La Fiscalía Anticorrupción recurre el auto del caso ERE en la Faja Pirítica y reclama nuevas imputaciones

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto por las ayudas de los ERE concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, donde la juez María Núñez Bolaños ha incluido como investigadas a 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003, seis ex altos cargos de la Junta y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público asevera que la juez ha “omitido” la imputación de cinco trabajadores incluidos “indebidamente” en las pólizas relativas a Bolsa de Tharsis, mientras que tampoco ha citado como investigados a los trabajadores que pertenecieron al comité de empresa de las distintas minas que fueron imputados por la Guardia Civil.

Por las ayudas a los trabajadores de cinco compañías mineras de la Faja Pirítica, la juez investiga a la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente.

También incluye como investigados a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; al exviceconsejero Agustín Barberá, y a los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de a diez sindicalistas, cinco trabajadores incluidos como 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.

De este modo, la Fiscalía considera que el auto dictado el pasado día 26 de junio por la magistrada “no es ajustado a Derecho ni conforme” con las conclusiones derivadas del estudio de la documentación obrante en la causa.

“Reconociendo que el momento procesal no exige un detalle ni exhaustividad de los hechos objeto de imputación, sí considera esta Fiscalía que para garantizar los derechos y garantías de los investigados así como para delimitar y diferenciar suficientemente el objeto de estas actuaciones con otras diligencias previas incoadas como pieza separada del ramo principal, es necesario un mayor desarrollo de los mismos”, argumenta.

LA IMPUTACIÓN DE SEIS EX ALTOS CARGOS DE LA JUNTA

La Fiscalía dice que dicho desarrollo “se recoge suficientemente” en el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) relativo a las ayudas a la Faja Pirítica y pide a la juez que reforme el auto “completando los hechos objeto de investigación y de imputación” con los recogidos en dicho informe pericial.

Al hilo, dice que la juez ha imputado a seis ex altos cargos de la Junta por “conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que posiblemente permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos”, unos hechos que “han sido objeto de instrucción” en la pieza 'política' de los ERE.

La Fiscalía dice que el objeto de la pieza separada que se recurre son “las conductas de los investigados en las ayudas concedidas en la Faja Pirítica recogidas en el informe pericial de la IGAE ya reseñado aprovechando precisamente la existencia” del procedimiento específico, por lo que pide a la juez que reforme el auto y “recoja expresamente la participación de los investigados en los hechos de apariencia delictiva propuestos, sin incluir los relativos al denominado procedimiento específico”.

En relación al dueño de Uniter, José González Mata, recuerda que la juez le ha imputado en esta pieza “por ser receptor de unas sobrecomisiones a lo largo de los distintos pagos que se iban realizando para el abono de las pólizas de prejubilación --omitiéndose la imputación policial--, introducir en las pólizas de prejubilación a individuos que no reunían las condiciones necesarias...”.

A juicio de la Fiscalía, el auto “debe ser reformado omitiendo la referencia a las sobrecomisiones --objeto de otras diligencias previas--” e imputando al dueño de Uniter “como persona que a través de las sociedades mediadoras que administraba, facilitó la contratación y pagos de las pólizas de seguros con fondos públicos y la inclusión en las mismas de personas sin derecho a ello”.

SE HAN “OMITIDO” IMPUTACIONES

Asimismo, pone de manifiesto que, en su atestado, la Guardia Civil “recoge personas indebidamente incluidas en las pólizas” relativas a Bolsa de Tharsis, “habiéndose omitido” por la juez la imputación de cinco de estas personas, por lo que le pide que reforme el auto e incluya como investigadas a todas estas personas.

Por último, señala que en el atestado se recogen “aquellos trabajadores que pertenecieron al comité de empresa de las distintas minas” que fueron imputados policialmente, concluyendo que “existen indicios de la participación de estas personas en los hechos objeto de investigación”, por lo que le pide a la instructora que las incluya también como investigadas.

El Ministerio Público, en todo caso, reclama a la juez que “sean citados para ser oídos en sede judicial todas las personas investigadas en las presentes actuaciones, incluidas aquellas que resulten imputadas de ser estimado el presente recurso”.

La juez, que centra la investigación en las ayudas por más de 40 millones concedidas por Gobierno y Junta a las minas de Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis --Bolsa de Tharsis e Insersa-- y Minas de Río Tinto, asevera que la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los extrabajadores de la Faja Pirítica “ha puesto de manifiesto, hasta el momento y sin perjuicio del resultado” de las diligencias que se practiquen, tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal.

'INTRUSOS'

De este modo, alude a la inclusión en las pólizas de personas que “nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica” y a la asignación de coeficientes reductores “falseados” para el cálculo de la 'edad química' de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que “como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha 'edad química'”.

Asimismo, la instructora señala “el papel jugado” en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados a través de sus representantes sindicales “y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter”.

A su juicio, “las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos”.