La conferencia sectorial de Agricultura acepta el modelo de reparto de ayudas propuesto por Andalucía
La conferencia sectorial de agricultura se ha cerrado con un acuerdo político y ha dejado para septiembre el desarrollo técnico de la PAC. El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha comparecido al término de la reunión con los 17 consejeros del ramo para explicar las claves de un acuerdo político que garantiza que “no habrá 17 políticas autonómicas y evitar transferencias de importes entre agricultores, ganaderos y territorios”.
El ministro ha destacado “el clima de concordia y colaboración” de los responsables autonómicos para cerrar “un acuerdo uniforme” y se ha mostrado convencido de que el pacto entre comunidades permitirá “minimizar los efectos de la convergencia interna” y que los territorios no pierdan fondos en el reparto.
Resultados “satisfactorios”
El consejero andaluz de Agricultura reconoce “resultados satisfactorios para Andalucía”, porque se ha admitido la propuesta de repartir las subvenciones atendiendo a la comarca agraria, lo que “cumple plenamente los objetivos planteados desde el principio y de hecho eran parte de las aportaciones técnicas que hicimos al Ministerio”, ha aclarado el consejero. Además, cree que el acuerdo asegura “que no haya transferencias significativas entre territorios y sectores productivos”. Planas que considera que este pacto garantiza a los agricultores andaluces los 2.000 millones de euros que llegan anualmente de Europa, durante el periodo 2014-2020.
También se ha acordado limitar al máximo la entrada de nuevas hectáreas en el sistema para reparto. Otra de las cuestiones que las organizaciones agrarias han demandado durante toda la negociación, primero en Bruselas y ahora en el debate estatal.
Sin embargo, todo esto no se definirá plenamente hasta septiembre, que es cuando está previsto que se constituyan las siete comisiones técnicas que definirán las fórmulas de aplicación de lo que el ministro ha definido como “flecos” de la negociación. El hecho de que el desarrollo técnico se aplace a septiembre indica, a juicio de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Andalucía, que “se ha avanzado poco”, según el secretario general de la organización, Agustín Rodríguez.
Esta organización no quiere dar por cerrada la negociación “hasta conocer la fórmula técnica de aplicación” de las ayudas y el desarrollo de conceptos como “agricultor activo”. Rodríguez reclama “un acuerdo profesional, no político” y entiende que aún queda tarea pendiente porque existen diferentes posiblidades técnicas que sí pueden afectar a los fondos que llegan a Andalucía. Por eso la organización ha pedido, desde que se cerró la negociación en Europa a finales de junio, que se trabaje con clama para obtener “una fórmula técnica” que establezca con precisión la comarca agraria.
UPA ha cifrado, en varias ocasiones, las pérdidas en Andalucía. Sus cálculos hablan de entre 300 y 500 millones de euros que podrían ir a parar a otras comunidades y que saldrían de las subvenciones que reciben el olivar, el algodón y el tomate industrial.
Para la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) la negociación tampoco está cerrada. Esta organización ha pedido, en un comunicado, más precisón a la hora de definir la comarcalización para “evitar el trasvase de ayudas” hacia otras zonas. Dado el peso que el olivar tiene en las subvenciones comunitarias, las pérdidas afectarían sobre todo a Andalucía y, principalmente, a la provincia de Jaén. Esa precisión incluye, y en esto coincide con UPA, que en el reparto por comarcas además de atender a los cuatro pilares (secano, regadío, cultivos permanentes y pastos) para definir las subvenciones, es necesario diferencias también entre secano y regadío en el caso de los cultivos permanentes, en los que entra el olivar, para evitar trasvase de fondos.
La COAG también ha pedido a la conferencia que desarrolle mecanismos para que las escasas medidas de intervención en el mercado que Bruselas permite puedan actualizarse y, de ese modo, servir al mantenimiento de la renta de los agricultores. En ese sentido pide una revisión de los precios de almacenamiento privado de aceite, que financian la retirada de aceite del mercado cuando el precio de venta está por debajo del coste de producción. COAG pide una revisión al alza del mínimo que fija Bruselas para adaptarlo a los valores actuales.
Los únicos aspectos que la Junta de Andalucía ha criticado es que se deje fuera del marco de subvenciones a los pequeños productores que reciben menos de 300 euros anuales de subvención. No obstante, se establece un plazo para que se agrupen, de modo que no se pierdan esas ayudas en el territorio al que llegan.
Otro aspecto es el límite al máximo de ayudas. La Junta, como algunas organizaciones agrarias, proponía que a partir de 150.000 euros la percepción se redujese un 50 por ciento, para primar a los pequeños productores. El ministerio ha mantenido esta rebaja a partir de los 300.000 euros, un límite que la Junta ha calificado como “insuficiente”.
Este viernes, el consejero se reunirá con las organizaciones agrarias para analizar con detalle el acuerdo.
