APDHA denuncia que Interior no activa la calefacción en las celdas de las cárceles andaluzas

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha lanzado este viernes duras críticas ante las “insignificantes medidas” tomadas por las administraciones para hacer frente a la pobreza energética y, más en concreto, se han referido a la situación que se vive en las cárceles. Salvo en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), “Instituciones Penitenciarias ha decidido no activar la calefacción en las celdas de las personas presas, como medida de ahorro económico y a costa de la salud de las personas internas”, denuncian.

Según ha informado desde Córdoba la APDHA, “pese a disponer de los sistemas para ello”, el organismo dependiente del Ministerio del Interior mantiene esta “restricción” cuando en algunas provincias se alcanzan los 5 grados bajo cero en mitad de la noche. Los presos, según relata la asociación, “tienen que llenar una botella con agua caliente en la cama para conciliar el sueño”. APDHA tiene previsto interponer una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y Estatal por una actuación que consideran “inhumana” y que “lesiona el derecho a la salud de los ciudadanos privados de libertad”.

La organización señala que ha recibido numerosas quejas de los familiares, entre ellos ancianos y menores, que en las visitas tienen que soportar con indignación bajas temperaturas, “cuando las dependencias de funcionarios y abogados se encuentran debidamente acondicionadas”.

La APDHA critica que Andalucía sea “la única comunidad en la que no se respeta la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece el deber de encender la calefacción”. Los 13 centros penitenciarios andaluces albergan el mayor número de presos en el territorio nacional (13.775), seguido muy de lejos por Cataluña, 8.542, y Madrid, con 7.872. En la actualidad, se encuentran internadas en prisión en España un total de 59.622 personas.

Cuestionados por este asunto, fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por este periódico han defendido que la calefacción “se pone todos los días y en todos los sitios” aunque, sin especificar dónde, dicen que “en algún centro puede que algunas celdas no tengan calefacción, depende de la ciudad y depende de la temperatura”. De hecho, las fuentes aseguran que las celdas de los centros penitenciarios de Canarias no tienen calefacción. “Se enciende todos los días; la calefacción se pone”, se limitar a señalar en general, sin poder concretar si el uso es indistinto o si varía dependiendo del lugar del centro penitenciario (celdas, oficinas de los funcionarios, bis a bis, comunicaciones, etc.)

Por otro lado, fuentes de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz consultadas por eldiario.es Andalucía señalan que, acerca del uso de la calefacción en cárceles andaluzas, recibieron quejas de internos de los centros de Huelva y Albolote (Granada) durante 2016. Instituciones Penitenciarias, según apuntan, les informó que se había solucionado el problema. El Defensor también registró quejas de ese tipo en años anteriores procedentes de presos de Córdoba, Puerto I y Puerto II.

Piden la implicación del Ayuntamiento de Córdoba

APDHA ha hecho hincapié especialmente en la situación de la cárcel de Córdoba, criticando que no active la calefacción “en todo el invierno”, exigiendo a Instituciones Penitenciarias “una adecuada climatización” y pidiendo la implicación del Ayuntamiento.

“Sorprende la situación del colectivo de ciudadanos cordobeses privados de libertad, en el que es la propia Administración penitenciaria la que decide voluntariamente imponer un sufrimiento ilegal como es el frío ofreciéndoles exclusivamente mantas. Tratándose de un servicio público residencial debe prestarse al igual que el resto de servicios públicos con las medidas de habitabilidad precisas”, lamenta APDHA en un comunicado.

“La decisión de no activarla en las celdas de las personas presas (con pequeñas excepciones como enfermería o módulo de aislamiento), y algunas zonas comunes (algunas salas de escuela sí y otras no)”, es de Instituciones Penitenciarias “pese a disponer de los sistemas para ello”

“Existe pues, una triple discriminación: frente a los usuarios de otros servicios públicos residenciales (hospitales, centros de mayores, menores, PSH…) del resto de Administraciones; frente a presos de otras prisiones y comunidades; y frente al personal laboral o terceros como abogados que sí disfrutan legítimamente de la misma en el mismo centro penitenciario”, añaden.

También exige APDHA que la Administración Penitenciaria ponga en marcha la calefacción en todas las dependencias del centro y pide al Ayuntamiento, con el que este viernes se ha reunido, que requiera a la Administración central que atienda adecuadamente a los ciudadanos que habitan en dicha localización de Córdoba. “Debe ponerse fin a la evidente discriminación y la lesión del derecho a la integridad física de los ciudadanos privados de libertad. Si convenimos -la Administración también- que para el ciudadano las mantas no son una solución para atajar el frio, para el privado de libertad tampoco lo es”. El Ayuntamiento se quiere sumar a esta denuncia, indica APDHA.

Políticas que “desprotegen aún más a la ciudadanía”

En sentido general, APDHA recuerda que más de cinco millones de personas en España (11% de los hogares) no puede calentar su vivienda en invierno. La situación es “aún más dramática en Andalucía”, que supera en cerca de cinco puntos a la media nacional, alcanzando 1.311.000 personas incapaces de aclimatar su vivienda (15,8% de los hogares).

“No se trata de confort, sino de salud y de vidas humanas”, señalan. Andalucía registra el máximo estatal con la estimación de 1.400 muertes prematuras al año asociadas a la pobreza energética, del total de 7.100 que se calculan en toda España, detalla APDHA del tercer estudio 'Pobreza, Vulnerabilidad y Desigualdad Energética. Nuevos enfoques de análisis. España 2006-2016', editado por la Asociación de Ciencias Ambientales.

Por ello, califican de “miserable” el anuncio del ministro de Energía, Álvaro Nadal, de una nueva subida de 100 euros anuales en la factura de la luz, y consideran que“ lejos de defender los intereses de la población, defienden los intereses especulativos de las eléctricas, que han aumentado de manera indiscriminada las tarifas en los últimos años”. Según concluye APDHA, “las políticas emprendidas por nuestros gobernantes van en el sentido opuesto y desprotegen aún más a la ciudadanía” ya que, según entienden, “las administraciones deben garantizar unos mínimos vitales a la población y entre ellos están como los suministros básicos y no de manera puntual, con las olas de frío”.