Hay temas que son muy relativos, que dependen mucho del punto de vista desde el que se miren, de las ideas y vivencias de quien los trate. En este sentido, resulta especialmente difícil abordar un debate sobre el aborto que se centre en definir cuándo empieza la vida, o en el que cada cual intente plantear su moral particular como criterio común. El respeto a esta diversidad, en una sociedad plural como la nuestra, debe ser garantizado, aunque no dejen de ser necesarias regulaciones para hacer frente a esos conflictos mediante acuerdos y consensos.
Hay otros temas, sin embargo, que son menos relativos, que son cuestión de coger los datos existentes y hacer un análisis veraz de la realidad. De este modo, si centramos el interés en ver qué estrategias se han de utilizar para reducir el número de abortos, y creo que mucha gente se uniría a este objetivo, parece que la cosa deja de ser tan relativa.
Se hace pertinente acudir a los datos estadísticos (Instituto Guttmacher) que evidencian que la tasa de aborto de un Estado no depende de la forma en que éste se regule, sino de las políticas de educación sexual que se pongan en práctica y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. Así, las tasas de aborto más bajas se encuentran en países de Europa (12 por 1000 mujeres), donde el acceso a esta prestación sanitaria no está restringido y las tasas más altas en países de África y América latina (29 y 32 por 1000 mujeres, respectivamente) donde el aborto es ilegal.
La realidad del aborto existe, se gestione como se gestione por parte de los Estados. Ninguna regulación penal persuade a las mujeres que lo necesitan de abortar. La prohibición y restricción, lejos de bajar las tasas de aborto, generan inseguridad jurídica a las mujeres y profesionales sanitarios, aumentan las posibilidades de que se retrase el momento del aborto y de que se recurra a prácticas abortivas de riesgo. En la Declaración del Milenio, firmada por 189 Estados, incluido el nuestro, reducir la mortalidad materna forma parte del 5º Objetivo y el 13% de la mortalidad materna mundial es debida a abortos inseguros.
Para reducir las tasas de aborto hay que disminuir el número de embarazos no deseados, para lo cual hacen falta políticas públicas dirigidas a realizar una mayor y mejor educación sexual, que no se limite a informar sino que eduque en valores - igualdad, autonomía, cuidado de uno/a mismo/a y de los otros/as, diversidad sexual…- , que proporcione recursos y habilidades orientados a posibilitar el ejercicio de una sexualidad libre y responsable, con actuaciones específicas dirigidas a los colectivos con un mayor índice de embarazos no deseados, acceso a los métodos anticonceptivos y a la anticoncepción de emergencia a cargo de la Seguridad Social.
Parece que esa apuesta por la prevención queda reflejada en la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que el PP está amenazando con derogar. Dicha Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual como la mejor forma de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y, finalmente, los abortos. Establece que el Estado debe poner en marcha políticas específicas en materia de educación sexual, incorporando al sistema educativo en esta tarea.
Si finalmente el Gobierno lleva a cabo sus propuestas en este terreno, paralizadas actualmente por la falta de acuerdo interno, se minará el derecho a la salud sexual y reproductiva con graves repercusiones en las mujeres. Se volverá a poner, por otro lado, en tela de juicio su capacidad de decisión acerca de su maternidad, que recaerá, en última instancia, sobre médicos o jueces. Si esto ocurriera, volveremos a salir a la calle (con este Gobierno, no salimos de la calle...) a protestar por este retroceso, enmarcado en la campaña del PP de recortes generalizados en materia de derechos sociales y políticos.
Mientras, como ciudadanía, seguiremos promoviendo una sexualidad responsable, sin prejuicios, libre de mitos y falsas creencias, con valores y criterios democráticos que nos hagan disfrutar y evitar las consecuencias no deseadas.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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