Futuro sostenible para las cuencas de carbón

Tras un intenso y duro proceso de negociaciones entre los Estados miembros y la Comisión Europea en diciembre de 2010, el Consejo Europeo aprobó la decisión por la que se prolongaban cuatro años más las ayudas o subvenciones a la minería del carbón. Así, frente a la primera intención de clausurar la minería en 2014, pasamos a rebañar cuatro años más para el apoyo económico con dinero público a la fuente de energía más contaminante y principal responsable del cambio climático.

Por esta decisión del Consejo, 2010/787/UE, las ayudas estatales podían continuar hasta el año 2018 siempre y cuando fueran para facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas y para aquellas cuyo cierre estuviera planificado irrevocablemente para ese año.

En diciembre de 2013, el plan de cierre español fue rechazado por la Comisión porque no preveía la clausura planificada de ninguna mina, pero en paralelo sindicatos, empresas del carbón y el Ministerio de Industria acordaban el Marco de Actuación para el período 2013-2018, que a día de hoy no se ha podido cumplir, fundamentalmente por ser incompatible con la normativa europea.

Por si fuera poco, la CE dio además el visto bueno al Real Decreto 134/2010, por el que se incentivaba la quema de carbón nacional en la generación de electricidad, con la condición de que ninguna prolongación del mecanismo de restricciones por garantía de suministro -bajo el que se había aprobado dicho RD- tuviese lugar más allá del 31 de diciembre de 2014. En los cuatro años de vigencia del RD, las grandes empresas eléctricas obtuvieron a través de sus centrales térmicas unos ingresos de casi 5.000 millones de euros. 

Así, año tras año, parecía que nunca llegaría el fin de las ayudas al carbón, y mientras tanto no han parado de publicarse numerosos informes respaldando los impactos ambientales de la quema de carbón, los impactos directos del cambio climático y los graves daños en la salud que se producen debido a la contaminación del aire.

ACUERDO INTERNACIONAL

A esta multitud de nueva información, datos y evidencias hay que sumarle el reciente Acuerdo Internacional del Clima, por el que los gobiernos del mundo (195 Estados más la UE) asumieron en París el compromiso de contribuir con todos los esfuerzos necesarios para mantenernos lo más alejados posible del aumento de temperaturas de 1,5 ºC  y reducir las emisiones a cero lo antes posible.

Cualquier política que vaya dirigida a impulsar el uso de cualquier combustible fósil será contraria a los acuerdos internacionales e irresponsable e insolidaria con nosotros mismos y nuestros descendientes por no responder a nuestra capacidad de actuación para frenar los impactos del cambio climático ni los daños a la salud.

Recientemente, el Gobierno en funciones del Partido Popular parece que ha alcanzado un principio de acuerdo con la Comisión Europea por el que se aumentan las ayudas directas a la extracción del carbón y en el que se incluirá por fin el plan de cierre de la minería. Pero para recibir estas ayudas, las compañías mineras tienen que ir reduciendo su producción de forma paulatina a partir de enero de 2017 con el objetivo de cesar en su actividad extractiva el 31 de diciembre de 2018. No entraré en el debate de la eficacia de dar más dinero a la minería, pero sí quiero señalar que para evitar engaños y decepciones posteriores nadie debe perder de vista que las nuevas ayudas al carbón, en caso de aprobarse, son para incentivar el cierre. 

La Comisión también ha confirmado que no habrá más subvenciones para el uso de este combustible fósil ni para su quema, ni para que las grandes eléctricas adapten sus instalaciones térmicas a las exigencias ambientales, ni para la extracción del mineral después de 2018.

Sólo nos queda un año y medio; a más tardar, el 1 de enero de 2018 cualquier mina que haya recibido ayudas para su clausura tendrá que cerrar o devolver todo el dinero. Frente a este panorama, más nos vale ser responsables y colaborar conjuntamente para exigir que cualquier ayuda vaya destinada a garantizar un futuro verde para las cuencas mineras, como la creación de empleos sostenibles, la sustitución de las energías sucias por las energías limpias, la mejora de la eficiencia energética o el consumo sostenible.

Que después de tantos años no tengamos un plan justo para la transformación del sector y que no haya apenas ejemplos positivos de un uso correcto de los fondos mineros es algo que a todos nos produce miedo, frustración e indignación por la situación de las familias de las cuencas mineras. 

Sólo nos queda exigir a cada político, empresa, representante de los trabajadores, colectivo y persona, que coopere para escribir una historia que abra un abanico de alternativas y garantice un futuro justo, limpio y responsable para las cuencas mineras.

*Tatiana Nuño Martínez es responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

[Este artículo ha sido publicado en el número de junio de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]