Dos federalismos

Del reciente debate entre Ramón Jáuregui (PSOE) y Joan Coscubiela (ICV), organizado por Federalistes d'Esquerres, caben apuntar algunas consideraciones con la pretensión de aportar algo al debate público sobre la cuestión catalana.

En primer lugar, hay que recordar que el derecho de autodeterminación, efectivamente pensado para los territorios no autónomos (colonias) del Capítulo XI de la Carta de las NN.UU., no supone necesariamente la independencia, sino decidir el futuro de la colonia. El Principio VI de la Resolución 1541 (XV) plantea tres opciones de autodeterminación: la separación, la libre asociación y la integración en un Estado. En el contexto colonial autodeterminarse implica decidir sobre esas tres opciones. En un sentido más amplio, puede entenderse como decidir el futuro de una comunidad. Así, el derecho a decidir sería la traslación del derecho de autodeterminación colonial a un caso no colonial, como es el de Cataluña, en virtud del llamado principio democrático.

En segundo lugar, el pacto entre los Gobiernos del Reino Unido y de Escocia, por el que aquél cede a éste la competencia de convocatoria del referéndum de autodeterminación de acuerdo con el art. 30 de la Scotland Act de 1998 (Outcouncil of Law), incluye expresamente la pregunta, que plantea si los escoceses quieren separarse o no del Reino Unido, sin dar lugar a una tercera opción.

En el caso español, el art. 150.2 regula que se transfieran o deleguen competencias estatales “que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”. Si las Cortes rechazaran la transferencia o delegación de la autorización para la convocatoria del referéndum, competencia establecida como estatal tanto en el 149.1.32 CE como en el 2.1 de la LO/1980, podría aplicarse el artículo 92, de tal forma que sería el Gobierno central el que convocara directamente un referéndum consultivo en Cataluña. Esto implicaría una interpretación extensiva del mismo, pues habla de referéndums “entre todos los ciudadanos”, se entiende españoles. El profesor De Carreras propone una reforma constitucional previa para modificar este artículo, pero quizá el informe preceptivo del Consejo de Estado y una cuestión previa de constitucionalidad podrían permitir la aplicación del artículo con esa interpretación extensiva y autorizada por ambas instituciones sólo para Cataluña. De esta manera, además, podría consultarse a la ciudadanía catalana sobre su futuro sin reconocer una soberanía previa –que es lo que rechazan PP y PSOE-, al ser el Gobierno central el que convocara el referéndum directamente.

Tercero: si algo puso de manifiesto el debate de l'Hospitalet fue la plasmación de dos federalismos distintos: el nacional, orgánico y cooperativo del PSOE, y el plurinacional, autodeterminista y pactista de ICV. Cuando se habla de federalismo en Cataluña no se habla de lo mismo que en el resto de España. La propuesta de los socialistas españoles implica la evolución del Estado Autonómico hacia un Estado federal de tipo cooperativo, mientras que el federalismo que se defiende al otro lado del Ebro es el del pacto federal entre Cataluña y España.

Esta dicotomía entre federalismo nacional y federalismo plurinacional es la que marca la línea de fractura entre las izquierdas españolas. El federalismo plurinacional implica la transformación de España en un Estado compuesto por diversas naciones políticas y soberanas. En cambio, el federalismo del PSOE mantiene la soberanía nacional del pueblo español en su conjunto, respetando el actual artículo 1.2 de la Constitución y reconociendo, todo lo más, las singularidades históricas, culturales y geográficas de los territorios. Es una propuesta que tiene su antecedente histórico en las bases de federalismo orgánico que Nicolás Salmerón y Eduardo Chao presentaron en la III Asamblea del Partido Republicano Federal de 1872, frente a las del federalismo sinalagmático de Pi y Margall, y que el profesor Gumersindo Trujillo estudió detenidamente en su tesis doctoral.

El problema del federalismo plurinacional es que cualquier reforma política del Estado requiere el acuerdo mayoritario de los españoles. Es posible que la ciudadanía española aceptara la evolución federal que plantea el PSOE, pero no parece probable que aprobara la quiebra de la soberanía nacional. Es una propuesta que tiene un amplio seguimiento en medios académicos y políticos de algunos territorios, pero que es minoritaria en el conjunto del Estado, dada su configuración como un Estado de diversas nacionalidades pero con una dominante.

Dominante, pero no total. La situación actual es el resultado de la insuficiente nacionalización castellana del liberalismo del siglo XIX, que en su momento reconocieron Ortega y Fernando de los Ríos. El conflicto se plantea cuando la propuesta plurinacional, apoyada mayoritariamente en Cataluña y País Vasco, es rechazada también mayoritariamente en el resto del Estado. Si ya es difícil que una propuesta moderada como la del PSOE vaya a cuajar ante la negativa del PP a la reforma constitucional, la del federalismo plurinacional resulta altamente improbable. Lo que nos lleva a una separación cada vez mayor, a nivel político y social, entre las opiniones públicas de Cataluña y País Vasco y del resto de España sobre la naturaleza política del Estado. Es por ello que iniciativas que amplíen los espacios de diálogo entre ambos federalismos, como la de Federalistes d'Esquerres en Hospitalet, son necesarias.

Finalmente, todo este embrollo tendría un mejor cauce de solución si el proyecto europeo se definiera. El proceso constituyente de verdad debería ser a nivel europeo, hacia un Estado federal o al menos hacia una Confederación bien trazada, con los espacios competenciales y de soberanía bien claros, y superando el actual doble ámbito de decisión entre Unión (Comisión y Parlamento) y Estados (Consejo y Consejo Europeo) que paraliza la eficacia de Europa como proyecto común. Estamos en un punto aproximado de Confederación económica que quiere y no puede, condicionada por las resistencias alemanas, con un marco político difuso que genera pérdida de control sobre las decisiones económicas y déficit democrático. Mientras Europa siga así, no tenemos más remedio que reorganizar bien nuestro propio Estado y volver a debatir sobre conceptos políticos que en el mundo actual están quedando desfasados. Pero es la insuficiencia del proceso europeo la que nos obliga a ello. Una Europa políticamente unida permitiría integrar los diferentes niveles administrativos que ahora chocan en el ámbito del Estado-nación. El debate que estamos teniendo en casa sobre organización federal y reparto de soberanías lo deberíamos tener, de una vez por todas, a nivel continental.