La Seguridad Social está en la UCI y el Gobierno ni se inmuta

Uno de los aspectos más escandalosos de la gestión de Mariano Rajoy y que tristemente queda fuera del foco, tanto de las negociaciones para la investidura como del debate sobre su gestión económica, son las pensiones. La Seguridad Social –quizá el pilar más importante y simbólico de todo el Estado del bienestar- ha entrado literalmente en la UCI con pronóstico gravísimo: en un pispás y sin pestañear, el Gobierno se está comiendo la hucha de las pensiones con un déficit que no deja de crecer y que en 2015 alcanzó la cifra mareante de 16.000 millones, cota que con toda seguridad se superará este año.

Lo más escandaloso no son ni siquiera las terroríficas cifras, sino la frialdad con que se elaboran año tras año los presupuestos de la Seguridad Social, absolutamente irreales en el campo de los ingresos, como ha denunciado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sin que las sucesivas tarjetas rojas provoquen el más mínimo pestañeo del Gobierno, que hace como si no se enterara. Es tan evidente que la Seguridad Social agoniza y que sus presupuestos son irreales que la política de Rajoy ni siquiera puede ser tachada de incompetente. Es imposible serlo tanto.

Necesariamente, pues, los objetivos deben de ser otros: la enésima aplicación de lo que Naomi Klein llama “la doctrina del shock” para fomentar “reformas ineludibles” cuando el agujero haya escapado de control.

Las “reformas” que se propondrán ya las sabemos: hachazo a las pensiones públicas y fomento de las privadas. Hace décadas que el poder financiero –y sus think tanks y medios asimilados- intentan acabar con el modelo público de reparto –en el que los trabajadores de hoy pagan las jubilaciones de hoy- y cambiarlo por uno de capitalización, en el que todo el mundo ahorra para su propia pensión futura con la ayuda de los bancos.

Pese a las toneladas de esfuerzos que han dedicado a este objetivo tan lucrativo para la banca, España ha quedado fuera de esta moda, y las pensiones privadas no logran despegar, por mucho que se les ayude desde el Gobierno con desgravaciones y todo tipo de propaganda en los medios controlados por la banca. Básicamente por dos motivos: porque el modelo público funciona muy bien –de ahí la presión permanente para empeorarlo- y porque los resultados de los planes privados son nefastos: todos los informes internacionales advierten que la rentabilidad del producto en España es bajísima, sobre todo por las altas comisiones.

En Alternativas Económicas hemos contado esta situación en las páginas de la revista y también en vídeo. Pero los grandes medios –casi todos bajo control de la banca- suelen ocultarnos esta parte del debate y ponen todo el acento en difundir informes alarmantes sobre las pensiones públicas sin hablar jamás de cómo mejorar el modelo. Estos informes son periódicos y suelen elaborarlos los principales actores del mercado de pensiones privadas. Evidentemente, se trata de aprovechar una crisis en la Seguridad Social para cambiar el modelo en medio del pánico generalizado y hurtando el debate de cómo podría mejorarse el sistema actual.

Soluciones técnicas hay muchas, como elevar el tope de cotización en los salarios altos o, sobre todo, complementar los ingresos con impuestos o a través de los presupuestos generales: ¿Acaso no se financia con impuestos la Casa Real? ¿Por qué no las pensiones? ¿Por qué no intenta Felipe VI a convencer a los trabajadores para que financien sus reales actividades mediante cotizaciones específicas?

Ahora, con la ayuda del Gobierno de Rajoy y su descarada gestión de la Seguridad Social, parece acercarse al fin el momento tan largamente soñado por los actores del negocio de las pensiones privadas en España en que finalmente pueda aplicarse la doctrina del shock. Sin embargo, esta oportunidad de oro les llega en el peor de los momentos posibles: justo cuando el modelo de capitalización hace aguas en todo el mundo.

Este verano, los problemas que este modelo lleva ya en el ADN y que la propaganda oculta sistemáticamente han quedado ya a la vista de todos por el agravante del efecto de los bajos tipos de interés –incluso negativos-, que parece que van a durar tiempo. Con rentabilidades tan bajas, los planes basados en la capitalización –públicos o privados- van con seguridad a la quiebra porque son incapaces de hacer rendir el dinero para pagar las comisiones de los gestores y dar buenas jubilaciones a unos clientes que llevan años haciendo aportaciones y que ahora empiezan a jubilarse en masa.

El Financial Times, diario de referencia de los liberales pese a que sólo lo citan cuando les conviene, acaba de iniciar una serie con el significativo título de Low yelds, high stress (bajos intereses, alto estrés) con algunos datos que convierten las dificultades que afronta el modelo de reparto español en una broma: en EE UU, el agujero de los planes de pensiones –públicos o privados, todos se basan en el sistema de capitalización- suma la friolera de 4 billones de dólares. Desde 1999, sus activos han crecido el 105%, y este es el dato que suelen subrayar los medios, pasando por alto que los compromisos de pago de pensiones adquiridos en el mismo periodo han subido simultáneamente el 278%.

El otro ejemplo clave que ha implosionado este verano es Chile, el gran modelo de capitalización tantas veces aludido por los neoliberales sin importarles demasiado que lo impusiera a la fuerza Augusto Pinochet. El sistema hace tiempo que amenaza derribo. En Argentina, la catástrofe de un modelo gemelo fue abortada por intervención de Cristina Kirchner, pero ahora incluso en Chile la situación se ha vuelto insostenible: centenares de miles de personas han tomado las calles este verano para protestar por un sistema que, después de toda una vida de cotizar, sólo es capaz de ofrecer pensiones de miseria, que oscilan entre un tercio y la mitad del salario.

Muchos sectores reformistas intentaron, sobre todo en la década de 1990, que España también se pasara al modelo chileno y para ello lanzaron todo tipo de “informes académicos”. La entidad que más se significó fue el Círculo de Empresarios bajo la batuta de Claudio Boada, hoy miembro del Consejo Administración del Grupo Prisa, editora de El País.

El debate sobre las pensiones en España hace años que es un auténtico escándalo.