Alaya amplía la investigación del caso ERE a las ayudas de la Junta en 2011 y 2012

Los rumores de un próximo auto de inhibición por parte de la jueza para remitir al Tribunal Supremo el caso de los ERE parece que aún tendrá que esperar. Al menos si se tiene en cuenta que Alaya quiere ampliar la instrucción e investigar también las ayudas de los años 2011 y 2012 concedidas por la Junta de Andalucía. Hasta ahora, la jueza investigaba el periodo de tiempo comprendido entre 1999 y 2010.

Alaya considera “necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012, con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo”, según el auto fechado este martes, en el que da un par de días a la Junta para que remita al juzgado “la relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por las que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso”.

En el mismo auto, la jueza cita a declarar como imputado a José de Haro Bailón, secretario general de Hacienda entre 2004 y 2009, cuando era consejero José Antonio Griñán Martínez, expresidente de la Junta. “Le correspondería el impulso y coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrita a la Secretaria General la Intervención de la Junta de Andalucía”, explica la jueza (realmente la Intervención se adscribió a Hacienda en 2009, cuando De Haro pasó a ser viceconsejero de Martínez Aguayo).

Alaya le imputa por su “activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31.L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos”.

De igual modo, De Haro “conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha Agencia fuera posible”, añade Alaya en el auto.

De Haro fue posteriormente, a partir de 2009, viceconsejero de Economía y Hacienda, con Carmen Martínez Aguayo como consejera. En dicho periodo, según Alaya, “tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010” donde, si bien desaparecieron las transferencias de financiación de los estados de gastos del programa 31.L , “se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de prejubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde el año 2001”.

Por estos motivos, “siendo necesario completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio 2012, con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo, procede requerir a la Junta de Andalucía a través de su representación legal para que en el término de dos días, remita a este Juzgado relación de las ayudas concedidas e importe de las mismas durante los ejercicios 2011 y 2012, las resoluciones por el que se acordaba la concesión de éstas y la fecha de abono en su caso”, acuerda la jueza.

El mismo 23 de julio en el que ha sido citado el exalto cargo de la Junta ha sido llamado nuevamente a declarar el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, según consta en el mismo auto y cuya comparecencia estaba prevista para este martes, siendo finalmente suspendida porque el imputado no había recibido la citación.