La Fiscalía advierte a Alaya de una instrucción 'sine die' en los ERE si no divide el caso
La Fiscalía Anticorrupción no se cansa de pedirle a Mercedes Alaya que divida el caso de los ERE y pone otra vez negro sobre blanco lo que, de alguna manera, verbalizó este mismo miércoles el exconsejero Vallejo a su salida del TSJA (“separar el grano de la paja”). A pesar de que la causa está ahora mismo en tres tribunales, el Ministerio Público solicita a la jueza por enésima vez la formación de piezas separadas para la instrucción y enjuiciamiento del asunto, convertido en “una macrocausa de extensión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable”.
Según la Fiscalía, que recurre de nuevo en apelación uno de los últimos autos de Alaya, no proceder a la división de la causa en piezas “se traduce, primero, en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada unas de las 'piezas' que han sido propuesta por esta Fiscalía, lo que supone una instrucción sine die (”sin plazo, sin fecha“) y, segundo, en admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos”.
“Se trata de dar una solución práctica, eficiente y necesariamente conforme a derecho a esta instrucción de forma que se pueda llevar a cabo el enjuiciamientos de todas las conductas de apariencia delictiva en un horizonte temporal razonable”, apunta la Fiscalía, que le pide a la jueza la aplicación del artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ya le hizo saber en sus escritos de 28 de marzo y 4 de abril de 2013, 25 de
noviembre de 2014 y 11 de marzo de 2015.
De hecho, la reclamación de la Fiscalía de dividir el caso está recogida también, según recuerda, en las exposiciones razonadas elevadas al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Andalucía, en el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, en el informe pericial elaborado por la Dirección General de Seguros y en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía .
Como ya apuntó en otros escritos, la Fiscalía propone un primer bloque de piezas que, sin atreverse a cuantificar con concreción, asegura que serán en un número superior a 200 piezas, todas ellas con relevancia penal “pues los perceptores de las ayudas se han visto beneficiados de cantidades de dinero procedente de fondos de la
Junta de Andalucía sin sujeción a procedimiento alguno, u obviando los más elementales , y a los principios de publicidad , eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos público en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta de Andalucía“.
Las sobrecomisiones y el 'procedimiento específico'
También propone una pieza relativa a las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, el cual estaría “ceñido a la determinación y destino de las cantidades que no se corresponden con el pago de las pólizas de las ayudas, a las que habría que sumar las cantidades percibidas directamente de IFA/IDEA o de perceptores de las ayudas”.
La última pieza sería relativa al denominado procedimiento específico, que ya detalló en anteriores escritos y por el que se concedían las ayudas, que incluiría el análisis de la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales, la encomienda de Gestión de 2010, o la competencia para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales. Este tercer bloque también incluiría la asunción generalizada por la Junta de la obligación del empresario de abonar las prejubilaciones de sus trabajadores despedidos colectivamente, así como el procedimiento de financiación y contable del IFA-Idea en el ámbito de los programas 22E y 31L, sobre “Administración de Relaciones Laborales”.
La Fiscalía también ha recurrido a la Audiencia para pedir la declaración como testigos-peritos de los miembros del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas, al entender que se trata de una diligencia “necesaria y pertinente, sin que quepa su denegación fundamentándola en el carácter institucional de la Cámara ni en el hecho de no ser peritos judiciales”. A su juicio, la declaración de los mismos en sede judicial “podrá aportar nuevos elementos de valoración del material obrante en autos si tenemos en cuenta que algunos de ellos han podido trabajar en informes de fiscalización de otras empresas y agencias públicas que han sido destinatarias de transferencias de financiación”, como Extenda, la Empresa de Gestión de Programas Culturales, Dapsa, Epsa, o la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
Asimismo, la Fiscalía reitera, entre otras diligencias rechazadas por la jueza, su petición de que sea oído nuevamente el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, que acaba de pedir declarar ante el Tribunal Supremo tras las declaraciones como imputados de los expresidentes andaluces.
