Nuestra Bankia

Bankia, la entidad financiera que pertenece mayoritariamente al Estado, es decir, a los contribuyentes, al parecer está funcionando la mar de bien. Durante las últimas semanas sus gestores han propagado con satisfacción los excelentes resultados cosechados durante la primera mitad del año. Dicho en otras palabras, tenemos una entidad financiera que gana dinero, que recupera clientes y cuyo único problema, por lo visto, es que se trata de un banco público.

La historia se puede contar de otra manera con mayor realismo. Bankia existe hoy porque hace tan solo dos años fue salvada con dinero público español y europeo, con la garantía de los ciudadanos de este país. Hablando con propiedad, Bankia es nuestra, de quienes la hemos recuperado. Las ayudas directas de capital han ascendido a 22.424 millones de euros y las indirectas (avales, adquisición de activos por la SAREB, el llamado banco malo, y los créditos regalo del Banco Central Europeo [BCE]) superan los 120.000 millones.

En los costes de la crisis de Bankia hay que añadir además el sacrificio de los 5.000 trabajadores que han perdido su empleo y el expolio a los pequeños ahorradores (titulares de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas) que quedaron fuera del arbitraje, cuyas pérdidas representan una parte importante de los 14.750 millones que ha soportado este colectivo en todo el sector financiero intervenido.

En todo caso, si la entidad ha registrado cierta recuperación es en la medida en que ha vuelto hacia la banca de particulares y a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Ha sido un giro hacia sus orígenes, a Caja Madrid, la entidad de ahorro más antigua de España, que antes de su privatización era un buen ejemplo de gestión austera, eficiente y responsable.

Con estos elementos, resulta difícil entender la obsesión por la privatización de Bankia a toda costa, una operación que difícilmente servirá para recuperar las cuantiosas ayudas recibidas de los contribuyentes. Los ejemplos de Nova Galicia Banco y CatalunyaBanc son elocuentes. Sus privatizaciones han supuesto la certificación de unas pérdidas de 9.000 y 12.000 millones, respectivamente. Y la privatización parcial del 7,5% del capital de Bankia el pasado febrero solo generó 1.300 millones, lo que indica una vía difícil para recuperar las ayudas.

Lo que hemos visto es que el lobby financiero español y el Gobierno han aprovechado la crisis para liquidar las entidades de ahorro. España se ha convertido en un país extraño en Europa por la falta de banca pública.

La banca pública y las estructuras de bancos cooperativos y cajas de ahorros no son una anomalía en Europa. Todo lo contrario. Forman parte de los múltiples equilibrios que integran el modelo europeo. El caso español es una rareza que solo se explica por razones ideológicas; es el diseño de un sistema en el que únicamente tienen vida una quincena de instituciones privadas, dominadas por Santander, BBVA y Caixabank. Tras la liquidación de las cajas —con la honrosa excepción de las entidades locales de Ontinyent y Pollença—, el sector de las cooperativas de crédito resiste con una cuota de mercado del 6% en un entorno de pocas simpatías por parte del Banco de España, que preferiría su conversión en bancos convencionales.

La verdad es que las entidades públicas y las cooperativas forman parte del sector financiero europeo. En Alemania, por ejemplo, la Asociación de Bancos Públicos agrupa a 65 instituciones y emplea a 76.000 trabajadores que gestionan un balance de más de tres billones de euros. Ejemplos de bancos públicos o cooperativos con cuotas de mercado superiores al 30% del mercado los encontramos en Austria, Holanda, Francia, Italia y Suiza. En Alemania, una parte de las ayudas públicas fueron dirigidas a la banca pública y ello no ha implicado su liquidación. El Gobierno era muy consciente de que tenía que proteger al sector que más financiaba a la economía.

En Francia, que cuenta con una poderosa banca mutualista, el Gobierno actual ha promovido una nueva banca pública, Bpifrance, que tiene previsto invertir 8.000 millones hasta 2017.

En España, tras los estragos de la crisis financiera y la mínima implantación de la banca pública, limitada al ICO, cobra mucho sentido la Plataforma por la Banca Pública, que pretende sustancialmente evitar la privatización de Bankia. El objetivo es crear una banca pública con finalidad social y bajo control democrático.

Los promotores de la iniciativa propugnan la realización de una auditoría pública, realizada por técnicos de la administración, para determinar “qué deuda hay que devolver y qué deuda es ilegítima”. Consideran que el consejo de administración de la nueva entidad debe elegirse de forma democrática y transparente y que es inaceptable que en un banco público su presidente y su primer ejecutivo estén ganando 500.000 euros anuales.

La Plataforma por la Banca Pública aboga por “el cierre de las sucursales que la entidad mantiene en paraísos fiscales”, “la condonación de las deudas a todas las personas desahuciadas y la paralización de los despidos de trabajadores tanto en la parte financiera como en su obra social”.

En Andalucía, el Parlamento ha aprobado, con los votos del PSOE e IU, la creación de un Instituto Público de Crédito para facilitar la financiación a las pymes y a los autónomos, y en consecuencia la creación de empleo.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]