Alaya imputa a otras 34 personas en el caso de los ERE y ya son 265
No parece que la jueza Alaya vaya a concluir pronto la instrucción de los ERE. Acaba de imputar a otras 34 personas, con lo que el número de implicados asciende a 265, y ha concretado y ampliado las imputaciones contra siete exaltos cargos de la Junta de Andalucía por su supuesta participación en la concesión de ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La novedad en el caso de los ERE casualmente ha coincidido con que el TSJA haya informado favorablemente de la petición de la jueza para prorrogar su incorporación a la Audiencia. Parece que no va a estar de más.
Alaya, en un auto fechado este 6 de febrero y al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, insiste sobre estas ayudas que “el denominador común es la ausencia de procedimiento, carentes en la mayor parte de los casos de solicitud y de documentación justificativa”. Así, acuerda llamar a los distintos beneficiarios de las mismas en calidad de imputados entre el 23 y el 27 de marzo, es decir, la semana después de la celebración de las elecciones andaluzas.
Se trata de administradores y gerentes de empresas o cooperativas dedicadas al turismo, los embutidos y los quesos, almazaras de aceite. Alaya se refiere a la estructura societaria vinculada al 'tándem Rosendo-Sayago', que habría acumulado 55 de los 85 millones en ayudas a empresas concedidas en Andalucía entre 2001 y 2010, y cuyo vínculo común serían sus relaciones con el exdirector General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, quien hubiera favorecido o permitido la concesión de dichas ayudas.
En cuanto a responsables públicos, se han ampliado las imputaciones contra los exonsejeros Antonio Fernández (Emploe) y Martín Soler (Innovación), los exdirectores de Trabajo de la Junta (Francisco Javier Guerrero, Agustín Barberá y Juan Márquez) y los exdirectivos de la agencia IFA/IDEA Manuel Enrique Rodríguez, Francisco Mencía Morales y Miguel Ángel Serrano Aguilar. Todos ellos están ya citados para el próximo 7 de abril. También imputa a Antonio Diana, exalcalde de El Pedroso, y Carmelo Montero, exalcalde de Guadalcanal, y el que fuera alcalde de El Real de la Jara entre 1985 y 2007, José Antonio Méndez Sánchez. Los tres, exregidores del PSOE.
En este sentido, además de ampliar la imputación sobre Benítez por tes ayudas, detalla que bajo la responsablidad de Barberá se emitirían resoluciones de ayudas por importe de 5'3 millones, suscribiéndose convenios con IFA/IDEA por importe de 4,8 millones y se ordenarían pagos por importe de 14 millones. Asimismo, siendo Francisco Mencía director general de IFA, suscribiría junto a Guerrero convenios por las ayudas analizadas por importe de 11,6 millones.
Por lo que respecta a Miguel Ángel Serrano procede ampliar también su previa imputación, concretando la misma en el sentido de que, durante el tiempo que fue director general de IDEA, suscribiría junto a Guerrero convenios por las ayudas descritas en el auto por importe de 4'2 millones. Y por lo que se refiere a Martín Soler, amplía la imputación por lo que se refiere a las ayudas concedidas durante el tiempo que fue Consejero de Innovación y Presidente de IDEA (desde abril de 2009 a marzo de 2010), cuando se llevaron a cabo convenios con la Dirección General de Trabajo para el pago de las subvenciones referidas por importe de 499.500 euros, desembolsándose desde esa agencia fondos por importe total de 487.500 euros.
Citados los peritos de la Intervención General del Estado
La jueza, además, ha citado para el próximo 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado a fin de que ratifiquen el informe que realizaron sobre las irregularidades en diciembre de 2013. Alaya, además, acude a doctrina del Tribunal Supremo para defender que los hechos que investiga no habrían prescrito. En ese sentido, alude a declaraciones ya efectuadas en sede judicial, como la declaración de Manuel Enrique Rodríguez Contreras, en octbre de 2013, aunque los hechos se remonten diez años atrás.
Alaya, a la vista de las conclusiones expuestas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pide elevar copia de su atestado al Tribunal Supremo “para su unión a las actuaciones que dicho Alto Tribunal tramita en relación a determinados imputados que ostentan la condición de aforados”. Además, comenta haber tenido conocimiento “a través de notificas publicadas en prensa, que se ha hecho entrega al Tribunal Supremo por parte de la defensa de determinados imputados de la presente causa, de un informe pericial firmado por dos catedráticos de derecho tributario”, publicado en este periódico, “en relación al uso de las transferencias de financiación”. La jueza considera “necesario disponer de dicho informe antes de la ratificación señalada” por lo que “procede elevar atento oficio al Supremo para que si a bien tiene, remita a este juzgado copia del informe pericial presentado”.
Su objetivo es, según explica, que en la ratificación los señores peritos (Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago) “puedan dar cumplida respuesta a las cuestiones que en el ámbito de su informe se susciten”, por lo que se deberá dar traslado al equipo pericial del escrito de 21 de febrero de 2014, junto con los documentos presentados por la representación legal del exinterventor general de la Junta, Manuel Gómez, “a cuya actuación se dedicaba una parte del informe pericial, conteniendo dicho escrito diversas alegaciones al informe”.
Prórroga en el juzgado y el CGPJ no lo ve claro
Por otro lado, el TSJA ha informado favorablemente de la petición de Alaya para que se prorrogue el plazo de la toma de posesión de su plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Sevilla, una prórroga que se extendería temporalmente, al menos, hasta la toma de posesión del nuevo magistrado que se incorpore al Juzgado de Instrucción número 6, y que tiene por objeto “evitar paralizaciones en las denominadas 'macrocausas'” que instruye.
Pero según informa Europa Press, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve complicado poder otorgar permiso a la instructora para que permanezca en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla hasta terminar la instrucción del caso, tal y como parece pretender la magistrada.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan que lo más probable es que la prórroga de Alaya en el juzgado no vaya más allá de la línea marcada este martes por la Sala de Gobierno del TSJA. El informe del TSJA será remitido al órgano de gobierno de los jueces, cuya Comisión Permanente deberá decidir sobre los términos de la permanencia de la jueza.
Según el CGPJ, en este caso, y salvo que se puedan crear “fórmulas novedosas”, lo normal sería aplicar el artículo 319.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que prevé la “prórroga en la toma de posesión en el nuevo destino para evitar que dicho futuro traslado pueda paralizar las causas de especial complejidad que instruye”. No obstante, esta prórroga no permitiría a Alaya permanecer en su juzgado una vez salga a concurso y se adjudique a su sucesor, cosa que puede ocurrir en un plazo máximo de tres meses.
A partir de la llegada de su sustituto la juez únicamente podría acudir a la figura de la comisión de servicios para continuar con la instrucción de sus causas, si bien dicha comisión no puede ser solicitada por ella, sino que debería convocarse por el TSJA y estaría abierta a más solicitantes. Las fuentes añaden que, además de la complejidad técnica de la petición --que quizá podría ser solventada--, hay que tener en cuenta los perjuicios que supondría el retraso de la incorporación de Mercedes Alaya a una de las nuevas plazas en la Audiencia Provincial, que se creó junto con otras cuatro para agilizar dicho órgano y que con toda probabilidad obtendrá al ser la magistrada con mayor antigüedad que la solicitó.
Este caso, según las mismas fuentes del CGPJ, no tiene nada que ver con el del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Ruz ya disfruta de una comisión de servicios que no ha sido renovada, si bien el instructor del “caso Gürtel” --que a diferencia del de los ERE está próximo a concluir la fase de instrucción-- podrá permanecer en el Juzgado Central de Instrucción número 5 hasta que llegue su sustituto pero además puede solicitar quedarse hasta terminar su trabajo. El asunto, que llegará al Consejo en breve una vez ya existe propuesta del TSJA puede originar, no obstante, cierta controversia en el órgano de gobierno de los jueces, según auguran los consultados.
