Cuando los Presupuestos Generales del Estado echan por tierra el derecho a la salud

Empecemos explicando qué es el Trevicta. Se trata de un medicamento de administración trimestral para pacientes libres que padecen esquizofrenia. Si les ha extrañado ese adjetivo, ‘libre’, detrás de ‘pacientes’, se lo explico. Las personas que sufran esquizofrenia y que están en libertad podrán tomar Trevicta, pero las personas presas no. Una carta de la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria a los centros penitenciarios, del 2 de junio, limitaba el acceso a este medicamento. El pasado 30 de junio, la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria denunciaron esta limitación de fármacos. No es la primera vez que la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria trata de poner límite al acceso de las personas presas a los medicamentos en igualdad de condiciones que a enfermos/as de la población general, yendo totalmente en contra de lo establecido por la Constitución, y no es la primera vez que las organizaciones médicas se rebelan frente a esta situación.

Y pienso en el Trevicta cuando veo los recortes que se han realizado en el ámbito penitenciario en los Presupuestos Generales del Estado aprobados recientemente en el Congreso y en el Senado. La senadora Maribel Mora Grande, portavoz adjunta de Unidos Podemos, en su intervención para explicar el veto al Presupuesto, hizo una muy interesante revisión de qué partidas se habían recortado y cuáles no.

Comencemos por la Sanidad. El Gobierno se había comprometido a realizar la transferencia sanitaria a las comunidades autónomas siguiendo lo que ya se hizo en el País Vasco y su plan era hacerlo traspasando a las comunidades autónomas las partidas establecidas para la sanidad penitenciaria en los presupuestos. Las comunidades autónomas se llevarán una desagradable sorpresa cuando vean estos presupuestos. Se encontrarán que lo que ha hecho el Gobierno es reducir drásticamente estas partidas. Se reduce un 13% en medicamentos, un 32% en conciertos de asistencia sanitaria y un 2% en alimentación. Si en el Informe de 2016 el Defensor del Pueblo decía estar muy preocupado por la situación de la sanidad en las Prisiones, en 2017 intuimos que tendrá que estarlo más.

¿Qué comunidad autónoma se va a hacer cargo de la sanidad penitenciaria en estas condiciones? Aprobar unos presupuestos como estos condena a las personas presas a mantenerse en ese limbo en el que ahora se hallan, con la merma que esto supone para su asistencia sanitaria. Si ya los médicos de sanidad penitenciaria denuncian las órdenes limitando los medicamentos que pueden recetar a sus pacientes, ¿cuántos medicamentos más serán eliminados del interior de la cárceles tras esos recortes? Los derechos sanitarios de las personas presas están claramente devaluados respecto a los de la población en libertad y, con estos presupuestos, esa brecha crecerá.

Los recortes no acaban en el ámbito de la sanidad. Las partidas que tienen que ver con la reinserción, intervención social y alternativas a la prisión se han reducido un 40%. Parece que nadie se acuerda del artículo 25.2 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”.

A esto hay que añadir que no se dedica absolutamente nada a mediación y a resolución pacífica de conflictos, a pesar de que desde el Defensor del Pueblo se había solicitado que se hiciera.

Y si tienen curiosidad por saber qué partida no se recortó, ésta fue la de protocolo. ¡Qué maravilla! A lo que se suma también una partida nueva: ¡un millón de euros para material coercitivo! Ahí se ve que no llegaron los recortes.

Nosotros también vetamos el Presupuesto General del Estado en lo relativo a las cárceles.