Alaya pregunta a la Fiscalía qué tribunal debe investigar a políticos aforados en el caso ERE

La jueza Mercedes Alaya ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que informe sobre qué tribunal es competente para investigar a los aforados que han sido señalados en el caso de los ERE, entre los que figuran parlamentarios autonómicos y nacionales como los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, la magistrada ha dictado una providencia con fecha de este mismo viernes en la que pone de manifiesto que ya se han practicado las diligencias necesarias relacionadas con los aforados señalados y por ello da traslado al fiscal para que informe sobre la “competencia” de la investigación al amparo del artículo 759 de la Ley de Enjuicimiento Criminal.

La Fiscalía ya se pronunció al respecto el pasado marzo cuando solicitó formalmente a la jueza que dividera la causa en piezas separadas y eleve al Tribunal Supremo la que se correspondería con la presunta participación de los exdirigentes andaluces, es decir, la parte de la causa relativa al “procedimiento específico” presuntamente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas. La jueza, que no se pronunciaba expresamente sobre la petición de que se elevara al Supremo la parte de los aforados, rechazó dividir el caso días después y argumentaba que toda la causa está de alguna manera interrelacionada y que había riesgo de “fallos contradictorios” si cada de las piezas toma rumbos diferentes.

Entre los aforados que han sido mencionados en la causa figuran los expresidentes de la Junta Manuel Chaves --ahora diputado en el Congreso-- y José Antonio Griñán --actual senador--, los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila --ahora parlamentarios autonómicos-- y el también exconsejero José Antonio Viera --actual diputado en el Congreso--. Alaya insistía el pasado diciembre en que los aforados se personaran en los ERE “si ese fuera su interés”.

Los diputados o senadores mencionados están aforados ante el Tribunal Supremo y los parlamentarios andaluces lo están ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por ello la petición realizada por la juez para que el fiscal se pronuncie sobre el tribunal que debe seguir investigando a los aforados.

En la providencia de este viernes, y según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla hace referencia al artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo que recoge las reglas que regulan las cuestiones de competencia que se promuevan “entre juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria”.

Éste sería el último paso antes de que la juez instructora se inhiba a un tribunal superior mediante una resolución judicial conocida con el nombre de 'exposición razonada de motivos', en la cual lleva trabajando varios meses y que todo apunta a que se notificará a lo largo de la próxima semana.