El silencioso recorte en la protección por desempleo
La situación crítica que atraviesan numerosas familias con alguno o todos sus miembros en desempleo (por cierto, estos últimos ya en niveles alarmantes) se ve eclipsada por los primeros datos positivos en materia de empleo en mucho tiempo. Bienvenidos sean todos y cada uno de los nuevos empleados. Sin embargo, la recuperación en materia de desempleo costará aún mucho esfuerzo y bastante tiempo. Y mientras tanto, ¿qué? Pues hay que dar alguna salida, algún tipo de protección, ayuda y esperanza a todos esos ciudadanos.
La tendencia es precisamente la contraria. Los recortes han llegado también al sistema de protección por desempleo. Han llegado poco a poco, a cuentagotas, casi sin darnos cuenta, pero alcanzando un resultado notable, del mismo nivel que el de esas otras grandes “reformas” que han hecho inquietarse al conjunto de la sociedad.
En 2012 llegó la primera de ellas, y nos enteramos que, transcurridos seis meses en desempleo, los perceptores de una prestación contributiva dejarían de recibir el 60% de la base reguladora para pasar a cobrar sólo el 50%, 166,40 euros menos por desempleado al mes en el mejor de los casos. Pero estos son unos “privilegiados”, pues al menos reciben una prestación.
Peor lo están pasando los trabajadores maduros, aquellos que son demasiado jóvenes para jubilarse (más aún con la reforma de las pensiones), pero demasiado mayores para ser contratados. No sólo les han eliminado el subsidio especial para mayores de 45, sino que percibir el de mayores de 55 resulta bastante más complicado. Hoy, si estos trabajadores tienen la desgracia de contar como pareja a alguien que cobre poco más de 967,95 euros mensuales, no solamente tendrán vedada la ayuda, sino las necesarias cotizaciones para poder alcanzar la jubilación. Pero si a esto le añadimos la desapercibida no renovación de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 2/2009, que incentivaba las reducciones de jornada y las suspensiones de contratos y permitía el acceso a la reposición de la prestación, como medidas alternativas al despido, entonces es fácil vislumbrar que el destino de este colectivo es, probablemente, el paro de larga duración, ahora con pocas probabilidades de estar protegidos.
Tampoco escapan de estos recortes los jóvenes. Obligados a emigrar al extranjero, las últimas reformas los ponen bajo sospecha. El endurecimiento de las causas de suspensión y extinción de las prestaciones piensa en muchos casos en estos desempleados, sospechosos de fraude por percibir una prestación mientras buscan trabajo fuera, en una Europa incapaz de articular un mercado de trabajo único, en el que las políticas pasivas y activas de empleo tengan también trascendencia comunitaria. La libertad de circulación de los ciudadanos europeos aparece en tiempos de crisis como una insignificancia en relación con la de los capitales. Quizá por eso se invite a los jóvenes a transformar sus prestaciones en emprendimiento, como si fuera una actividad que estuviera exenta de riesgo, como si con ello no se corriera el riesgo de generar aún más precariedad.
Hoy resulta mucho más difícil alcanzar una prestación por desempleo. Los datos son elocuentes (ver gráfico). Desde 2012 el número de beneficiarios se ha reducido un 12% y la tasa de cobertura un 13%. Si antes de la crisis casi ocho de cada diez desempleados contaban con prestación, hoy sólo lo están poco más de cinco de cada diez. Visto desde otra perspectiva, sólo la mitad de los parados registrados, que ni siquiera son todos, cuentan con algún tipo de protección.
Esto es lógico si se piensa en lo descrito hasta ahora. Pero es que hay más. Los requisitos de acceso a los subsidios se ha venido endureciendo en los últimos dos años, siendo más complicado acreditar la carencia de rentas, estableciendo un mayor control sobre la búsqueda de empleo o exigiendo una acreditación pormenorizada de tales actividades. Al margen de las medidas en sí, que tienen un efecto directo también sobre el número de beneficiarios, interesa destacar el trasfondo ideológico que las sustenta, el del que el parado es el causante de su propia situación de desempleo y no la coyuntura económica. Y al final fueron los parados los causantes de la crisis o, al menos, quienes también la están pagando.
