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¿Por qué debe preocuparnos la presencia de expolíticos en las grandes empresas privadas?

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Francesc Trillas

Recientemente la revista liberal The Economist publicó un artículo argumentando que la influencia de las grandes empresas en la esfera política era excesiva. El nombramiento de personas con un pasado político o con claras conexiones políticas en el consejo de administración de las empresas privadas es potencialmente uno de los instrumentos que éstas tienen para influir en las decisiones que les afectan. Por supuesto, puede argumentarse también que algunos antiguos responsables políticos tienen otras habilidades además del acceso a los canales de decisión gubernamental. Pero la presencia de personal político en los consejos de administración de las grandes empresas privadas ha pasado a ser un motivo de preocupación respecto al funcionamiento de nuestras democracias y también de nuestras empresas.

Se ha documentado mediante evidencia empírica sistemática la amplitud del fenómeno en países tan distintos como Indonesia, Alemania (históricamente en la época de Hitler y contemporáneamente), Francia, o Estados Unidos (analizando entre otras la evolución de las empresas conectadas con el exvicepresidente Cheney y las conectadas con el exsecretario del Tesoro Geithner). El fenómeno tiene una enorme amplitud y se presenta en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo.

Existe además evidencia anecdótica para países como Suráfrica (donde algunos de los principales dirigentes del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, han sido co-optados por empresas tradicionalmente en manos de la minoría blanca) o como Chile. Lo curioso es que en algunos casos existe una asociación negativa entre presencia de expolíticos y resultados empresariales y en otros casos esta asociación es positiva. Acemoglu y sus coautores, en su estudio sobre las empresas conectadas al exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Geithner, sugieren que los factores que impulsan esta asociación a ser positiva son un marco institucional débil y una elevada discrecionalidad en la toma de decisiones políticas (que se acentúa por ejemplo en tiempos de crisis).

España es uno de los países donde la investigación preliminar (fruto de la tesis doctoral de Pau Castells y de sus posteriores trabajos conmigo) apunta a una correlación negativa entre conexiones políticas y resultados empresariales, medidos tanto a través del comportamiento accionarial en el momento del nombramiento como utilizando resultados contables. Es decir, parece contraproducente para las empresas nombrar ex políticos, en promedio. Esta correlación negativa debe interpretarse con cautela (en el sentido de no exagerar la relación causa-efecto), puesto que las empresas en dificultades pueden tender a contratar políticos a la desesperada, o porque las empresas reguladas tienden a nombrar más políticos, y al estar reguladas sus beneficios no pueden ser muy altos. Pero es de destacar que no hay evidencia alguna de que los accionistas de las empresas que nombran más personas conectadas políticamente salgan ganando con ello.

En España el fenómeno es amplio, aproximadamente un quinto de los consejeros de las principales empresas tienen un pasado político. De entre las aproximadamente 70 mayores empresas españolas, es habitual que tengan entre un 20 y un 30% de expolíticos en su consejo de administración.

Dos expresidentes del Gobierno ostentan cargos en empresas reguladas, y los tres exministros de Economía más recientes aceptaron cargos en grandes empresas reguladas poco después de dejar el Gobierno (el actual ministro de Economía fue consejero de Endesa hasta el día de su nombramiento). En algunos casos respetaron el plazo de dos años en que legalmente no pueden ocupar cargos en empresas que regularon, pero en algún caso cumplieron literalmente la ley aunque incumpliendo descaradamente su espíritu al aceptar cargos en empresas filiales radicadas en países extranjeros (como Elena Salgado en Chilectra, una filial de Endesa en Chile).

Se podría argumentar que expresidentes del gobierno y ministros de economía deben ser personas de gran calibre profesional, y por lo tanto no se trata de un intento de lobbying, pero existen casos de expolíticos de poco prestigio profesional, como Javier de Paz (en Telefónica) o Ángel Acebes (en Iberdrola), que también han ocupado cargos en consejos de administración de grandes empresas.

La estrategia de nombrar este tipo de consejeros es generalizada y tiene lugar a largo plazo. Por ejemplo, una empresa farmacéutica tuvo entre sus consejeros a la exministra del PP Loyola de Palacio, y posteriormente al exministro socialista Carlos Solchaga. Ello podría hacer pensar que el fenómeno es igual para políticos de todos los colores. Sin embargo, aunque efectivamente el fenómeno no conoce barreras ideológicas, de modo parecido a lo que apuntan Albert Solé de la Universidad de Barcelona y sus coautores para el caso de la política local, es el Partido Popular quien tiene más expolíticos en consejos de administración, incluso en años en que el PSOE gobernó en España, como puede observarse en el siguiente gráfico, referido a las aproximadamente 70 mayores empresas españolas.

El caso particular de España permite reflexionar sobre qué puede estar detrás de la correlación negativa que se produce entre resultados y presencia de expolíticos. Podría pensarse que esta correlación negativa es fruto del buen funcionamiento de las instituciones: aunque se intenta, el lobbying no fructifica. Sin embargo, una interpretación alternativa podría ser que los gestores coluden con personajes políticos para protegerse ante posibles OPAs en detrimento de los accionistas o para “expropiar” a los accionistas minoritarios.

Nuestros resultados en el artículo de la revista académica SERIES apuntarían en esta dirección. Ahí vemos cómo las empresas cotizadas en promedio no se vieron afectadas por la victoria por sorpresa del PSOE en 2004, pero que las más conectadas políticamente sí lo hicieron, y habitualmente en sectores, como el energético, sometidos a oleadas de OPAs. Una tercera interpretación, no incompatible con esta, sería que los gestores, cuando proponen el nombramiento de expolíticos, incurren en un sesgo conductual de “visibilidad”: por la misma razón que los delanteros centro altos están sobrevalorados en el mercado de fichajes de futbolistas, también los políticos famosos están sobrevalorados en el mercado de consejeros de grandes empresas.

Podría pensarse también que si la presencia de expolíticos no redunda en un rendimiento favorable para los resultados de la empresa, no hay de qué preocuparse. Sin embargo, en el caso de los sectores regulados (que es donde la presencia de expolíticos es más numerosa), al tener los sistemas de regulación una tendencia a por lo menos cubrir los costes de las empresas, los mayores costes derivados de un mal control corporativo, provocado por la presencia de expolíticos contraproducentes para el desempeño de la empresa, tenderán a traducirse en precios altos para los consumidores o altos costes de rescate financiero cuando ello es necesario (piénsese en Bankia).

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