De qué se habla cuando se nombra la renta básica

El Parlamento de Andalucía empezará a debatir en febrero lo que ha venido a denominar renta básica, porque es con la terminología que está recogido en el Estatuto de Autonomía, pero en realidad no se hablará de lo que universalmente se entiende como tal, sino de una prestación condicionada a los ingresos. De hecho, pese a que en el Estatuto de Autonomía está recogida como renta básica -“todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna”- se deja inmediatamente claro que “tienen derecho a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos, con arreglo a lo dispuesto en la ley”. Y por tanto no responde a este concepto, que se refiere a un ingreso universal y permanente, sólo por el hecho de ser ciudadano.

En este sentido, la renta básica es un concepto referido a un ingreso ciudadano independientemente de sus recursos, con décadas de historia y para el que incluso la Comisión Europea aprobó hace ahora un año un proceso de recogida de firmas, por el que hay que llegar a un millón para que incentive a los países a investigar en esta posibilidad. De hecho, pese a que este fuera el punto de partida del debate en Andalucía -IU lo ve adecuado- un análisis realista hace casi imposible que lo desarrolle una comunidad autónoma cuando actualmente sólo se aplica en el estado de Alaska, y la fuerza de sus detractores sigue pensando mucho.

Daniel Raventós, presidente de la Red Renta Básica (creada en 2001 y parte de la Basic Income Earth Network fundada en 1986) participa en el comité de expertos que asesora para la puesta en marcha de la prestación en Andalucía, y por eso insiste en que lo primero que hay que aclarar es el concepto. “Lo que se está planteando en Andalucía es una renta de inserción o para pobres, es decir, condicionada”. Interpreta que el uso el término renta básica puede deberse a que “es un concepto con prestigio económico, pero se está llamando a la confusión”. Cree también que la propuesta sobre la que trabajará Andalucía es igualmente distinta de la renta garantizada de ciudadanía, defendida a través de una ILP (iniciativa legislativa popular) que lleva año y medio de trabajo para la recogida de firmas y que tiene el respaldo de esta red. Persigue un ingreso de 664 euros mensuales y se busca que sustituya a la actual renta mínima de inserción.

Los que la defienden

Daniel Raventós destaca igualmente dos ventajas claras de la renta básica. Por un lado, que “la renta básica se garantiza ex-ante, y por tanto resulta como medida preventiva de la exclusión, mientras que la renta garantizada de ciudadanía sería ex-post, cuando esa situación ya se ha producido”. Y por otro, una ventaja en pro de la igualdad, dado que “evita la estigmatización” de los receptores de prestaciones, dado que sería para todos indistintamente de su capacidad de ingresos. En la misma línea, insiste: “La renta básica pretende ser parte de una diferente configuración de los mercados, para hacer posible la libertad efectiva de todos”.

Por otro lado, una de las crítica que suelen hacer sus detractores, es decir que vaya a suponer que la gente prefiera no trabajar dado que cobraría de todas maneras, la rechaza de plano. Por tres motivos: porque con el empleo además de ingresos se busca, entre otras cosas, un reconocimiento social; porque no desaparecería el deseo de obtener una mayor remuneración dado que la renta básica no permitiría por ejemplo lujos; y porque el mercado laboral ya excluye a mucha gente con condiciones cada vez peores, por lo que cree que incluso incentivaría a los empresarios a ofrecer trabajo en mejores condiciones y no contratos basura.

El catedrático de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Fonseca comenta en este sentido que para que sea renta básica debería ser permanente, eso sí, siempre descontando de ella los ingresos que se obtengan. “Es decir, aunque todos tengamos derecho a ella, sólo la cobrarían lo que no consigan ingresos suficientes para su subsistencia y por la cuantía que sea necesaria (renta básica menos ingresos generados). Obviamente la amplia mayoría de la población no la cobraría efectivamente la mayor parte del tiempo”, expone.

Tan importante es la renta básica como la forma de financiarla. No considera que sea imposible de sostener. Hace la siguiente cuenta: “Con un sistema tributario justo que eleve impuestos a las rentas más altas, persecución efectiva del fraude fiscal (evasión 23% PIB) que permitiría recaudar más de 100.000 millones anuales (como mínimo 50.000 en el peor de los casos). Otros 9.000 de ahorro reduciendo a la mitad el injustificado gasto militar en costosísimos aviones, barcos e infraestructuras”. Se sumaría que una renta básica elevaría el consumo contribuyendo al crecimiento económico y a la generación de más recaudación de impuestos.

Camino de una propuesta de base

El caso es que cuando el grupo de trabajo constituido en el Parlamento de Andalucía para el desarrollo de una ley en la materia, lo primero que tendrá que hacer es aclarar el término, pero sobre todo, el alcance de la medida. De momento, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que lleva más de ocho meses trabajando en este tema, presentará sus primeras conclusiones en el grupo de trabajo, con una propuesta de base.

Entre otras cosas, ha hecho un recopilatorio de todas las ayudas que actualmente existen, eso sí, para familias con pocos recursos. En este sentido, la Junta de Andalucía cuenta con varios programas que implican cantidades para determinados colectivos (como discapacitados o familias numerosas). Igualmente, desde 1990 se iniciaron lo que hoy se denomina rentas mínimas de inserción, como complemento y desarrollo de las políticas de protección social, y que se otorgan en función de la renta. Las principales son: el ingreso mínimo de solidaridad durante un periodo máximo de seis meses; las ayudas por parto múltiple (una cantidad que se da de golpe en función del número de nacidos) o tercer descendiente (600 euros cada año hasta que el menor cumpla tres); y las ayudas económicas familiares, que son prestaciones complementarias de los servicios sociales comunitarios, de carácter temporal y dinerarias o en especie, que se conceden para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo.

Manuel Baena, ponente de IU, explica que se usa el concepto de renta básica pero entiende que aplicarla en sentido estricto supondría una importante modificación fiscal más allá del margen de la comunidad autónoma. “El grupo de trabajo deberá abordar la cuestión desde el punto de vista más ambicioso y luego poner los pies en la tierra. No sé si tendremos capacidad para llegar a un concepto de renta básica al que se acojan todas las ideologías, porque es cierto que se lleva años debatiendo sobre ello y no hay una conclusión”, subraya.

En su opinión, se deberían plantear unos mínimos “que mejoraran las condiciones del salario social, tanto para hacerlo llegar a una población que ahora mismo no tiene cobertura como para prolongarlo en función de las necesidades, para garantizar que nadie se queda sin ingresos en Andalucía”. Luego, continúa, “se podría abordar su progresividad, para que llegara a más gente”. Una de las ideas, por ejemplo, es analizar para poder agrupar el conjunto de ayudas que actualmente hay, lo que podría incrementar la cantidad mínima que tienen garantizada todos los andaluces. “Habría que concluir una cantidad que permita sobrevivir en condiciones dignas yu en esto nos tenemos uqe poner de acuerdo”, precisa. Eso sí, cree fundamental que el grupo de trabajo “actúe con agilidad” para tener resuelta lo antes posible una cuestión de la que se lleva debatiendo mucho tiempo.

En este sentido, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, se mostraba convencido de que “la ley de renta básica” estará en la presente legislatura. De hecho, ha avanzado que será uno de los “objetivos” de trabajo a lo largo del presente 2014, que ha definido como “el año de las leyes”.