Agricultores y consumidores se alían para controlar precios en las estanterías
La reciente aprobación del Proyecto de Ley de la Cadena Agroalimentaria ha sido acogida con cautela, pero también con satisfacción, desde el sector hortofrutícola y las organizaciones agrarias. Con cautela porque ni siquiera las grandes cadenas de distribución, a cuyo abuso de posición dominante se supone que pretende poner coto, se han manifestado en contra. Con satisfacción porque se comparte el objetivo primordial de esta nueva normativa, que no es otro que introducir transparencia en los procesos de comercialización de las frutas y hortalizas y, finalmente, procurar una mejora en las rentas de los agricultores.
La opinión de la distribución
La norma surge por la necesidad de regular un mercado en el que intervienen numerosos operadores y que, con frecuencia, sufre prácticas abusivas por parte de los eslabones más fuertes de esa cadena, básicamente la gran distribución. Contra lo que cabría esperar, desde los grupos fuertes de la distribución no se produce una oposición fuerte a la llegada de la nueva ley. Lo explica Francisco Contreras, máximo responsable comercial de productos perecederos de una de las grandes multinacionales de las compras en Europa, la alemana Edeka, al afirmar que con esta ley, y con la de fomento de integración de las cooperativas, “podremos disponer de interlocutores fuertes, capaces de negociar y cerrar contratos de suministro garantizados que no nos obliguen a diseminar nuestras compras de frutas y hortalizas”.
La opinión de las Organizaciones agrarias
Para productores y consumidores lo esencial está en terminar con los abusos de la distribución mayorista en el establecimiento de los precios finales de los alimentos. De hecho ya se ha puesto en marcha el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos). Hasta ahora eran los agricultores los que denunciaban la gran diferencia entre los que ellos cobran y el precio que paga el consumidor final. Ahora, organizaciones agrarias y de consumidores se han unido. Todos los primeros martes de cada mes publicarán una lista que recogerá los precios del mes anterior. En total 25 productos habituales de la cesta de la compra, desde frutas y hortalizas hasta productos cárnicos, que será elaborada de forma conjunta por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), la Unión de Consumidores de España (UCE) y la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, (CEACCU).
Andrés Góngora, responsable nacional del sector de frutas y hortalizas de Coag, confía en que la nueva ley de la cadena agroalimentaria venga a poner un poco de orden en un sector “en el que los abusos son constantes porque el precio final del producto representa en ocasiones cerca de un mil por mil con respecto a lo que percibe el agricultor, un abuso que perjudica al primer eslabón de la cadena, el agricultor, y también al último, el consumidor”.
La opinión del Ministerio
Para el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, poner en marcha esta ley, y la de la integración de cooperativas en grupos más fuertes, debería servir para obtener precios más “razonables” en el mercado nacional, y al mismo tiempo buscar una mayor eficacia en los mercados internacionales al acabar con los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena alimentaria.
No es, en cualquier caso, un objetivo fácil de conseguir, pero en buena medida de su consecución depende la supervivencia del sector agrario. La pérdida de renta asociada a esos desequilibrios entre los precios en origen y en destino han provocado ya el abandono de cultivos en toda Europa. Francisco Contreras explicaba en la última edición de la Fruit Attraction de Madrid que el descenso de la rentabilidad ha hecho que la producción agraria en Europa descienda en torno a un 25 por ciento en los últimos años, eliminando actores de un sector que es un pilar esencial de cualquier economía nacional o comunitaria, desde el punto de vista del abastecimiento y evidentemente desde el del empleo.
La Ley de la Cadena Agroalimentaria introduce mecanismos de control en los mercados destinados a mejorar la obtención de valor añadido en las producciones agrarias, instrumentos como la obligatoriedad de contratos en las transacciones comerciales de alimentos, la prohibición de pagos adicionales no recogidos en los contratos, el control de la competencia desleal entre marcas, o de la información sobre las ofertas de las diferentes empresas a sus clientes o a sus suministradores.
El consumidor final
Para permitir que el cumplimiento de la nueva norma sea adecuado se ha establecido también un régimen de sanciones capaz de convencer a los dudosos, porque recoge multas que pueden ir desde 3.000 euros en los casos más leves hasta el millón de euros para los graves, sanciones aplicables a cualquier eslabón de esa cadena que se pretende regular.
Agricultores, comercializadores, cooperativas agrarias firmas comerciales o la industria agroalimentaria se unen en la opinión de que el principal beneficiario de la aplicación de la ley será el consumidor final “en términos de libertad de elección, calidad e innovación”, según han expresado de forma conjunta en un comunicado. Horacio González Alemán, director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) decía que es urgente contar con un marco transparente del que la cadena agroalimentaria carecía hasta ahora, y un sistema capaz para dirimir los conflictos que surgen con frecuencia en las relaciones comerciales, un modelo similar al que ya se aplica en el Reino Unido, donde la Administración pública juega un papel determinante en el control de esa cadena.
