Libre circulación: primero los rumanos, ¿después los españoles?

El Reino Unido liberal, cosmopolita y protector de los derechos de las mujeres en temas como el aborto ha levantado la bandera de la restricción en la política migratoria. El 1 de enero de 2014 supuso el fin de la moratoria laboral para los trabajadores rumanos y búlgaros, un acontecimiento que ha generado una ola de pánico en la prensa británica.

Tabloides como el Daily Mail o The Sun han dedicado una amplia cobertura a narrar la vida en pueblos aislados y empobrecidos en Rumanía, y han dado una gran cobertura gráfica a gitanos rumanos que mendigan en la zona de Marble Arch, una de las zonas más ricas y emblemáticas de Londres.

La agitación ha ido más allá de la prensa y ha provocado declaraciones grandilocuentes de dirigentes del Partido Conservador, del primer ministro David Cameron y de miembros del gabinete, prometiendo que el Gobierno de coalición estudiará cómo limitar la inmigración comunitaria y anunciando un conjunto de medidas que restringen el acceso a las prestaciones sociales para ciudadanos europeos.

Asimismo, Cameron ha confirmado que, si su partido gana las elecciones previstas en 2017, la libertad de movimiento se renegociará como parte de una revisión amplia de la relación del Reino Unido con la UE. También ha anunciado que tras las próximas elecciones organizará un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.

Ante este panorama cabe hacerse dos preguntas: ¿qué está sucediendo?, ¿por qué el Reino Unido teme la migración rumana y está dispuesto a limitar la libertad de movimiento? La respuesta sencilla son unas siglas: UKIP. La respuesta correcta es mucho más compleja.

La reciente emergencia del UKIP (United Kingdom Independence Party) ha alterado la competición electoral en el Reino Unido, obligando a los principales partidos a tener en cuenta su agenda restrictiva en asuntos de inmigración. Su éxito en las pasadas elecciones locales de mayo de 2013 fue un toque de atención para los partidos políticos tradicionales y, sobre todo, para los conservadores y liberal-demócratas.

El UKIP ganó 147 concejales, añadiendo 139 más a los 8 que había logrado en 2009. El 23% de los votos fueron a parar al UKIP, que resultó el tercer partido más votado después del Partido Laborista (38% de los votos) y el Conservador (31% de los votos). Conservadores y liberal-demócratas perdieron 335 y 124 concejales, respectivamente, en el cómputo total.

El UKIP no ha logrado aún representación en el Parlamento de Westminster, pero ha estado cerca de conseguirlo en la circunscripción de South Shields, donde se celebraron elecciones parciales en mayo de 2013 para ocupar el escaño dejado libre por la retirada de David Miliband.

South Shields es un distrito electoral donde los laboristas han ganado sin interrupción desde 1935. La elección parcial de este escaño puso al UKIP en segundo lugar (con el 23% de los votos), tras los laboristas, que resultaron de nuevo ganadores (con el 50% de los votos). Sin embargo, el UKIP quedó muy por delante de los conservadores (terceros, con el 11% de los votos).

La clara derrota de los conservadores y el éxito del UKIP en una circunscripción históricamente laborista forzó a ambos partidos a prestar mayor atención a las propuestas del UKIP y a sus votantes. Éstos son, en su mayoría, adultos de mediana edad (el 71% tiene más de 50 años de edad) y con menos ingresos que los votantes conservadores y laboristas. Además, ambos partidos comenzaron a hacerse más sensibles a las propuestas programáticas del UKIP, entre las que destacan sus medidas restrictivas respecto a la inmigración proveniente de Rumanía y Bulgaria.

Pero ¿por qué el Reino Unido teme la migración rumana? ¿Existen elementos objetivos que justifiquen ese miedo? Para muchos británicos, la inmigración rumana recuerda a la inmigración polaca. Tras la adhesión de Polonia a la Unión Europea en 2004, el Reino Unido abrió su mercado de trabajo a los trabajadores polacos. Y muchos vinieron. Hoy en día, más de 700.000 polacos viven y trabajan en el país.

Con este antecedente, algunos temen que pueda producirse una avalancha de inmigrantes rumanos y búlgaros. Además del precedente polaco, ha de tenerse en cuenta el alto sentimiento antiinmigración que históricamente ha caracterizado al Reino Unido. Mientras que los datos comparados muestran un aumento del rechazo a la inmigración en toda Europa, los británicos destacan, a la cabeza de la clasificación, por sus visiones negativas de la inmigración (ver figura 1).

En la actualidad, hay 80.000 rumanos trabajando en el Reino Unido y es poco probable que este número aumente significativamente tras el fin de la moratoria en enero de 2014. Con la ampliación de la UE de 2004 al centro y este de Europa, de los 15 Estados miembros anteriores, sólo tres países –Reino Unido, Irlanda y Suecia– abrieron plenamente sus fronteras a los nuevos ciudadanos comunitarios. De esta apertura se beneficiaron en particular los ciudadanos polacos. En 2014 las restricciones para los trabajadores rumanos y búlgaros terminaron en nueve Estados miembros, entre ellos en España. Los 16 países restantes dieron libre acceso antes de esa fecha.

Los temores de la prensa británica no tienen en cuenta, además, los cambios que ha experimentado Rumanía en los últimos años. Los ingresos se han incrementado un 30% en la última década, y el país tiene un crecimiento medio anual del PIB del 4%. Por otra parte, si los rumanos y búlgaros deciden emigrar, es más probable que se dirijan hacia Italia y Alemania, respectivamente, antes que al Reino Unido, debido a la cercanía cultural y lingüísticamente con esos países más cercanos y donde ya existen comunidades numerosas de rumanos y búlgaros.

Un estudio encargado por la BBC en abril de 2013 encontró que sólo un 15% de los rumanos y un 26% de los búlgaros que han considerado buscar trabajo en el extranjero tienen al Reino Unido entre sus destinos preferidos (ver figura 2).

Rumanía y Bulgaria son los Estados miembros más pobres de la Unión Europea. La razón última del temor en el Reino Unido a una oleada de inmigrantes provenientes de ambos países es la llegada de un número significativo de rumanos y búlgaros, particularmente de etnia gitana, con el fin de beneficiarse de la protección de asistencias sociales disponibles en ese país. El UKIP, así como los conservadores y más recientemente los laboristas, ha anunciado su intención de limitar el acceso a estas prestaciones por parte de ciudadanos comunitarios.

Sin embargo, baste citar un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales en Londres que demuestra con datos que los migrantes de otros países de la UE, incluidos los rumanos y búlgaros que ya están en el Reino Unido, son menos propensos a solicitar prestaciones sociales que los propios británicos y más proclives a realizar una contribución neta a la economía británica.

En concreto, entre 2001 y 2011 los inmigrantes del Espacio Económico Europeo (UE más los tres países asociados) han realizado una contribución neta en impuestos y cargas sociales del 34%, con un valor equivalente a 22,1 mil millones de libras (26,6 mil millones de euros). Por ejemplo, el Reino Unido se está beneficiando de la inmigración rumana mediante la contratación de médicos ya formados y con experiencia para sostener el Servicio Nacional de Salud británico, lo que está creando serios problemas para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en Rumanía, como recientemente ha aparecido en la prensa internacional.

A pesar de las llamadas en favor de un debate razonable y racional sobre la inmigración, con hechos y cifras, el debate en el Reino Unido está claramente sesgado. En los últimos días se ha conocido que el Gobierno británico trató de esconder los resultados de un informe de investigación que confirmaba la contribución positiva de los inmigrantes de otros países europeos a la sociedad británica.

De esta manera se pretende dar voz a las percepciones negativas de sectores de la sociedad británica marginalizados, a personas que con el tiempo han desarrollado fuertes sentimientos antiinmigración y que son proclives a pensar que cualquier inmigración, ya sea alta o baja, es perjudicial, con independencia de sus beneficios económicos. Estos sectores de la sociedad británica han sido a menudo olvidados por la clase política y no tenidos en cuenta en el diseño de políticas públicas de inclusión social, en una sociedad, la británica, por lo demás, altamente desigual.

Estos sectores humildes, además, han sufrido en primera línea los recortes sociales fruto de las políticas de ajuste en estos largos años de crisis. Como consecuencia, se han empobrecido aún más y se encuentran mal equipados para competir en uno de los mercados laborales más competitivos y más desrregulados del mundo. Si se hubieran desarrollado antes políticas de inclusión social destinadas a apoyarles, quizá se podría haber evitado su sentimiento de extrañamiento del conjunto de la sociedad.

Ahora, en el presente debate sobre restricciones a la inmigración, los partidos tradicionales parecen buscar reengancharlos en el sistema, centrándose en unos temas, los del mercado laboral y las prestaciones sociales, donde la agenda neoliberal ha hecho grandes destrozos, pero donde la retórica nacionales versus extranjeros ha resultado ser muy influyente.

En estos momentos, la libertad de movimiento en la Unión Europea está siendo cuestionada más que en cualquier otro momento de la historia reciente. Alemania, Austria y los Países Bajos se han unido al Gobierno británico y están presionando para limitar la libertad de movimiento en la UE.

El 15 de enero, el Parlamento Europeo acogió un debate sobre este asunto. El resultado de esta reevaluación de la cuarta libertad del Tratado de la UE, la libertad de movimiento, es probable que acabe con una limitación de este derecho. La revisión va afectar a todos los ciudadanos europeos, incluyendo a los españoles que han llegado esta mañana a Londres.