Cuidado con sacar al BCE de la Troika
Buenas noticias para la zona euro. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el español (pero europeo en su cargo), Pedro Cruz Villalón, ha declarado que el programa de compra de bonos soberanos del Banco Central Europeo (BCE), más conocido como OMT por sus siglas en inglés, podría ser legal, bajo ciertas condiciones. El uso del condicional es importante porque la “opinión” del Abogado General, un letrado que asesora al Tribunal y que en el 90% de los casos anticipa la sentencia, no es vinculante.
El TJUE, con sede en Luxemburgo, emitirá su sentencia en otoño. Si sique la recomendación del Abogado General, y finalmente el Tribunal Constitucional Alemán (que fue el que cuestionó la legalidad del OMT) acata el fallo, estaríamos ante un paso muy importante para la definitiva “irreversibilidad” del euro. El OMT salvó la moneda única en el momento más crítico de la crisis, en el verano de 2012, cuando España (que era demasiado grande tanto para caer como para ser rescatada, too big to fail and too big to be rescued) tuvo que pedir un préstamo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para rescatar su sistema bancario. En su día, después de declarar que el BCE iba a hacer todo lo necesario para salvaguardar la integridad del euro, Mario Draghi avisó que el OMT solo se podía activar bajo cierta condicionalidad. El país receptor tendría que negociar un rescate financiero con el MEDE y someterse a un plan de reformas de la Troika (es decir, ceder parte de su soberanía).
A estas condiciones, el Abogado General del TdJEU añade ahora las suyas, que levantarán bastante debate: 1) El uso del OMT tiene que ser proporcional (un término ambiguo que traerá un intenso debate entre economistas y juristas); 2) El BCE tiene que explicar al detalle por qué es necesario activar el OMT (esto es recomendable, pero a veces un banco central no puede contarlo todo); y 3) Si se activa el OMT, el BCE debe abstenerse de formar parte de la Troika. Esto tiene mucho sentido. El BCE es la única institución responsable para la política monetaria (y en esta parcela los jueces no deben entrometerse porque les falta conocimiento y experiencia, argumenta Cruz Villalón), pero en materia de política económica el BCE no tiene ninguna competencia, por lo tanto no puede sentarse a negociar con los estados miembros de la zona euro en dificultades.
Sin embargo, esta exclusión puede traer problemas. Las políticas monetarias, económicas y fiscales no son compartimentos estancos. Son más bien ámbitos que se entrelazan. Es por eso que el secretario del Tesoro y el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos se ven con regularidad. El personal del BCE (sobre todo ahora que se ha convertido en el supervisor bancario) es la institución que más conocimiento tiene sobre el sistema bancario de cada país. ¿Se puede hacer un análisis del estado de la economía de un estado miembro de la Eurozona, y qué hay que hacer para mejorarla, sin tener en cuenta el sistema crediticio? Seguramente no.
Por otra parte, el BCE durante esta crisis (para bien o para mal, sus posiciones se pueden criticar), se ha mostrado como la institución más abiertamente europeista de la Troika. El FMI es una institución internacional, y la Comisión Europa durante la crisis ha estado demasiado a la orden de los Estados miembros, sobre todo de los más fuertes, como Francia y Alemania.
Está claro que el BCE no tiene ninguna legitimidad para decidir las políticas económicas de los estados miembros de la Eurozona, y eso hay que remediarlo. Pero, ¿la tiene el FMI o la Comisión Europea? ¿La tiene el MEDE? ¿O incluso el Eurogrupo, formado por los ministros de economía y finanzas de los estados miembros? A falta de un verdadero ministerio de finanzas europeo, que sería realmente quien tendría la legitimidad democrática para negociar los programas de reformas con los estados necesitados, el BCE (por su poder político y conocimiento técnico) ha tenido que llenar, en parte y sin legitimidad, ese vacío. La solución no puede ser quitarlo del medio sin crear algo más legítimo que lo sustituya.
