Una violación a una prostituta es una violación, sin matices, y sin matices ni condicionantes deben ser las respuestas ante cualquier agresión sufrida por una prostituta. Y es que como afirma Sonia Verstappen, ex trabajadora sexual y activista de UTSOPI, “las prostitutas son mujeres como cualquier otra y nuestros clientes son hombres como cualquier otro”. Pero para establecer los medios que permitan prevenir cualquier tipo de agresión en este ámbito y asumir responsabilidades hay que atender a que el trabajo sexual no es un trabajo cualquiera.
En España, a quienes trabajan en la prostitución se les niega la condición de trabajadora o trabajador, no tienen ningún derecho laboral reconocido. Es más, cuando hablamos de mujeres que se dedican a la prostitución les negamos automáticamente cualquier capacidad de autonomía y, sin atender a sus circunstancias personales, o condiciones en que la ejercen, caen bajo la condición de víctima (de explotación sexual si son nacionales, de trata para la mayoría de las migrantes).
No parece existir en nuestro país espacio ni lugar en el que sea legítimo exigir medidas y condiciones específicas que atiendan a las necesidades de su actividad laboral. Como dice Gail Pheterson (El Prisma de la Prostitución, 2000), “la prostitución funciona en gran medida a modo de prisma, ya que desvía la atención, desarticula la comprensión, deforma la realidad”, y es que cuando queremos hablar de derechos y necesidades en la prostitución, nos responden “violencia, explotación sexual y trata de seres humanos”.
¿Y cuáles son las respuestas que nuestros Gobiernos e instituciones dan entonces a las trabajadoras del sexo para hacer frente a las posibles agresiones?
Más agresiones, esta vez en forma de violencia institucional. Y es que no cabe otra forma de llamar a esa forma de “poder blando” que se ejerce a través de los diferentes artefactos legales mediante los que se criminaliza su trabajo, aumentando su precariedad y condenándolas a la clandestinidad (llámense Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, Ordenanza Municipal o Plan para la erradicación de la trata, explotación sexual y prostitución). Mientras las instituciones y los Gobiernos sigan estigmatizando y negando a las prostitutas sus plenos derechos como ciudadanas, se estará legitimando todo tipo de agresiones contra ellas.
Las consecuencias de la aplicación de este tipo de medidas son hoy patentes en muchas ciudades españolas. El miedo a las multas y la imposibilidad de continuar ejerciendo su actividad bajo unas condiciones de mínima seguridad y tranquilidad han supuesto, entre otras cosas, que la gran mayoría de las trabajadoras del sexo se hayan desplazado de las calles hacia otros espacios o ciudades. Las que han continuado, lo hacen en la clandestinidad, en lugares más ocultos y por ello desprotegidos. Las redes de apoyo mutuo que anteriormente funcionaban como herramienta para protegerse de posibles abusos han desaparecido, porque trabajan en solitario y evitan formar grupos que las hagan más visibles a la policía, que por otro lado ha dejado de cumplir para ellas un elemento de protección. En este sentido, el miedo a ser multadas o que multen a sus clientes ha supuesto un evidente detrimento en sus recursos de protección, agravando considerablemente la vulnerabilidad de la que parte este colectivo, por el hecho de desarrollar una actividad a la que no se le reconocen los derechos más fundamentales.
Desde la APDHA hemos insistido en numerosas ocasiones en que el reconocimiento del trabajo sexual como actividad laboral es una cuestión urgente y de derechos humanos, porque es la única vía en que las personas obtenemos los derechos y protecciones para desarrollar nuestra actividad laboral. Pero más urgente y necesario es, aún si cabe, el superar el discurso que confunde trata y explotación sexual con prostitución, como medio de hacer visibles las legítimas demandas de un colectivo que está exigiendo derechos y protección para desarrollar su trabajo con dignidad. Los países que, como España, criminalizan la industria sexual, mediante el poder blando o el duro, son responsables de evaluar el daño que producen esas leyes. Es hora de abandonar prejuicios y hacer lo mejor para quienes ejercen el trabajo sexual y para la sociedad en su conjunto.
Talía Ardana, coordinadora área Trabajo Sexual APDHA.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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