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El Constitucional solo falló a favor de Andalucía en uno de los 20 conflictos con el Estado resueltos esta legislatura

La Comisión Constitucional del Senado avala, sin cambios, recuperar el recurso previo al TC para Estatutos

Javier Ramajo

El debate constitucional del momento se centra en la propuesta del PP de ampliar las atribuciones del alto tribunal, con un ojo en Cataluña, para poder sancionar a quienes incumplan sus resoluciones. ¿Qué pasará con las sentencias del Tribunal Constitucional y sus consecuencias? Eso podría ser el futuro pero, mirando al pasado y a nivel exclusivamente de Andalucía, el caso es que solo uno de los 20 conflictos o recursos sobre los que ha sentenciado el TC desde noviembre de 2011 hasta ahora en relación con Andalucía se resolvió totalmente a favor de la comunidad autónoma.

Desde el inicio de la X legislatura, el alto tribunal ha resuelto un total de 271 impugnaciones planteadas por el Estado o por las comunidades autónomas contra leyes, decretos-ley, órdenes o resoluciones de las distintas administraciones, según el último Informe sobre conflictividad Estado-Comunidades Autónomas durante la X Legislatura. La renovación de magistrados en el Constitucional se produjo en junio de 2013 y conllevó el cambio de mayoría: de progresista a conservadora. 

En lo que respecta a Andalucía, de las 20 controversias planteadas por el Estado o por la comunidad autónoma, el TC ha emitido siete sentencias a favor del Estado, cinco parcialmente favorables al Estado, una a favor de la comunidad autónoma y siete parcialmente a favor de Andalucía. Entre las más conocidas se encuentra la sentencia del pasado mayo contra el Decreto-ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, parcialmente a favor del Estado.

La única vez que un fallo del TC en estos cuatro años respaldó la postura de la comunidad autónoma andaluza fue en el conflicto planteado por el Estado acerca de la incompatibilidad ser alcalde y diputado. El alto tribunal avaló la ley andaluza y, entre otras cuestiones, varios alcaldes y parlamentarios andaluces se vieron obligados a dejar su escaño en la Cámara andaluza a pocos meses de las elecciones municipales.

El que pudo haberse convertido en un nuevo conflicto entre ambas administraciones ha sido esta semana el anunciado contra determinados preceptos de la Ley de Parques Naturales. Finalmente, y aunque el gabinete jurídico de la Junta había autorizado la interposición de recurso de inconstitucionalidad, una comisión bilateral in extremis evitó el conflicto y el Gobierno central aceptó las apreciaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

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