Anticorrupción pide a Alaya que eleve al Supremo la pieza contra Chaves y Griñán

Lo había más que insinuado en alguna ocasión pero ahora la Fiscalía Anticorrupción lo hace oficial y reclama expresamente a la jueza Alaya que divida el caso de los ERE en piezas separadas y eleve al Tribunal Supremo la que se correspondería con la presunta participación de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a cinco exconsejeros (José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila), todos ellos aforados.

Alaya, en los conocidos autos de septiembre y diciembre, les “preimputó” (una figura que no existe) y les volvió a “preimputar” después de que la Audiencia de Sevilla anulara el primero de los autos. Anticorrupción, que en el debate jurídico planteado había apoyado la tesis de que la jueza no podía imputar ni investigar a aforados, entiende que ya no caben prórrogas y que Alaya debe elevar el conocimiento de la pieza relativa a “procedimiento específico”, presuntamente establecido para la concesión y pago de subvenciones y ayudas públicas, al órgano superior competente atendiendo a la calidad de aforadas de los políticos a los que señaló en aquellos autos.

Cuando la Fiscalía habla de “procedimiento específico” se refiere a que el avance en la instrucción de Alaya, abierta hace más de tres años, habría puesto de manifiesto que la inclusión de los llamados 'intrusos' en los ERE fue posible gracias a la utilización de un procedimiento por el cual se pusieron en manos de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo unos fondos que separaba la concesión de las denominadas ayudas sociolaborales y ayudas a empresas, que no se sujetaban a fiscalización previa de la Intervención y cuyos pagos sólo eran sujeto de fiscalización aposteriori. Dicho procedimiento tendría tres variantes, en virtud de convenios individuales entre la Consejería e IFA, del convenio marco de 17 de Julio de 2001 igualmente entre la Consejería y el IFA, y la encomienda de gestión de 2010.

Piezas separadas

En un escrito elevado este mismo lunes al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Anticorrupción pide a Alaya que divida la causa en piezas separadas y que eleve la pieza relativa a dicho procedimiento al órgano superior competente “atendiendo a la calidad del fuero” de las personas señaladas por Alaya, esto es, los expresidentes Chaves y Griñán, y cinco exconsejeros. El Ministerio Público considera “ya agotada la investigación” por parte de la magistrada “en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero”.

Considera la Fiscalía que, atendiendo al estado actual de la instrucción, es “necesario y ajustado a derecho proceder a la formación de piezas separadas para enjuiciamiento”, conforme previene el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En concreto pide la formación de piezas separadas con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresas, otra pieza sobre la determinación, pago y destino de las denominadas sobrecomisiones, y otra pieza relativa al denominado “procedimiento específico”, que es la que pide que eleve al Supremo.

“La necesidad de la separación en piezas separadas se deduce de la lectura de los hechos que se han recogido atendiendo a la extensión y complejidad de los mismos. El elevado número de expedientes, la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones que se deriven y la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados justifican la simplificación y activación del procedimiento”, insiste la Fiscalía.

Para llegar a esta conclusión, dice la Fiscalía, “baste con una rápida lectura de algunos de los autos” que han sido dictados en la causa acordando la práctica de diligencias de instrucción como de escritos de esta Fiscalía donde se pone de manifiesto no sólo ya la extensión y complejidad sino lo incierto del horizonte temporal de la instrucción y enjuiciamiento de esta causa“, que ejemplifica en la reciente petición de calendario y diligencias pendientes.

Argumenta su postura la Fiscalía añadiendo lo dicho por Alaya, en el auto del pasado diciembre en el que acordaba comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de imputados, a determinadas personas que gozan de un fuero especial. “La separación que se solicita viene a facilitar la remisión, en su caso, al órgano superior competente para la instrucción de aquellos hechos concretos de los que existan indicios sólidos de la presunta participación de estas personas, y otras en su caso, sin que conlleve un mayor retraso en la investigación de aquellos que no presenten conexión con los mismos, más allá del diseño y ejecución del denominado procedimiento específico”, concluye Anticorrupción.