Alaya imputa al exviceconsejero Lozano delitos de prevaricación y malversación
“Si usted quiere declarar, hágalo, pero no siga con este teatro”. La jueza Mercedes Alaya, que ha imputado delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al exviceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano, se ha dirigido así al exalto cargo de la Junta después de que su abogado no se mostrara conforme respecto a cómo se estaba desarrollando el interrogatorio por su supuesta participación en el caso de los ERE en su etapa como director general de Presupuestos de la Junta entre 2002 y 2009.
Finalmente, Lozano se ha acogido a su derecho a no prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dado que, a su juicio, no se le estaban respetando las garantías en este momento del proceso judicial y “se estaban vulnerando derechos fundamentales”, según ha asegurado su abogado, José María Mohedano, a la prensa tras la interrumpida declaración. Con anterioridad, la jueza había rechazado la petición de suspensión planteada previamente por el letrado, quien solicitó aplazar su declaración hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla no resuelva su recurso contra el auto en el que la juez le imputaba junto a otros 19 cargos o exaltos cargos.
Durante la comparecencia final de petición de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía no han solicitado ninguna, mientras que el PP y Manos Limpias han solicitado que se le imponga la cantidad de 76 millones de euros de fianza de responsabilidad civil, cantidad procedente de las doce modificaciones presupuestarias en las que presuntamente habría participado Lozano, cifradas en 57 millones (más un tercio de dicha cantidad, 19 millones, como prevé la ley), según la tesis de la jueza, que resolverá posteriormente sobre la imposición de medidas.
Alaya ha insitido a Lozano en su presunto conocimiento de los hechos que se investigan por su cargo a la hora de elaborar los presupuestos de la comunidad y por su supuesta participación en las citadas modificaciones presupuestarias en la partida 3.1.L, así como que “ordenaría ilícitamente, de acuerdo con otros, la inclusión en el anteproyecto de la Consejería de Empleo de la partida indebida de transferencias de financiación”.
El hecho que ha derivado en la interrupción de la declaración, por considerar Lozano que tal y como se está produciendo la declaración no se estaban respetando sus garantías, ha sido cuando su abogado qusio hacer constar que la jueza le había dicho al imputado que estaba haciendo teatro. Alaya, según el acta de la declaración, quiso hacer constar que efectivamente se le ha hecho el comentario a Lozano que con la referencia a la merma de su garantía y con el anuncio antes del receso de que no iba a seguir declarando por tal motivo que 'estaba haciendo teatro' pero que estaba en su derecho a hacerlo.
Alaya, previamente, ha podido dar traslado a Lozano de los hechos que le imputa pero éste, según su abogado, no ha podido leer su imputación. Al comienzo del interrogatorio, el abogado del imputado ha amenazado con que su cliente no prestaría declaración si no se recogían textualmente sus respuestas, a modo de dictado, algo a lo que no ha accedido en un primer momento la jueza, que ha llamado varias veces la atención del abogado por los gestos y señales que lanzaba a Lozano, negándole la posibilidad de un receso e instándole a separarse de su cliente para que no le tocara la chaqueta ante alguna de sus preguntas.
El abogado José María Mohedano ya tachó de “inquisitoriales” las formas de Alaya durante la toma de declaración a imputados, por lo que en el acto de este miércoles ha habido cierta tensión, según fuentes del caso, y sucesivas protestas por parte de la defensa. En ciertos momentos, “ha sido la expresión máxima de la falta de respeto”, ha denunciado posteriormente ante los medios.
En este punto, la tesis de la defensa plantea que la preparación de las distintas partidas y de los presupuestos corresponde a los distintos departamentos de la Administración, y que no son son elaborados por la Dirección General de Presupuestos que dirigió durante siete años Antonio Lozano, quien ha negado durante el interrogatorio que tuviera conocimiento de irregularidad alguna, ha indicado expresamete que dicha Dirección “no tiene competencias en la decisión sobre las partidas” y que “entre sus competencias no esta la aprobación ni la propuesta de modificaciones presupuestarias”, reconociendo que “se producen reuniones con todas las Consejerías para coordinar y tramitar el Anteproyecto de Presupuestos”.
Según consta en la imputación concreta de los hechos, “durante los ejercicios económicos en que desempeñó dicho cargo, ordenaría ilícitamente de acuerdo con otros, la inclusión en el anteproyecto de la Consejería de Empleo de la partida indebida de transferencias de financiación al IFA, la 440 que se había creado con anterioridad al Presupuesto vía modificación presupuestaria, que vendría a sustituir el crédito para gastos de subvenciones (partida 481), que era la que se había recogido en Presupuestos anteriores para la financiación del programa 31.L (antes 22.E), y que se había destinado por la referida consejería de Empleo a la concesión de subvenciones socio-laborales”. Según Alaya, “esto mismo ocurrió en las doce modificaciones presupuestarias que tramitó constante el presupuesto, que importaron la suma de 57.011.392 euros, y que se realizarían indebidamente para incrementar la partida de las transferencias de financiación al IFA”.
