La corrupción está en la política

Este mes de febrero de 2014 se ha publicado el Informe de la Comisión Europea sobre la corrupción elaborado para el Consejo y el Parlamento europeos. Las conclusiones del Informe son en apariencia demoledoras: el 95 % de los encuestados españoles consideran que la corrupción está asentada en España mientras que el 63% se siente afectado por ella. Antes de interpretar estos datos, sin embargo, es necesario advertir de que se trata de una encuesta, en cierta línea con las que efectúa Transparencia Internacional, de percepción de la corrupción, no de registro de hechos corruptos realmente acontecidos. Si la percepción se correspondiera con la realidad en el caso español, sería literalmente imposible la vida en común.

Afortunadamente, percepción y realidad no van de la mano. Preguntados los entrevistados si han sido ellos mismos objeto de un acto de corrupción, el porcentaje de quienes responden afirmativamente es ínfimo (entre el 1y 3%). Sea como fuere, la percepción de la corrupción en España va en aumento. Sucede con ésta algo similar a lo que sucede con la percepción de la delincuencia: se afianza la creencia popular de que la delincuencia está aumentando mientras que los hechos delictivos se mueven en la dirección opuesta. La delincuencia real, no la percibida, está disminuyendo de manera constante, así como el número de los que declaran haber sido víctimas de un delito. Ello va lógicamente acompañado de un incremento en el sentimiento de seguridad. Obvio resulta, por tanto, que hay que combinar la percepción de la realidad con la cuantificación de la misma para evitar análisis sesgados que nos alejen de la situación real.

La disparidad entre corrupción percibida y corrupción real no debe llevarnos a concluir que, en las circunstancias actuales, el panorama no es tan malo como parece. Lo es y mucho. En primer lugar, se presenta un hecho significativo y, en apariencia, positivo, como es que la corrupción no se sitúa en la esfera administrativa sino en la política. Esto no es, sin embargo, susceptible de una valoración positiva sino, muy al contrario, de una realmente escalofriante: los políticos aparecen como corruptos ante la opinión pública. La pésima fama afecta injustamente a todos, no solo a los corruptos, que existen. En España hay más de 1300 cargos públicos procesados y varias decenas de condenados. Este dato es de una enorme trascendencia si lo ponemos en relación con otros datos existentes.

Así, por ejemplo, según el último Barómetro del CIS (noviembre de 2013), el paro es el primer problema en España (77,7 %), con mucha delantera respecto a los demás temas de preocupación. El segundo problema más citado es la corrupción (31,8 %), seguido por los políticos en general, los partidos y la política (29,7 %). Atendiendo a la encuesta sobre corrupción a la que nos referíamos más arriba, no resultaría ilegítima la inferencia que considerara el segundo y tercer problema como dos caras de la misma moneda, la crítica a la corrupción de los políticos (62,5%), por más que pudiera ser cuestionable metodológicamente. Fusionados los problemas segundo y tercero dentro de una misma categoría (corrupción/política), resulta que se convertiría en el segundo problema que más preocupa a los españoles, cercano, esta vez sí, al problema del paro. Aunque no puedan agregarse sin más ambos porcentajes, no deja de ser llamativo que la insatisfacción con los políticos no viene de su incompetencia para resolver problemas (los encuestados no son preguntados por las competencias resolutivas de aquellos), sino de agravar los problemas ya existentes y el de la corrupción, que no hace más que afianzarse, es altamente preocupante.

Es más, la relación entre corrupción y política es altamente significativa en países que, como España, y a diferencia de, por ejemplo, Italia, vinculan la corrupción no con el crimen organizado, como es el caso italiano, sino con el puro ejercicio de la política. Así se desprende con claridad del Eurobarómetro sobre corrupción de febrero de 2012. En aquellos países, que no son pocos en la Unión, que vinculan corrupción y delincuencia organizada, ésta sirve de escudo protector a los políticos. Si tal no existe, el elemento intermedio entre un ente criminal corruptor y el político corrompido deja de existir.

En este terreno queda aún mucho por hacer. Estaría bien implementar decididamente las medidas que el GRECO de modo reiterado recomienda a España, así como varias declaraciones e informes del Consejo Europeo para la Comisión y el Parlamento, especialmente los correspondientes a 2011. Por ahora, las medidas propuestas están siendo llevadas a cabo parcialmente y a paso de tortuga, regateando medios y esfuerzos (España, junto a Italia, son de los grandes países con menos inspectores fiscales de la UE, por ejemplo). Resulta palmario que el problema es grave y no deberíamos engañarnos por la implantación, con más desgana que otra cosa, de tal o cual medida concreta. La corrupción en España, que ha saltado a la palestra de la mano del urbanismo en el ámbito local (tal como denunció en su día el Informe Aucken -2009- del Parlamento Europeo), se ha extendido rápidamente a las Comunidades Autónomas; pocas son las que no presentan diputados y consejeros autonómicos encartados, cuando no ya condenados.

Pero sería una mala opción quedarse en el ámbito territorial, tentación nada inocente por otra parte. Por la vía perversa y corrupta de la financiación de los partidos políticos se llega al Gobierno central. Ya llegó, en parte, en su día, al gobierno del PSOE en los 90, por la vía de FILESA, Roldán, Mariano Rubio,… y un larguísimo etcétera. Ahora, de la mano de Gürtel pueden verse afectados altos miembros del Partido Popular, exministros y, quizás, algún alto cargo actual. Pese a las noticias estremecedoras sobre los más de 60 encartados del Partido Popular en esta sola trama, tanto el Gobierno como el partido que le da apoyo guardan un silencio escandaloso. Ello sin contar con que la corrupción acecha a la propia Casa Real.

Sea como fuere, la corrupción es política y afecta a esenciales centros de decisiones de poder. El daño político, ético y económico, y a la moral social ya está hecho y nadie parece aprestarse a poner el cascabel al gato.