Exhumaciones privadas y la falta de financiación, demandas a la nueva ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática llegará al Parlamento de Andalucía en octubre. El trámite en la Cámara andaluza fue anunciado para junio, pero la resolución de las alegaciones a la norma y el negociado de la Memoria Económica han retrasado la gestión. ¿Aumentará la “escasa” asignación económica prevista? ¿Será posible, de lo contrario, aplicar en toda su extensión un texto legal “ambicioso”? Y las asociaciones memorialistas, principal motor en la búsqueda de fosas del franquismo, ¿participarán en el debate parlamentario? ¿Permitirá la nueva norma exhumaciones privadas? Son interrogantes con los que camina, aún como anteproyecto, el marco jurídico.
Y más: ¿Provocarán las propuestas presentadas alguna modificación en el articulado de la ley? ¿Convocarán los partidos políticos a colectivos sociales a participar en el Parlamento? Consejerías implicadas en la ejecución legislativa y nueve asociaciones han presentado unas 30 alegaciones –entre las que hay dos individuales–, que el Gobierno andaluz debe responder. Y serán tenidas en cuenta. “Hay aportaciones interesantes y se van a incluir, aunque no sean modificaciones de peso si varían algún matiz conveniente”, señalan fuentes de la dirección general de Memoria Democrática de la Junta.
En el debate parlamentario habrá asociaciones. Cuáles, y cuántas, dependerá tanto del reglamento interno de la Cámara como de las propias fuerzas políticas que la componen. PP, PSOE e IU deben decidir a qué colectivos invitan. Antes, a finales de este mes de julio quedará cerrada la financiación y la diligencia en el Consejo Consultivo para, tras el periodo estival, regresar al Consejo de Gobierno –autorizó la viabilidad del proyecto el 11 de marzo– que dará luz verde a la entrada en el Parlamento de una ley que supera en intenciones a la legislación estatal, amplía el concepto de víctima de la represión, plantea la anulación de juicios de tribunales franquistas y asume otros retos como la inclusión de la memoria histórica en el currículo educativo o la prohibición de simbología y manifestaciones de carácter fascista.
La Junta estudia matizar la “rigidez” en torno a las exhumaciones
Y el recelo fundamental que el anteproyecto despierta está “en las cunetas”: la Junta asume la exhumación de fosas y el texto impide trabajos exhumatorios en fosas comunes al margen de la institución regional. Esta determinación choca en colectivos civiles que trabajan, hasta ahora, con escasa –y en muchos casos nula– implicación del Estado. ¿Es un muro que construye la Administración Autonómica? La ley es tajante, con sanciones graves y multas entre 10.000 euros y 150.000. Esta “rigidez” quedará matizada y asociaciones con recursos propios podrán afrontar labores arqueológicas, informan a eldiario.es/andalucia desde el Gobierno andaluz. Siempre, eso sí, bajo tutela de la Junta y con la obligatoriedad de solicitar permiso público “como marca el protocolo estatal”.
Que el Parlamento convoque a asociaciones de derechos humanos es una de las apuestas del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT, que ya manifestó a este medio la posibilidad de que algún colectivo crítico acabe denunciando la ley. “Que el Estado se haga cargo” de exhumar fosas “es una de las demandas históricas”, aunque la “exclusividad de la Administración” supondría una “subordinación absoluta” de las víctimas, apostillan. En su propuesta, RMHSA subraya la “escasa partida presupuestaria”.
El posicionamiento de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA) concide, como en otros casos, en el avance que propicia la legislación y que la Junta “controle, financie y difunda” la prospección en fosas. Solicitan, eso sí, “que se cuente” con el movimiento social. Piden también revisar un “régimen sancionador” que puede afectar “a familiares o asociaciones que aborden una exhumación de forma privada” y abundan en otras alegaciones sobre denuncia judicial de aparición de restos óseos, reparación de víctimas por parte de entidades beneficiarias de “del trabajo esclavo” o suprimir una frase: “la Transición democrática dio resultados positivos ya que permitió superar la división creada por la guerra civil y la dictadura”.
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) insta a la Junta “a poner en marcha un plan urgente de exhumaciones”exhumaciones. En su escrito, la entidad de ámbito estatal –ha exhumado unas 200 fosas comunes desde el año 2000 en diversos puntos del país– refiere “pasividad” e “inactividad” en este sentido. Según la ARMH, “más de 30 familias andaluzas” recibieron de su parte “una ayuda que no les presta las instituciones” y ya han solicitado “otras 200”.
Para la ARMH de Ronda (Málaga), el “elemento más negativo” de un articulado “oscuro y opaco” es el “intento de marginación” al movimiento memorialista. Falta un control exhaustivo que evite la aparición de “individuos, entidades o empresas” que hagan “negocio” de la “memoria antifascista”, inciden. Desde la asociación de Aguilar de la Frontera (Córdoba) entienden que el anteproyecto “monopoliza y secuestra políticamente” la búsqueda en fosas y creen que la ley puede convertirse en “otro documento de declaración de buenas intenciones”. “Sin dotación presupuestaria nace carente de lo más básico”, arguyen.
