A pesar de las expectaciones de apertura y de obtener libertades civiles, suscitadas por los acontecimientos recientes, las autoridades iraníes siguen condenando y encarcelando a numerosos artistas, periodistas y activistas. Las condenas se suelen basar en “delitos” tan mal definidos que Amnistía Internacional cree que se utilizan para restringir el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión.
Uno de los casos recientes es el cineasta kurdo iraní, Keywan Karimi, que ha sido condenado a seis años de prisión y a recibir 223 latigazos por “insultar a santidades islámicas” y por “propaganda contra el sistema” entre otros cargos. Amnistía Internacional tiene entendido que hasta la última vista del juicio no se informó al cineasta de que se enfrentaba al cargo de “insultar a santidades islámicas” debido a un videoclip musical que las autoridades habían encontrado en el disco duro de su ordenador, que es por el que se le ha impuesto la condena de seis años de prisión. Anteriormente se le acusaba de “propaganda contra el sistema”, cargo que no se mencionó en absoluto en la sentencia. Este último cargo se le atribuye por su película de 2012 Neveshtan Rooye Shahr que versa sobre graffitis callejeros de Teherán. Salvo un tráiler publicado en YouTube, la película no se ha proyectado públicamente. Tras su detención, Keywan Karimi fue recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Evin de Teherán, sin acceso a un abogado. Amnistía Internacional ha lanzado una campaña pidiendo la anulación de su condena.
Este patrón de actuar contra personas pacíficas se repite continuamente en Irán. Otro caso relevante es el de la pareja condenada el pasado agosto: Arash Sadeghi, ex activista estudiantil, y su esposa Golrokh Ebrahimi, condenados a 15 y 6 años de prisión respectivamente por su activismo en las redes sociales. No se ha permitido a los abogados escogidos por Arash Sadeghi ocuparse del caso no pudiendo acceder al sumario, ni en el proceso de instrucción, ni una vez abierto el proceso oral. El Tribunal permitía tan sólo la defensa por un abogado de oficio, oferta que rechazó Arash por lo que no hubo asistencia letrada en el juicio.
En Irán, los procedimientos judiciales suelen vulnerar las garantías de acceso a la justicia. En concreto los tribunales revolucionarios, que implican las penas más graves. Las personas acusadas de haber cometido delitos relacionados con la seguridad o con la delincuencia organizada, sujetos a penas de amputación, cadena perpetua y pena de muerte, sólo pueden elegir su defensa letrada durante el proceso de instrucción y dentro de una lista de abogados aprobados por el presidente de la Magistratura.
En junio del pasado año, se aprobó un nuevo código procesal penal en el ordenamiento jurídico iraní. Entre las reformas que se introdujeron aparece una que siempre ha sido objeto de las peticiones de Amnistía Internacional: el derecho de acceso y elección de un abogado en el momento de la detención y durante todo el proceso de instrucción o investigación. Sin embargo, este derecho no es disfrutado por todos los encausados. Los procesados por los Tribunales Revolucionarios no se beneficiarán de estas reformas. De esta manera, se está vulnerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Irán es parte desde 1975, el derecho de todos a tener acceso a un juicio justo. Esto incluye el derecho de elección de un abogado durante todas las etapas del proceso penal. No sólo se trata de una vulneración del derecho internacional, sino que igualmente supone una violación del propio ordenamiento iraní, ya que su Constitución prevé también este derecho.
Keywan Karimi, Golrokh Ebrahimi, Arash Sadeghi... estos nombres representan a todas las personas en Irán que a día de hoy siguen sin tener garantizado su derecho efectivo a obtener un juicio justo. Y a todas las personas perseguidas solo por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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