Dijo Orwel que “el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez”. Será por esto que no nos resulta difícil imaginar en las caras de los ministros de interior de España y Marruecos la expresión gozosa del deber cumplido al repasar la nota de prensa que emitieron tras su reunión en Tetuán.
En ella se afirmaba que “ambos ministros han reiterado su compromiso para que la lucha contra la inmigración irregular se haga en un marco de respeto absoluto a los derechos humanos y de la dignidad de las personas”. No se puede negar que saben hacer su trabajo.
Con esta reunión y correspondiente nota, ambos estados daban por zanjada la crisis producida por la llegada a las costas de Cádiz de más de un millar de personas inmigrantes que, aprovechando la falta de vigilancia en la costa marroquí, cruzaron el estrecho en embarcaciones de juguete. Algunos pensamos que estas “disfunciones en el dispositivo”, empleando palabras del propio ministro, Mohamed Hassad, eran consecuencia del enfado del Gobierno de Rabat por la investigación que la justicia española está haciendo de la actuación de policías marroquíes durante el salto a la valla del 18 de junio. Otros, quizá mejor pensados, las relacionan con el encuentro en aguas ceutíes de la Guardia Civil con Mohamed VI, el único africano que ha sido capaz de poner firme a un miembro de la benemérita en los últimos tiempos.
El caso es que buena parte de los inmigrantes acabaron retenidos en el Polideportivo desde su llegada hasta el pasado 25 de agosto. Durante todo este tiempo, estuvieron privados de libertad y no dispusieron de asistencia letrada, con lo que se vulneraban a todas luces sus derechos más elementales. APDHA y Andalucía Acoge denunciaron la situación tanto públicamente como ante distintas instancias nacionales e internacionales. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha defendido haciendo uso del lenguaje político, afirmando que se habían garantizado “los derechos de los inmigrantes, siempre de acuerdo con la legislación vigente y bajo la correspondiente supervisión judicial”.
Ciertamente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras echó un capote a las autoridades al denegar la solicitud de habeas corpus que solicitaron ambas asociaciones, declarando que “existía detención, pero que no era incorrecta por no existir privación de libertad”. La jueza debió percibir cierta fragilidad en el argumento puesto que, líneas más abajo, se contradice y afirma que “no ha habido detención porque esos inmigrantes no han cometido ningún delito”. Corresponde en este punto una advertencia a los ciudadanos de Algeciras, ya que la jueza justifica así que la policía encierre a cualquier persona que vaya por ahí sin delinquir.
Quizá para contrarrestar este sonado compromiso de las autoridades españolas con el respeto a los derechos humanos, el Gobierno decide curarse en salud, no vaya a ser que su electorado les perciba blandengues en demasía y, en otras instancias, anuncia que han emitido ya más de 900 trámites de expulsión. Repartidos entre CIEs, ONGs y la calle, el problema político se disuelve y aquí no ha pasado nada. La partida acaba en tablas, “sintonía total” entre los contendientes, pero... ¿y los inmigrantes? A quién le importa a dónde van a parar las piezas cuando abandonan el tablero.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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