyes. De acuerdo con la propia LOMCE, el sistema educativo se propone elevar la calidad y la equidad de la educación. La mayoría de investigaciones concluye que los resultados académicos de los alumnos de los centros concertados son más elevados, pero advierten que ese mayor logro se debe a que provienen de entornos socioeconómicos y culturales más favorables, y no al centro al que acuden.
Esa concentración de familias con mayores ingresos y trabajos más cualificados se produce, en buena medida, porque en muchos centros concertados existen mecanismos ilegales de selección y expulsión del alumnado, como cuotas a las familias disfrazadas de donativos o presiones a alumnos problemáticos para que abandonen el centro. La educación concertada acaba siendo así destino solo de quienes pueden permitírsela, con lo que se pervierte uno de los principios inspiradores básicos de la educación sostenida con fondos públicos: su accesibilidad universal, independientemente de los recursos de las familias. A pesar de ello, la LOMCE no establece medida alguna para controlar aquellas prácticas fraudulentas que desvirtúan los objetivos fundamentales del sistema educativo. Asimismo, en las condiciones actuales la expansión de la educación concertada implica un acceso opaco a la función docente y, dado que la Iglesia es la principal institución que establece conciertos educativos, la extensión de un modelo educativo caracterizado por un ideario religioso-confesional.
La afirmación de que una red de centros es más eficiente que la otra depende de un análisis de sus costes, por un lado, y de la valoración subjetiva del grado de consecución de los objetivos conseguidos no solo en términos de rendimiento académico, sino también de equidad, respeto a las diferentes creencias, etc. Pero si bien la valoración de su eficiencia tiene un carácter subjetivo (ideológico), lo que sí parece evidente es que el gobierno actual apuesta deliberadamente por la red concertada y por ir relegando, progresivamente, la educación pública a un papel subsidiario. Un cambio de modelo con profundas implicaciones que merece, sin duda, un debate pausado que no se ha producido durante la tramitación de la ley y que tampoco se está desarrollando ahora.
