Alaya imputa en los ERE a un exconcejal del PP y a dos exdirigentes de CCOO y UGT

La jueza Mercedes Alaya ha imputado a otras 15 personas en la causa de los ERE, entre las que se encuentra el exconcejal del PP de La Carolina Ramón Polo, también exdiputado popular por Jaén. Alaya acumula ya 166 imputados y, en esta nueva tanda, también han resultado imputados el que fuera secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montesinos, y el exsecretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia.

Alaya, además, ha citado a declarar el próximo día 29 de abril al “tándem” formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo “entramado societario” recibió de la Junta 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, como se recogía en el informe de la Guardia Civil conocido hace unas fechas, según indica en el nuevo auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

La jueza imputa además a varios 'intrusos' incluidos a instancias de la mediadora Vitalia, como Miguel Ángel Muñoz y Alfredo Pérez, ambos naturales de la provincia de Jaén y que fueron incluidos en el ERE de Primayor “a pesar de que no habían trabajado en dicha empresa”; y a Manuel Morales Larrubia y Ramón Polo, ambos vecinos de La Carolina y que fueron incluidos en las pólizas derivadas de las ayudas concedidas a las empresas Gres Vilches y Cerámicas Syre, “para las cuales no habían trabajado”. Sobre ellos, “no sería desacertado apuntar indiciariamente” que el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas “habría tenido algún tipo de participación en la inclusión de estos 'intrusos'”, asevera la jueza.

Hace justo ahora tres años, en abril de 2011, el PSOE-A pidió que se investigara la inclusión en el ERE de Gres de Vilches de Ramón Polo, entonces asesor del alcalde de la localidad, José Enrique Fernández de Moya. El aún alcalde dijo que fue el PSOE el que lo había metido y que Polo no era militante del PP ni tenía “ningún tipo de vinculación con el PP” de La Carolina.

En relación a José Luis Montesinos, al que cita a declarar este mismo viernes junto a otros tres imputados, Alaya señala que “sería responsable de la inclusión en pólizas de algunos de sus miembros, como por ejemplo el caso de Rosario Esteban Ruiz, viuda de José Manuel Cuesta Sánchez, vinculado a Fiteqa-CCOO, quien sería beneficiaria de una póliza de rentas suscrita con Fortia Vida en el que el tomador y responsable del pago sería Vitalia”.

Al hilo de ello, la instructora dice que del atestado recibido sobre la actividad de Vitalia “se ponía de manifiesto la existencia de evidencias de que los sindicatos se convertirían para Vitalia en una importante fuente de información sobre empresas en crisis que pudieran estar interesadas en procesos de reestructuración de plantilla y a cambio recibirían dinero de esta consultora, bajo la justificación de 'toma de datos de los trabajadores' o incluso 'cálculos (actuariales) de contraste'”.

“De las diligencias policiales ahora presentadas, y particularmente de la documentación recogida por la Policía Autonómica de Cataluña, se desprende que se formalizaron pólizas a miembros de los sindicatos en las que figuraba como tomador la propia Vitalia, quien asumiría el pago de las primas como contraprestación a la ayuda e influencia de los sindicatos en la elección de la consultora para actuar en los procesos de reestructuración laboral”, asevera la juez.

GESTIÓN DE SUBVENCIONES

En el auto, la juez Alaya también alude a la entidad Gestifesa, cuyo objeto social sería la gestión de subvenciones y que habría realizado los estudios de viabilidad relativos a las empresas Refractarios y Derivados Azahara Textil, e Hitemasa.

Alaya, en esta línea, imputa a José Ángel Martín Moreno, administrador único de Gestifesa, empresa “que recibiría, procedentes de los fondos públicos andaluces y por influencia de Guerrero, cantidades por prestación de servicios consistentes en planes de viabilidad de las empresas Refractarios y Derivados, Azahara Textil --que no consta-- e Hitemasa, cuando los mismos debían haber sido satisfechos por las empresas indicadas, a menos que por la Administración Pública se hubiera suscrito el oportuno contrato de servicio”.

La juez, asimismo, acuerda la detención y presentación en el juzgado para tomarle declaración como imputado del dueño de Gestifesa, José Ángel Martín Moreno.

Igualmente, imputa al gerente provincial de Faecta en Córdoba, Francisco Moyano, pues dicha empresa “sería beneficiaria de una subvención de 20 millones de pesetas sin mediar solicitud alguna, presuntamente para ejecutar un plan de viabilidad inexistente, justificando inadecuada y falsariamente la aplicación dada a la cantidad recibida”, en referencia al plan de viabilidad para extrabajadores deAzahara Textil de Córdoba que posibilitara la reinserción de 39 trabajadores de esta extinta empresa al sector de la automoción.

ORGANIGRAMAS DE LAS EMPRESAS

La juez señala que, según las diligencias practicadas por la Guardia Civil, la materia “finalmente impartida a estos extrabajadores sería la prevención de riesgos laborales y la gestión de empresas cooperativas respectivamente, no la automoción como recogía el convenio”, a lo que se suma que Faecta facturó por alquiler de local para dar los cursos, “cuando en realidad los mismos fueron impartidos en dependencias del Ayuntamiento de Córdoba cedidas gratuitamente a tales fines”.

Además, y “a pesar de que la duración de los cursos fue de tres meses, el alquiles y las nóminas se correspondieron con seis mensualidades”, pero pese a que las irregularidades fueron detectadas por la propia Junta, “en fecha 15 de febrero de 2013 el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo declara la no procedencia de nulidad del convenio de colaboración, al considerar que Faecta no fue auténtica beneficiaria de la ayuda, por lo que acuerda no exigir el reintegro de la subvención concedida”.

Además de imputar a Francisco Moyano, la juez reclama a la Guardia Civil que requiera a Faecta su organigrama a nivel regional en la fecha en que se produjeron los hechos.

En el auto, la magistrada cita a declarar a Sayago y Rosendo el próximo 29 de abril, junto a Eduardo Manuel Lora, quien “habría participado directamente en la concesión de determinadas ayudas”, ya que como administrador “de hecho” de Virgen del Espino “ejercitaría el control de esta sociedad utilizándola para que adquiriera los fondos públicos, aprovechándose presuntamente de las relaciones y tratos de favor que mantendría con los responsables públicos investigados, con objeto de conseguir resoluciones a favor de la citada sociedad”.

También cita el 5 de mayo a Manuel Valdecantos y Pascual Capputo, ambos vinculados al Grupo Barbadillo y que fueron consejeros de Matadero de la Sierra Morena desde 2003, “fecha en la que dicho grupo empieza a adquirir participaciones de la entidad Tierra Virgen de Alimentación con la intención de introducirse en el grupo empresarial vinculado a Rosendo y Sayago, comprando Barbadillo la mayoría de las participaciones sociales de Matadero de la Sierra Morena a partir del 24 de noviembre de 2005”.

“A partir de esta adquisición, Matadero de la Sierra Morena pasaría a participar en el cien por cien” de varias empresas “del círculo empresarial” de Rosendo y Sayago, recibiendo a partir de 2006 varias subvenciones de la Junta, varias de ellas con cargo a los fondos europeos.