Alaya, Magdalena Álvarez y el “antes partía que doblá”
La jueza Alaya rechazaba en un reciente auto que se pudieran grabar las declaraciones judiciales que están teniendo lugar en el caso de los ERE fraudulentos. La declaración del martes, cuando comparezca Magdalena Álvarez, sería digna de verse. Parece que Magdalena podría declarar, no como sus predecesores en la causa, su viceconsejero, José Salgueiro. Dos mujeres de marcado carácter en sus respectivas parcelas, frente a frente en el despacho judicial: los duros interrogatorios de la jueza y una imputada que ya dijo una vez que, ella, “antes partía que doblá”.
Alaya negó a una de las defensas la posiblidad de registrar audiovisualmente las declaraciones. La jueza argumentó que así se evitaría que se tomara lo dicho por un imputado “como si se tratara de cualquier vídeo de sobremesa, contribuyendo a una morbosidad innecesaria y a convertir un procedimiento judicial de extraordinaria importancia en una absoluta comparsa”. Lo cierto es que el nombre de Magdalena Álvarez, vinculado al caso de ERE desde que el pasado 2 de julio trascendiera la imputación una veintena de exaltos cargos de la Junta, fue el primero de trascendencia nacional vinculado a la investigación. Y entre los que participan de cerca en el caso, se espera con expectación la comparecencia de Álvarez.
La cuestión es que, declare o no la exconsejera, el encuentro está servido. Los exdirectores de Presupuestos, Antonio Lozano y Buenventura Aguilera, se acogieron a su derecho a guardar silencio pero hubo tiempo para que ambos tuvieran sus más y sus menos con la jueza, muy incisiva en sus interrogatorios. Que se lo pregunten al exinterventor general. “Si usted quiere declarar, hágalo, pero no siga con este teatro”, le llegó a decir al exviceconsejero de Presidencia.
Los argumentos de Alaya para imputar a Álvarez, apoyados por la Fiscalía Anticorrupción, inciden en que la entonces consejera de Economía y Hacienda fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la Orden de 4 de junio de 2003. Dicha transferencia venía usándose para el pago de ayudas sociolaborales desde el año 1999 al 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de Presupuesto como concepto de financiación, si bien los créditos para los pagos de las ayudas sociolaborales mediante transferencias se realizaban con modificaciones presupuestarias.
La también exministra de Fomento en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defenderá que los delitos de los que se le acuse (es de prever que prevaricación y malversación, como a otros exaltos cargos) están prescritos, dado que responden a la aprobación de una Orden, la mencionada, de hace más de diez años; y que además la ha colocado en una situación de indefensión.
Es de suponer que las transferencias de financiación y las modificaciones presupuestarias centren las preguntas y respuestas, así como unas leyes de Presupuesto que, partiendo de los Anteproyectos elaborados en la Consejería de Economía y Hacienda, “eran frontalmente contrarias a gran parte del ordenamiento jurídico”, según la tesis mantenida por la jueza durante toda la investigación y que así le hizo constar verbalmente a José Salgueiro, 'mano derecha' de Magdalena Álvarez durante sus diez años como consejera.
