Cuando se cumplen tres años de la “Revolución del 25 de enero” que condujo al derrocamiento de Hosni Mubarak como presidente de Egipto, las esperanzas generadas por ese movimiento se han debido enfrentar a “tres armas de represión”: leyes represivas, unas fuerzas de seguridad sin control y un poder judicial sometido a los designios del gobierno. Un reciente informe de Amnistía Internacional documenta los acontecimientos de los últimos meses, tras el derrocamiento de Mohamed Morsi en julio de 2013, que sirven para ilustrar estas tendencias.
La aprobación de nuevas leyes represivas queda simbolizada por medidas como la ley de reuniones promulgada en noviembre, que otorga al Ministerio del Interior amplios poderes para anular o cambiar de recorrido las manifestaciones y ofrece un marco legal para el uso excesivo de la fuerza . Desde entonces, las fuerzas de seguridad han disuelto reiteradamente manifestaciones pacíficas y los tribunales han encarcelado a activistas por infringir la ley. Así, los activistas Ahmed Maher y Mohamed Adel, miembros del movimiento juvenil 6 de abril, y el bloguero Ahmed Douma han sido condenados a tres años de prisión con trabajos forzados y al pago de una multa por haber participado en una manifestación no autorizada a finales de noviembre. Pese a que la nueva Constitución aprobada en referéndum reconoce la libertad de reunión, las medidas tomadas en la legislación y en la práctica contradicen este compromiso.
La libertad de asociación sigue asimismo amenazada. Desde hace años, las autoridades egipcias han dificultado el trabajo de las ONG de derechos humanos, impidiendo que se registraran oficialmente y recibieran financiación del extranjero y asediando a su personal. En la actualidad se está preparando una nueva legislación que permitiría endurecer el control sobre la sociedad civil. Otro blanco de las medidas represivas en este ámbito lo constituyen las entidades afines a la Hermandad Musulmana: después de que en diciembre las autoridades consideraran a este grupo una “organización terrorista”, sin presentar pruebas de ello, se ordenó al Banco Central de Egipto la congelación de las cuentas bancarias de más de mil sociedades benéficas vinculadas a la Hermandad Musulmana.
Preocupan también las detenciones y juicios de periodistas, pese a las promesas de las autoridades de garantizar la libertad de prensa, y el hecho de que la nueva Constitución, aunque afirma la igualdad de género y establece el deber del estado de proteger a las mujeres de todo tipo de violencia, sigue refiriéndose al compromiso de la mujer de combinar sus obligaciones familiares y laborales, algo que no sucede en el caso del hombre. Cabe recordar que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Egipto, exige el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones familiares.
Tras la legislación, la impunidad de las fuerzas de seguridad constituye el segundo pilar del actual contexto de represión de los derechos humanos en Egipto. Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi, 1400 personas han muerto a consecuencia de la violencia política, la mayoría a causa de la fuerza excesiva empleada por las fuerzas de seguridad. Aunque más de 500 simpatizantes del expresidente murieron a principios de agosto tras la dispersión de una sentada en Egipto, no se ha llevado a cabo ninguna investigación adecuada ni se ha acusado a ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con estos sucesos.
Sin abordar esta impunidad, Egipto no podrá establecer un nuevo sistema basado en el respeto por los derechos humanos: el círculo de abusos sólo se romperá cuando el Estado de derecho se aplique a todas las personas. Aunque en diciembre el presidente Adly Mansour creó un comité de investigación para examinar los abusos cometidos desde junio, su mandato es impreciso y no incluye la posibilidad de determinar responsabilidades penales individuales. Por otra parte, hasta el momento no se han publicado los resultados de ninguna de las investigaciones encargadas desde la “Revolución del 25 de enero”.
En este contexto, la falta de independencia del poder judicial es un tercer motivo de preocupación. Amnistía Internacional observa cómo se perpetua una tendencia a la “justicia selectiva”, expresada en el tipo de asuntos elegidos por la fiscalía para abrir investigaciones y procesamientos. Así, mientras que millares de partidarios de Mohamed Morsi han sido detenidos por participar en manifestaciones o pertenecer a un grupo prohibido, se ha hecho caso omiso de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.
Los últimos meses han mostrado asimismo cómo se amplía la represión a los detractores del gobierno relacionados con la “Revolución del 25 de enero”, como los líderes de movimientos juveniles, activistas políticos, blogueros y activistas de los derechos humanos.
Modificar las leyes represivas, reformar las fuerzas de seguridad y garantizar la independencia del poder judicial son, de este modo, pasos esenciales para que Egipto recupere la trayectoria del Estado de derecho y los derechos humanos y dé respuesta a las esperanzas generadas por la “Revolución del 25 de enero”.
A ello también debe contribuir la comunidad internacional, pidiendo explicaciones a Egipto de forma más severa en espacios como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y manteniendo la suspensión de todas las transferencias de armas, municiones y material conexo a Egipto que se pueda utilizar para cometer violaciones de los derechos humanos.
Sobre este blog
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